12 de noviembre de 2010
el universal
El noticiero de López Dóriga evidenció el martes pasado una relación de corrupción. Primero se dijo que entre un empleado del IMSS no identificado y un ejecutivo de los laboratorios suizos Novartis, quienes en conversaciones telefónicas grabadas (muy probablemente de manera ilegal) se ponen de acuerdo respecto a las “comisiones” a pagar para que la empresa “gane” una licitación por realizarse. Ahora se asegura que la conversación fue entre dos ejecutivos de la industria farmacéutica, quienes mencionan, entre otros, el nombre de un funcionario del Seguro Social involucrado en la “operación”.
Este hecho —que confirma lastimosamente las prácticas de corrupción en diversos ámbitos de la vida nacional, tanto públicos como privados— dio lugar de inmediato a las trilladas declaraciones de las autoridades de que se investigará, se llegará al fondo caiga quien caiga y se castigará a los responsables.
El secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, y el director del IMSS, Daniel Karam, informaron enérgicos, circunspectos, de la suspensión de César Mora Eguiarte, coordinador de Adquisiciones de Bienes y Contratación de Servicios del Seguro Social, que es a quien se refieren en su conversación telefónica Rafael Castro, director de Asuntos Corporativos de Novartis, y Carlos Abelleyra Cordero, presidente del laboratorio mexicano Stendhal.
Karam y Vega pretenden descargar responsabilidades al insistir que en las referidas conversaciones telefónicas no participa ni un funcionario del IMSS, pero lo que no dicen, ni se han atrevido a decir sus subordinados, es que ambos (o por lo menos sus subordinados) ya tenían conocimiento documental de las irregularidades en las que incurría Mora Eguiarte. Además, el órgano de transparencia del Seguro y el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental (IFAI), al parecer lo habían encubierto.
Daniel Karam y/o sus colaboradores (Lorenzo Martínez Garza, director de Administración y Evaluación de Delegaciones, y Carmen Zepeda Huerta, titular de la Unidad de Administración) recibieron el 19 de febrero de 2010 una carta de la Asociación Civil Cruzada Anticorrupción (cuya versión pública autorizada por el IFAI excluye el nombre de quien la firma), que dice:
“Tenemos serias sospechas de que César Mora Eguiarte (entonces jefe de Servicios Administrativos de la Delegación DF Norte) es responsable de diversas irregularidades”. ¿Cuáles? Según la carta, las de alterar bases de licitación de suministro de víveres para el hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI con la intención de exigir requisitos que “98% de las empresas no pueden cumplir”, a fin de beneficiar a un proveedor específico.
Dicho beneficio puede documentarse en el portal Compranet del gobierno federal, donde se constata que Mora Eguiarte autorizó por lo menos 12 licitaciones públicas (00641188- 025- 09, 00641188- 052- 08, 00641188- 120- 07, 00641214- 015- 09, 00641214- 072- 08, 00641216- 024- 09, 00641216- 028- 08, 00641216- 062- 09, 00641218- 015- 08, 00641218- 016- 09, 00641275- 005- 09 y 00641276- 024- 08) por un monto total de 437 millones 668 mil 355 pesos, a la empresa La Cosmopolitana S.A. de C.V.
Si los ejecutivos farmacéuticos hablaban en las grabaciones telefónicas de hasta 5% de “comisión”, en este caso específico fue de 21 millones 688 mil 341 pesos, quién sabe a repartir entre cuántos.
Quienes finalmente obtuvieron la versión pública de esa carta, ya habían recibido del IFAI el pasado 8 de septiembre una respuesta que desechaba su solicitud de información pública al respecto, según el expediente 5262/10 (que incluye la carta-denuncia de marras) resuelto por la comisionada María Marván Laborde, a quien 20 días después le enmendó la plana su compañera Jacqueline Peschard.
Por otra parte, es posible creer que el secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, también conocía de los presuntos excesos de Mora Eguiarte, pues se le comunicaron a la secretaria particular del órgano de control interno del IMSS, Laura Adriana Larráinzar Guerra, en oficio fechado el 9 de abril de 2010.
Fuentes que pidieron el anonimato dijeron a esta columna que hoy entregarán a la Secretaría de la Función Pública una serie de documentos que prueban que transnacionales como Novartis corrompen a funcionarios del sector salud federal y de los estados.
