Presidente Constitucional de los Estados Unidos mexicanos.
C. Lic. Jesús Murillo Karam.
Procurador General de la República.
C.P. Francisco Rojas Gutiérrez.
Director General de la Comisión Federal de Electricidad.
A la opinión pública nacional: La prensa dio cuenta de que al tomar protesta a la dirigencia del Consejo Nacional Agropecuario, anunció la estrategia de su Gobierno para el rescate del campo mexicano e incentivar sus actividades para hacerlo productivo, medio indispensable para lograr la autosuficiencia alimentaria, fijando como objetivo básico potenciarlo y reincorporarlo al desarrollo del país haciéndolo rentable, fomentando las cadenas productivas de mayor valor agregado con esquemas eficientes de comercialización en el sector agroalimentario, siendo requisito primario de esas metas de desarrollo, establecer un clima de estabilidad política y social, propósitos para los que tomará las acciones legales que sean necesarias.
El marco de esa política agrícola permite a un importante sector de productores de Chihuahua que representamos, plantear a su Gobierno la siguiente problemática: En agosto de 2010 y marzo de 2011 denunciamos a la División Norte de la Comisión Federal de Electricidad y a su Órgano Interno de Control, que desde 2005, que habiendo consultando previamente a su Superintendencia Zona Juárez la factibilidad de que nos suministrara servicio para uso agrícola de la Subestación Moctezuma, adquirimos en su área de influencia tierras para abrirlas al cultivo, estableciendo los desarrollos agrícolas "La Fortuna", "San Martín", "La Palma", "El Barrial", "Rancho El 40", "El Ágate", "El Coyamito" y "San Lorencito", que iniciaron aproximadamente con 360 pozos, cumpliendo con la Ley de Aguas Nacionales.
Desde que comenzamos los desarrollos, servidores de la CFE, directamente o través de personas ajenas a ésta, exigían para suministrar el servicio que los solicitantes les entregaran sin recibo cantidades de dinero no autorizadas por la ley, cobrándoles $15,000.00 ó más dólares Us por pozo, $129,000.00 pesos anuales por consumo, dado que les conectaban los pozos sin medidor, y, $980.00 dólares de "renta" anual de un trasformador móvil, propiedad de la Comisión, instalado en la citada subestación, sin que obviamente estas sumas ingresaran al Organismo, y negaban proporcionarlo a quienes rehusaban entregar dichas cantidades, argumentando la saturación o insuficiencia de las líneas, o dilatando el trámite de sus solicitudes para forzarlos a aceptar sus condiciones para recibir energía en forma ilegal.
Estas irregularidades eran del conocimiento del Superintendente de la Zona, quien permitía que el encargado de la Agencia Villa Ahumada implementara estas prácticas de corrupción, y en ocasiones, exigiera directamente a los solicitantes del servicio las mencionadas cantidades. Ambas personas salieron de la CFE a raíz del conflicto que su conducta generó entre los usuarios y el Organismo.
Los productores que rechazaron cobros indebidos para la conexión de sus pozos sin medidor, a quienes durante años negaron el servicio, mientras ilegalmente lo proporcionaban a quienes aceptaban pagarles, denunciaron los hechos y en la investigación que hizo la Gerencia de la División Norte, encontró 68 pozos operando sin contrato.
El día en que, citados por el encargado de atender sus quejas, declararían en la Agencia de Villa Ahumada, en su estacionamiento y en presencia del personal, fueron interceptados, y su representante golpeado por personas armadas que los amagaron de muerte si declaraban, cuando la práctica de esta diligencia era reservada, lo que dio motivo que fuera retirado del servicio el encargado de la Agencia, sin que se tomara ninguna acción contra el Superintendente.
La Gerencia de División regularizó los pozos que operaban sin medidor y las prácticas de corrupción desaparecieron por breve lapso; ahora han vuelto: existen muchos pozos extrayendo sin contrato y las dificultades para contratar el servicio de manera legal aumentaron, sin que nada se haga al respecto, a pesar de los señalamientos concretos de los afectados.
