la jornada
El presidente Felipe Calderón puede ser juzgado “por traición a la patria”, por haber permitido la presencia de militares extranjeros en territorio nacional y avalar que el gobierno de Estados Unidos tome el control del espionaje mexicano y de todo el sistema de información y comunicaciones con el pretexto de combatir el narcotráfico, advirtió Manuel Bartlett Díaz, ex secretario de Gobernación.
Eso “es gravísimo”, recalcó el también ex legislador, porque los agentes y militares estadunidenses pueden interferir en materia política. “¿Por qué no, si están utilizando los sistemas más adelantados de espionaje?”, insistió.
Agregó que la debilidad ha llevado al gobierno de Calderón a posibilitar una intervención cada vez mayor de Estados Unidos, con el riesgo de que ese país asuma también la conducción política nacional.
Demandó que el Senado actué de manera firme para detener “esa entrega” de México a los intereses de la nación vecina.
El político priísta consideró que el hecho de que Calderón haya firmado una carta de entendimiento secreta con el presidente Barak Obama, en la que se pacta la operación directa en México de agentes de la DEA, la CIA, la FBI y el Pentágono viola la Constitución, ya que no tiene facultades para hacerlo.
Resaltó que el Ejecutivo y los miembros de su gabinete de seguridad niegan todo, pese a que la información sobre los arreglos secretos con el gobierno de Estados Unidos es cada vez mayor.
Ahí están los cables de Wikileaks divulgados por La Jornada y las revelaciones del New York Times, que dan cuenta de la “entrega, sin la menor resistencia”, apuntó el ex legislador.
De entrada, detalló, Calderón asumió la estrategia que Washington le impuso para el combate al narcotráfico y ha aceptado “que pongan en práctica las mismas tácticas que en Afganistán –país invadido por tropas estadunidenses–, que han sido un absoluto fracaso”.
Senador en la pasada legislatura, Bartlett recalcó que el gobierno federal guarda silencio frente a la acusación en medios extranjeros acerca de la complicidad con Estados Unidos, con el fin de “darle vuelta” al marco jurídico mexicano, “para buscar caminos violatorios de la ley”, que avalen esa presencia militar en el territorio nacional.
“Eso es traición a la patria, y se le puede juzgar por ello”, insistió, ya que el Ejecutivo convino buscar caminos para violar la Carta Magna.
Añadió que aun cuando Obama sostuvo que sólo ayudan al gobierno mexicano con información, es obvio que sus agentes no sólo espían a los narcos y saben todo lo que pasa en torno al crimen organizado, sino que se involucran también en lo económico y lo político y van asumiendo el control del sistema de comunicación del país.
De acuerdo con las fuentes que cita el New York Times, el gobierno de Obama decidió mandar a sus agentes y militares a México porque no estaba dispuesto a entregar un equipo tan sofisticado a las policías mexicanas, “que son corruptas. Pero lo que eso significa es que el sistema de información, de vigilancia de todos los movimientos de las comunicaciones en un país, lo tienen ellos”.
Se trata, apuntó Bartlett, de “la entrega del control político, económico y social del país; no hay que olvidar que en las guerras contemporáneas, es la información la que dirige todo”.
Ante esa situación, el silencio de Calderón es “ominoso” y obliga al Senado a asumir sus facultades en materia de política exterior y actuar, abundó.
Expresó que la actuación del Senado no debe limitarse a “comparecencias rídiculas” en las que los funcionarios sólo dicen lo que quieren, los legisladores los cuestionan duro, pero aquéllos niegan todo y se van tranquilamente.
“Se necesitan acciones concretas, reales del Senado, donde, a excepción de unas cuantas voces, los demás actúan como paleros”, apuntó.
Se podría empezar, expuso, “con someter a juicio político a los funcionarios que han permitido la operación de los agentes de Estados Unidos, que han asumido compromisos a espaldas del Congreso para una virtual invasión extranjera”.
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