La Unión Nacional de Trabajadores (UNT) ha calculado que en los tres primeros años del gobierno estatal que encabeza el panista Rafael Moreno Valle Rosas han perdido su empleo 10 mil personas, de las cuales 7 mil eran empleadas ni más ni menos que de los servicios públicos.
24/03/2014
Martín Hernández Alcántara
Martín Hernández Alcántara
En tanto, la Barra Libre de Abogados Democráticos de Puebla (BLADP) considera que esta ha sido la administración en los últimos 30 años en la que más acoso se ha perpetrado contra los trabajadores del Poder Ejecutivo y en la que se han sacrificado más los derechos de la clase obrera.
“El tema más grave, sin duda alguna, es el de los despidos. Ahora que la UNT ha contabilizado más de 10 mil despedidos en apenas tres años, pues por supuesto que la cifra es alarmante, especialmente porque de esos 10 mil despedidos 70 por ciento eran precisamente trabajadores de gobierno. Sin embargo, no se puede saber con precisión cuál es la cifra de despidos real ni cuáles los motivos que los justificaron, porque por desgracia el gobierno de Rafael Moreno Valle también se ha distinguido por una política que impide la transparencia, el acceso efectivo de los ciudadanos a la información pública, así que los despedidos en el gobierno pueden ser mucho más”, expresó el presidente de la BLADP, Juan de Dios Varela Marino.
“Se ha registrado por los medios de comunicación y algunos sindicatos, como el del Hospital del Niño Poblano o el de Trabajadores al Servicio del Estado, que hay una verdadera política de terrorismo laboral contra los sindicalistas, en la que se ha llegado al extremo de purgar a las dirigencias sindicales con el objetivo de mermar las luchas gremiales”, advirtió el litigante laborista.
Este fin de semana Marco Antonio Mazatle Rojas, secretario general del Sindicato de Telefonistas e integrante de la dirigencia colegiada de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), aseguró que la actual política laboral de la administración morenovallista, “quiere acabar con los trabajadores. Es alarmante cómo está tratando a los trabajadores, como está tratando a los poblanos”.
En una nota publicada por el portal e–consulta y rubricada por el periodista Álvaro Ramírez, el dirigente obrero dijo que desde que comenzó la actual administración “hay 10 mil familias que se han quedado sin la fuente de ingresos, 10 mil trabajadores que se quedaron sin empleo en el sector público y el privado”.
Marco Antonio Mazatle Rojas describió que, desde la visión de la UNT, se calcula que 7 mil de las personas que se han quedado en el desempleo corresponden al sector público y 3 mil a la iniciativa privada, pero todos por la “política laboral del actual gobierno”.
El dirigente sindical consideró que el gobernador Moreno Valle “debería ser más sensible y que sus secretarios buscaran alternativas” de solución a las crisis laborales que se viven en la entidad, como la que tiene que ver con los trabajadores del Hospital para el Niño Poblano.
“Nosotros como Unión Nacional de Trabajadores hemos solicitado reuniones con el encargado del trabajo, pero nunca ha dado la cara para decir qué plantea para Puebla, cuál es su proyecto, hacia dónde vamos los poblanos”.
La última vez que el gobierno estatal habló sobre el número de despedidos fue el 18 de febrero de 2013, cuando al comparecer ante la LVIII Legislatura para hacer la glosa del segundo informe de gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, el entonces titular de la desaparecida Secretaría de Administración, José Cabalán Macari Álvaro, admitió que la gestión morenovallista había echado a la calle a 8 mil empleados.
Desde esas fechas, tanto el Partido Revolucionario Institucional (PRI) como disidentes del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Organismos Descentralizados habían calculado que la cifra de despedidos del gobierno estatal por parte de la gestión del panista Rafael Moreno Valle Rosas superaría los 8 mil empleados.
Macari Álvaro –quien hoy es secretario de Infraestructura– se presentó ante José Lauro Sánchez López, Iván Conrado Camacho Moreno, Elvia Suárez Ramírez, Jorge Gómez Carranco, Édgar Antonio Vázquez Hernández, Enrique Nacer Hernández y Elías Abaid Kuri, a la sazón integrantes de Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal.
En ese marco, los entonces representantes populares por el PRI, José Lauro Sánchez López, Iván Conrado Camacho Moreno y Elvia Suárez Ramírez, cuestionaron al funcionario sobre el número de trabajadores del Poder Ejecutivo echados a la calle en 2012, recordándole que en su campaña el hoy mandatario estatal prometió conservar el empleo de los burócratas.
El servidor público dijo que de los 4 mil rescindidos, 2 mil eran trabajadores de confianza o empleados por honorarios, a quienes ya no se les renovó su contrato.
Tras calificar el recorte de personal como “drástico”, Lauro Sánchez cuestionó el criterio para efectuarlo, a lo que Macari respondió que fueron los titulares de la dependencia quienes de manera discrecional determinaron los despidos: “Pareciera fuerte, pero hay que confiar en los secretarios”, remató en aquella ocasión.
Algunos casos
El 23 de octubre de 2013 se vivió en Puebla, de manera inédita, una jornada de auténtico terrorismo de Estado en materia laboral, ya que el gobierno de Rafael Moreno Valle, sin la menor justificación, rescindió a un grupo de casi 30 trabajadores entre los que se encontraba la mayoría de los 15 aspirantes a ser candidatos a la secretaría general del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Organismos Descentralizados.
También el año pasado el gobernador del estado Rafael Moreno Valle presentó una iniciativa para descentralizar el Instituto para la Asistencia Pública del Estado (Iapep), organismo que durante muchos años, quien tenía los recursos directos del Panteón de La Piedad, los Montes de Piedad, la ex Hacienda de Chiautla y algunos estacionamientos.
Las modificaciones a la ley, además de la privatización del sistema Monte de Piedad, para entregarle a la empresa Prendamex el control de las 21 casas de empeño de la entidad, logró el despido de 25 trabajadores.
Además, desde hace dos años el gobierno impidió que cuatro decenas de docentes integrantes del Consejo Democrático Magisterial Poblano (CDMP), regresaran a sus plazas de trabajo. En junio de 2012 fueron separados por impedir la aplicación de la prueba Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE).
Asimismo, por manifestar públicamente apoyo político del PRI, le costó a Refugio Rivas Corona, líder del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla, perder la organización que consolidó en más de 20 años.
La revancha política del morenovallismo logró la expulsión de esta organización e imponer –con apoyo de su entonces secretario de Educación, Luis Maldonado Venegas– un gremio de nueva creación: el Sindicato Independiente de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sitracob).
En 2011, además de Refugio Rivas Corona, fueron destituidos de sus cargos 71 directores afines al primero.
El gobierno del estado de Puebla también realizó ajustes en la plantilla laboral de los sindicatos de salud, en particular con quienes pertenecen al Sindicato Único de Trabajadores del Hospital de Niño Poblano (SUTHNP) y el Sindicato Único de Trabajadores del ISSSTEP (SUTISSSTEP).
Hasta este sábado el número de despedidos SUTHNP aumentó a 213 personas –entre ellos los líderes sindicales–, luego que el pasado 14 de marzo, el Poder Legislativo estatal aprobó por mayoría de votos la iniciativa del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas para descentralizar el organismo público.
Mónica Valencia Serrano, líder del SUTHNP, expresó que aunque 30 por ciento de sus agremiados fue cesado, las intenciones del gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas son eliminar a éste, el cual nació hace más de 20 años. Hasta hace un mes, el SUTNHP tenía en su planilla laboral a 700 personas laborando.
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