Que por otro lado, siendo deficiente la electricidad que la CFE suministra a los agricultores de "El Ágate" y "El Coyamito", a pesar de que éstos desconectaron los pozos que en su zona operaban ilegalmente, las alteraciones de voltaje que presenta destruye o deteriora sus equipos y les causa pérdidas o disminuciones importantes de cosechas, al exigirle solución, al estar obligada a ejecutar por su cuenta las obras de mejora necesarias para corregirla, nada hizo al respecto, argumentando falta de presupuesto. El año pasado para evadir la responsabilidad por los cuantiosos daños causados a los usuarios, el Superintendente y su Jefe de Planeación, les propusieron para resolved esta deficiencia, que con sus recursos construyeran una línea de distribución de 63 kilómetros de longitud, que redujera los 86 kilómetros que tiene la que actualmente utiliza para llevar el insumo de "Moctezuma" a sus lotes, con cable de 336 ASCR de mayor capacidad de conducción al que usan, obligándose a: entregada la obra, la CFE autorizaría 59 servicios más de los 95 existentes a los solicitantes que aportaran para su construcción, ya que según su estudio técnico la línea tendría capacidad para el suministro de ese número de pozos, y así, se distribuiría su costo entre más personas; para mantener el voltaje en nivel de eficiencia, de esa línea no daría más servicios que los indicados; del monto de la inversión rembolsaría el 70% en energía; regularizaría la demanda de energía a 160 kW por servicio, para que el consumo real corresponda al contratado, dado que la mayoría de los servicios se contrataron a 120 kW o menos, y, atendería positivamente las solicitudes de servicio del desarrollo "San Lorencito", que también contribuiría para la obra.
La línea se construyó con una inversión de 24 millones de pesos aportados por 154 productores, a los que descontaría proporcionalmente de sus facturas de consumo $16'048,482.88, equivalente al 70% reembolsable.
Terminada la línea la CFE no cumplió ninguno de los compromisos que contrajo, y el trabajo y la inversión de los productores resultó inútil; por el contrario, para favorecer a sus protegidos que promueven otros proyectos en la zona, la Gerencia Divisional, acatando instrucciones del Ingeniero Jesús Eliseo Ramos, Subdirector de Distribución, transmitidas por conducto de su Coordinador General Ingeniero Hermilo Ceja Lucas, trata de imponerles otras aportaciones millonarias que no están obligados a pagar, y para forzarlos a aceptar tan arbitrarios requerimientos, sin motivo legal ordenó a sus subalternos el corte del servicio en pleno ciclo agrícola, prevaliéndose de que indispensablemente requieren regar sus cultivos a riesgo de perderlos.
Esta situación, propiciada por los servidores públicos que se conducen como dueños absolutos de la CFE, propiedad de la Nación, que relegando la atención que deben al usuario olvidan que el servicio público que tienen encomendado se rige por la Ley, y que no pueden sujetarlo a su capricho, el de sus amigos, socios o superiores, se agravó después al incurrir en las siguientes irregularidades:
a).- De la línea mencionada se negaron a contratar los 59 servicios convenidos, argumentando su insuficiencia para abastecerlos, y ofrecen dar a quienes la pagaron solo 19 contratos, de donde resulta que por cada servicio los usuarios pagarían $1'263,157.89 pesos cuando fue la Superintendencia la que hizo los estudios técnicos para proponer su construcción para los pozos que se obligó a electrificar;
b).- En cambio de la referida línea permitieron la conexión de 15 pozos que operan sin contrato, sabiendo que el dueño del predio "Las Gregorias" donde se ubican, se negó a aportar para construirla, y según su versión, con esos servicios el Ingeniero Jesús Héctor Sáenz Méndez, Subgerente de Distribución, pagó a un tercero diverso compromiso al que somos ajenos y que éste se los vendió en $300,000.00 cada uno, sin que ninguna instancia de la CFE atendiera las protestas de los dueños de la línea para que los desconecten. Resultado: dejan que el servicio público se negocie entre particulares como si fuere efecto de comercio, negando proporcionarlo a quienes legalmente lo demandan y tienen derecho a obtenerlo;
c).- Por instrucciones superiores, cobran bajo amenaza de cortar los servicios, aportaciones que no adeudamos, pretendidamente para construir dos subestaciones en beneficio de otros agricultores, argumentando que "deben recuperar" inversiones que no han hecho. En realidad tratan de favorecer a las personas que emplean como agentes de sus extorsiones, que promueven dichas subestaciones, de las cuales, la conocida como "La Palma" es absolutamente innecesaria, por lo que los usuarios se niegan a pagarla;
d).- Rechazan que la Ley establece aportaciones a los solicitantes del servicio solo cuando se requieran obras especificas para darlo y que el único efecto de no hacerlas es negarlo por impedimento económico, sin que puedan exigirlas coactivamente, ya que el servicio solo pueden cortarlo por las causas señaladas en ésta, que no contempla como tal la falta de pago de aportaciones, ni otorga autoridad al Gerente para fijarlas, menos cobrarlas sin la previa aceptación de aquéllos;
e).- Las actuaciones notariales que el Superintendente levantó para imputar a los usuarios delitos que denunció sin que los cometieran, acreditan el acoso a que los somete para que paguen dichas aportaciones, desconociendo que la Subgerencia Comercial, en tanto construían la línea, los autorizó pagar solo un porcentaje del consumo, ya que el reembolso de su inversión en energía, anticipadamente cubre la facturación hasta la liquidación respectiva, sin embargo, continuamente los requiere y corta los servicios, llegando a exigirles que lo paguen diariamente, lo que además de ilegal es absurdo e imposible.
