La paraestatal tiene enorme dependencia de la inversión privada y presenta problemas operativos y de distribución
NOÉ CRUZ SERRANO
el universal
El gobierno federal entregó el control de las instalaciones de la compañía Luz y Fuerza del Centro (LyFC) a una empresa con problemas operativos y una alta dependencia del capital privado, tanto en términos de inversión como la de energía eléctrica que vende, pues una tercera parte de ésta la generan empresas privadas.
De acuerdo con información pública, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) asume la responsabilidad de garantizar temporalmente el suministro de energía eléctrica a la zona centro del país, que abarca los estados de Hidalgo, Puebla, Morelos, México y las 16 delegaciones del Distrito Federal, hasta la creación de la nueva empresa que sustituirá a la extinta Luz y Fuerza del Centro, pero en condiciones que no son las más óptimas.
En su Programa de Obras de Inversiones del Sector Eléctrico 2009-2018, la CFE reconoce la enorme dependencia (casi 60%) de la inversión privada bajo diferentes esquemas financieros como productor independiente, autobastecimiento o cogeneración, entre los más importantes.
En los próximos 10 años, la empresa requerirá de un monto de inversiones cercano a los 636 mil 244 millones de pesos, de los cuales 367 mil 749 millones tendrán que provenir del sector empresarial, nacional o extranjero.
Pero eso no es todo, hoy casi una tercera parte de la energía eléctrica que coloca entre 26 millones de usuarios de todo el país la generan privados bajo el esquema de productores independientes en plantas propias.
Es decir, tres de cada 10 kilowatts-hora que consumen los clientes de la CFE sale de centrales privadas que le venden a la paraestatal su producción y por cual viene realizando desembolsos millonarios desde 2000.
Por la compra de la energía que le venden empresas como las españolas Iberdrola y Unión Fenosa, Mitsubishi, Abener, EDF, Transalta e Intergent, entre otras, hasta 2008 CFE ha pagado 216 mil 424 millones de pesos; en 2009 tendrá que desembolsar otros 52 mil millones de pesos; y el próximo año otros 50 mil 551 millones.
El pago anual por compra de energía eléctrica a privados representa más de la mitad de lo que va a costar liquidar a los trabajadores de LyFC.
Contractualmente la paraestatal está obligada a pagar a esas compañías privadas el cargo fijo por capacidad, razón por la cual ha tenido que pagar otros 101 mil 629 millones de pesos adicionales a la compra de energía.
La CFE también tiene comprometidos casi 7 mil millones de dólares con las 21 empresas privadas sólo para evitar contingencias, como una probable nacionalización de la industria y restituirles posibles daños económicos.
Problemas operativos, lastre de CFE
A esos problemas se suman otros de carácter productivo que podrían complicar el desempeño de la CFE ante las nuevas responsabilidades que asume como parte del decreto presidencial de liquidación de LyFC.
Por ejemplo, la Subdirección de Energéticos y Seguridad de la CFE reconoce que ésta es una empresa insegura, debido a que presenta graves deficiencias en materia de seguridad física de sus instalaciones.
Actualmente los mil 912 elementos de seguridad distribuidos en las 88 centrales de generación y transmisión en toda la República disponen del siguiente armamento para salvaguardar la integridad física del personal y los activos de la empresa:
Carabina M-2 calibre 0.30’’; submetralladoras UZI calibre 9 milímetros; así como pistolas HKP7M13S, calibre 9 milímetros.
La Carabina M-2 es un armamento que data de la II Guerra Mundial, cuyo uso proliferó, incluso, hasta la guerra de Corea en la década de los 50, “por lo que su tiempo de servicio óptimo se estima fenecido”, explica la paraestatal.
Respecto a la submetralladora UZI, de fabricación israelí, es útil sólo para distancias cortas y al igual que la Carabina M-2, ya cumplió con su tiempo de servicio, aún cuando existen refacciones que se pueden importar de Estados Unidos o Israel.
La pistola HKP7M13S es una arma corta de patente alemana y es de mediados de los setentas, por lo que su tiempo de servicio ya transcurrió.
La CFE estima que estos tres tipos de armas representan un inconveniente de naturaleza logístico para dar seguridad a las instalaciones eléctricas.
