11 de diciembre de 2014
la jornada de oriente
El enviado de la Oficina del Alto Comisionado en México de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Alan García, señaló que casos como el asesinato del niño José Luis Tehuatlie Tamayo, en San Bernardino Chalchihuapan, y el encarcelamiento de los cuatro pobladores de San Andrés Cholula ultrajan a la nación.
Comparó que estas graves violaciones a los derechos humanos que padecen los poblanos del gobierno morenovallista son como los de Ayotzinapa, en Guerrero, y Tlatlaya, en el estado de México.
El consejero jurídico de la ONU en México señaló que 2014 ha sido un año trágico para México en materia de derechos humanos, siendo la desaparición de los 43 normalistas en Guerrero, la masacre extrajudicial en Tlatlaya y la muerte de José Luis Alberto Tehuatlie en Chalchihuapan los casos más emblemáticos.
Sin embargo, aseveró que México tiene futuro porque la gente está despertando, este año donde fue ultrajada la conciencia nacional.
En ese contexto, destacó que la defensa de los derechos humanos cobra sentido cuando se reivindican y se promueven, cuando se defienden y se hacen valer, por eso felicitó al Comité de Derechos Humanos de reciente creación en Cholula por esta iniciativa de construcción de capacidades.
Sobre los defensores de los derechos humanos, expuso que existe una multiplicidad de prejuicios y son señalados como defensores de delincuentes, rijosos, violentos, opuestos al desarrollo y a la modernidad; sin embargo, señaló que no reconocen que son agentes de cambio, quijotes contemporáneos, forjadores de una sociedad distinta, contrapeso del autoritarismo, la impunidad y el abuso.
La declaración se dio durante el reconoció este miércoles a los cuatro presos políticos de San Andrés Cholula, a quienes declaró defensores de los derechos humanos por el resguardo de las “tierras sagradas” de la pirámide de Cholula.
El reconocimiento se efectuó a propósito del 66 aniversario de la creación de los Derechos Humanos y la realización del foro “El derecho y la obligación a defender los derechos humanos y la criminalización de la protesta social”.
El acto público se desarrolló en uno de los terrenos que el gobierno expropió para la construcción de un parque temático sobre el basamento de la pirámide de Cholula, donde se dieron cita dirigentes sociales, académicos y población en general.
Entre ellos estuvieron los investigadores de la UAP Anamaría Ashwell y Julio Glockner, así como la doctora en Biología por la UNAM Margarita Tlapa Almonte; además de Josué Xicale –dijo de Adán y hermano de Paul Xicale–, Tonatiuh Sarabia, de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre; Xochitl Formacio y Moisés Toxqui, del movimiento Unidos por una Cholula Viva y Digna; el maestro Guerra, de la disidencia magisterial, y Alejandro Torres Xocolat, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Puebla, Morelos y Tlaxcala.
En representación del Alto Comisionado acudió el consultor jurídico Alán García, quien fue recibido con un ritual prehispánico a cargo del grupo de danzantes Concheros de Cholollan.
En su intervención, Alán García destacó la labor de Adán Xicale, Paul Xicale, Primo Tlachi y Albino Tlachi, presos políticos del gobierno de Rafael Moreno Valle que se encuentran detenidos en el penal de San Pedro por su oposición al parque intermunicipal que se proyecta en la zona arqueológica de Cholula.
García escuchó las relatorías que corrieron a cargo de dirigentes de diversas organizaciones sociales quienes dieron una radiografía de las violaciones a sus garantías que han padecido del gobierno de Rafael Moreno Valle, que en lo que va del sexenio ha encarcelado a 150 pobladores que han criticado su gestión.
Hay que recordar que los cuatro activistas fueron detenidos la madrugada del martes 7 de octubre de 2014, cuando elementos de la Policía Estatal y Municipal de San Andrés Cholula realizaron un operativo conjunto para liberar la sede del ayuntamiento, inmueble que fue tomado y cerrado un día antes por los opositores al parque turístico en la zona arqueológica.
Por los hechos, a los cuatro presos se les iniciaron dos procesos penales por los delitos de motín, daño en propiedad ajena, ataques a las vías de comunicación, despojo y delitos contra el orden.
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