El desarrollo de la agricultura como parte importante de la economía nacional, requiere que el servicio de energía eléctrica que la Nación encomienda a la CFE se presente en condiciones de eficiencia; la Ley de la materia y sus Reglamentos que regulan este servicio público como factor de progreso, ordenan proporcionarlo a todo el que lo solicite, sin preferencias; estableciendo las condiciones y requisitos que el Organismo y los solicitantes deben cumplir; las obras especificas y aportaciones que deben hacer para contratarlo; la forma de fijar sus tarifas; los casos en que puede suspenderse, sin que los encargados del suministro puedan omitir o variar las disposiciones que lo rigen, pero debido a la actuación de los servidores mencionados, en la Zona Juárez genera atraso, confrontación y miedo.
Se emplea como medida de presión para exigir a los solicitantes que invirtieron en tierra para producir, y a los usuarios, por temor a perder sus cosechas por falta de riego, sumas no autorizadas en la Ley, convirtiéndolo en una forma de extorsión. Es inadmisible que quienes lo administran obtengan utilidades de las cosechas, sin invertir ni trabajar, disminuyendo las de sus dueños, irregularidades estas que se dan también en los complejos agrícolas "El Oasis" y "Los Cienes" de los Municipios de Manuel Benavides y Ojinaga, no solo en los de Chihuahua y Ahumada donde se enclavan nuestros predios, en los que actualmente pretenden cobrarnos aportaciones que no adeudamos por montos superiores a $400,000.00 por servicio, cuando la tarifa autorizada es de $ 3,400.00.
Considerando que permitir el uso ilícito de energía eléctrica y negarnos o retardarnos el servicio que están obligados a otorgarnos, impidiendo el curso de nuestras solicitudes, pueden constituir los delitos de ejercicio indebido de un servicio público y abuso de autoridad, previstos en los artículos 214, fracción III, y 215, fracción II, del Código Penal Federal, respectivamente, sancionado con prisión de uno a siete años, el primero, y de dos a ocho años, el segundo, y ambos con destitución e inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones públicos, por el lapso de sus respectivas penalidades, denunciamos estos hechos a la Delegación en el Estado de Chihuahua de la Procuraduría General de la República para que se investiguen y se consigne a quienes resulten responsables, encontrándose en integración la indagatoria correspondiente (A.P. 3691/2012).
Ni los mandos superiores de la CFE, ni su Contraloría Interna, han actuado para erradicar estas prácticas de corrupción. La Gerencia Divisional, "en busca de soluciones", convocó diversas reuniones con productores, presididas por los propios implicados, por lo que ningún resultado concreto produjeron para enmendar sus propias arbitrariedades, y por otro lado, considerando erróneamente que los pozos operan con "renuncias", separaron de sus cargos a varios servidores de la Superintendencia y de la Agencia mencionadas, sin tomar ninguna medida de fondo que en definitiva resuelva nuestros planteamientos, lo que nos ha llevado a organizamos para resistir los abusos que la Gerencia Divisional solapa provocando el enfrentamiento entre los colonos que se oponen a sus tropelías y los "beneficiados" con servicio sin medidor.
En resumen las irregularidades reiteradamente denunciadas y probadas, no sólo subsisten, sino se incrementaron por disposición directa del Subgerente de Distribución Ingeniero Jesús Héctor Sáenz Méndez, como consta a su superior Roberto Covarrubias Bustamante, quien por complicidad o pusilanimidad las consiente, pues es sabido que aquél es protegido del Subdirector de Distribución Ingeniero Jesús Eliseo Ramos, quien también participa en la polución.
Efectivamente, como reacción a nuestras protestas y reclamaciones aumentaron las represalias en nuestra contra, ahora arbitrariamente retiran los medidores de nuestros pozos para colocarnos en situaciones de ilegalidad e imputarnos el robo de energía; con pretextos nimios, o sin ellos, y sin tener adeudos de servicio, ¡legalmente nos cancelan los contratos para obligarnos a solicitar el servicio como nuevo para obligarnos a convenir el pago de aportaciones, como requisito indispensable para volver a contratarlo; terminantemente se niegan a recibirnos en sus oficinas y a atender nuestros trámites y reclamaciones, no obstante que la Superintendencia formalmente se comprometió a corregir esta actitud, fingiendo instruir a la Agencia de Villa Ahumada a que resuelvan los asuntos de servició que planteamos, lo que no sucede; el Gerente Divisional y el Subgerente de Distribución, sin respeto alguno para nosotros, nos hacen viajar grandes distancias para tomar acuerdos que después sin recato desconocen; sin ser temporada de riego los importes de consumo aumentan desmesuradamente para aparentar causas de suspensión del servicio, éstas y otras medidas extremas han tomado en nuestra contra comportándose como dueños absolutos de la electricidad, como si ésta no constituyera un servicio público legalmente regulado.