Distribución, talón de Aquiles
La empresa eléctrica también viene enfrentando una serie de problemas derivados de la insuficientes capacidad o infraestructura para llevar energía eléctrica a todo el país.
La Subdirección de Programación y la Coordinación de Planificación de la CFE advierte que la ciudad de Guadalajara le empieza a representar un serio escollo, en donde se asientan 43 mil de sus clientes (de la división Jalisco).
Explica que la subestación Alameda se ha modernizado paralelamente al crecimiento de la ciudad, siendo el último cambio en la década de los 70.
La ciudad de Guadalajara buscaba desde hace 10 años ser sede de los XVI Juegos Panamericanos que se llevarán al cabo en octubre de 2011.
El compromiso que representa una inversión de 200 millones de dólares incluye la construcción de una villa panamericana para los atletas ubicada en el centro histórico de Guadalajara, así como la renovación de espacios deportivos y espacios urbanos.
Sin embargo, según la propia paraestatal, la subestación Alameda “no estará lista de acuerdo al Programa de Obras e Inversión del Sector Eléctrico, ya que esta obra es factible para julio de 2012, por lo que no se contaría con una infraestructura eléctrica adecuada, con la confiabilidad para operar minimizando al máximo una posible falla del suministro de energía eléctrica”.
Esta subestación tiene operando más de 30 años, superando la vida útil del equipo, en tanto que los fabricantes actualmente no disponen de refacciones para una reparación en caso de presentarse una falla, debido a que son equipos que son obsoletos.
Ello significa, advierte la CFE, que de no invertir en esta subestación “se pone en riesgo el suministro de energía eléctrica en las fechas en que se va a llevar a cabo los Juegos Panamericanos, y se incrementa el riesgo de una contingencia severa y de perder confiabilidad en el área”, refiere.
En materia de nuevos proyectos, como la central eólica Oaxaca I, II, III y IV, la paraestatal CFE enfrenta dificultades para obtener los derechos de vía, lo cual se agrava porque esta actividad la realiza el productor independiente.
De hecho, los proceso de licitación de los proyectos eólicos se han extendido más de lo normal, lo que ha dificultado la definición para construir la red de interconexión que requiere.
Sin LyFC, problemas en el centro
La Comisión Federal de Electricidad tiene detectados problemas en el zona centro del país que tentativamente habría de solucionar junto con Luz y Fuerza del Centro en los próximos años.
Sin embargo, el proceso de liquidación de la segunda provocó que la CFE tenga que caminar sola en la solución de la confiabilidad del suministro de la ciudad de Toluca, estado de México; problemas de suministro en el corredor industrial de Hidalgo, en donde se asientan empresas cementeras.
Saturación en las redes de transmisión que van de Texcoco-La Paz y Tula Victoria; problemas en el abastecimiento de agua potable hacia la Zona Metropolitana del Valle de México y la ciudad de Toluca, que se lleva a cabo por medio del sistema de bombeo Cutzamala desde la subestación Donato Guerra, en donde se preve saturación en la transformación en el corto plazo.
De hecho, la CFE y LyFC tenían previsto, según el POISE 2009-2018, un proyecto de generación que consiste en la instalación de dos ciclos combinados de capacidad de 601 Megawatts cada uno. Inicialmente el primero entraría en operación en septiembre de 2013 y posteriormente lo haría el segundo, en septiembre de 2015. La central se ubicaría en el municipio de Acolman al noreste del estado de México.
Adicionalmente, la CFE tendrá que resolver los proyectos de construcción de dos centrales que propuso la administración de Jorge Gutiérrez Vera al frente de LyFC: la central de ciclo combinado “Jorge A. Luque”, en el municipio de Tutitlán, estado de México, a la altura del kilómetro 33 de la autopista México-Querétaro, y la central de Necaxa, en el municipio Juan Galindo del estado de Puebla, y que representa una inversión conjunta de mil 331 millones de dólares y significa la solución al suministro de energía en el centro del país y reducir sustancialmente el número de zonas críticas (24 en total) en donde cualquier falla del sistema puede representar apagones de gran magnitud.
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