Nuestra reclamación se reduce a exigir que el servicio eléctrico se preste en condiciones de eficiencia y conforme a la Ley que lo regula para suprimir las corruptelas que lo demeritan y se sancione a los servidores que incurran en faltas en los términos de la legislación aplicable, pues los despidos hechos, por el propósito que tuvieron de encubrir a los verdaderos responsables, no rindieron resultado positivo desde el momento que la corrupción aumentó y las irregularidades más graves se cometieron después de sus remociones, lo que denota que tienen otro origen que los mandos directivos no han querido corregir.
El Órgano Interno de Control en la CFE ha observado la misma conducta permisiva con esta situación, pues su anterior Titular detuvo nuestras denuncias dos años, y la Contralora Regional con sede en Monterrey dejó irresoluto el expediente para ocupar, contra la ley, una plaza de trabajo precisamente en la Dirección de Operación a la que pertenecen los servidores cuestionados. El seis de noviembre pasado la Titular del Área de Quejas, al tener la Subestación Moctezuma capacidad para satisfacer nuestras demandas, contradictoriamente recomendó al Gerente Divisional que nos otorgue los servicios solicitados años atrás, sin que pueda cobrarnos las aportaciones que legalmente quería hacer efectivas, y lo apercibió que de no cumplir su requerimiento iniciaría procedimiento en su contra por desacato. La propia recomendación presume la responsabilidad de los denunciados, ya que sin tener impedimento para contratar, negaron el servicio excediendo en años los plazos que establece la Ley de la materia para suministrarlo.
Para observar dicha recomendación nos exigieron fuera de norma 18 requisitos para contratar, algunos de imposible cumplimiento, y trascurrido en exceso el plazo perentorio que les dio, les ha otorgado otros menores, sin hacer efectivos los apercibimientos que decretó para caso de incumplimiento, lo que denota que la negativa de servicio subsiste, mientras que la Contraloría y la Gerencia se intercambian oficios que ningún resultado concreto producen, según informes de la propia Contraloría, lo que muestra la impunidad con que actúan y explica las deficiencias y demás vicios con que se presta el servicio.
Señor Presidente: La agricultura para ser productiva y rentable debe fortalecerse, como atinadamente lo contempla su Gobierno, para lo que sería positivo el saneamiento administrativo que la salve de los obstáculos y cargas como los mencionados, para generar un ambiente de estabilidad que propicie su crecimiento. Es necesario y oportuno que limpie al campo de estas prácticas viciosas que afectan sus actividades, sometiendo a los servidores públicos que desempeñan funciones ligadas con el agro al estricto cumplimiento de las leyes cuya observancia tienen encomendadas, porque los agricultores estamos dedicados a producir y queremos seguir produciendo en bien del país, lo que no es posible si permanentemente estamos en litigio en contra de estos malos servidores.
Difícilmente se podrá encontrar en el sector agrícola de nuestro Estado, sin importar el régimen ejidal o particular de las tierras ni el cultivo que se tenga, una opinión favorable para la CFE, encargada de proporcionar el insumo principal de su actividad; esta publicación es la prueba más palpable de la corrupción que nos agobia, pues es inconcebible que para contratar el servicio de una empresa de "clase mundial" y orgullo de todos los mexicanos, se tenga que acudir a las más altas esferas de poder público como ahora lo hacemos y llevar nuestras solicitudes a las instancias encargadas de procurar e impartir justicia, mientras los encargados de administrarlo se enriquecen en detrimento de los que para obtenerlo se ven forzados a aceptar sus ilícitas condiciones, así las vicisitudes propias de la agricultura empequeñecen frente a sus tropelías.
Pedimos su intervención para regularizar nuestra situación frente la CFE y otras dependencias que la voracidad de sus servidores involucraron en el conflicto; se investigue la actuación de los servidores cuestionados, y en su caso, se les exija las responsabilidades en que hayan incurrido.
El campo necesita orden, si su Gobierno nos lo proporciona, contribuiremos con mayor eficiencia y productividad a la autosuficiencia alimentaria del País.
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