Rene Ruiz
26 de marzo de 2014
En conferencia de prensa, aseguraron que la manifestación de impacto ambiental (MIA) del proyecto hidroeléctrico Las Cruces propuesto por la CFE tiene imprecisiones, datos erróneos, nombres equivocados, análisis incompletos, inconsistencias, textos repetidos y hasta un “copy-paste” de internet.Se comprobó que el plan de la Comisión Federal de Electricidad carece de análisis riguroso de afectaciones ambientales y socioeconómicas, no hay precisión en el impacto ambiental y los grupos étnicos no fueron consultados ni tomados en cuenta. “Nosotros vemos que es un proyecto altamente ineficiente y con alto riesgo ambiental y socioeconómico”, dijo uno de los presentes.El grupo se reunió con funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), donde les dijeron que integren un documento con las irregularidades que han detectado, mismas que dicen serán analizadas.
El pasado 13 de marzo se suspendió la evaluación de la MIA con la que se autorizaría la construcción de la presa Las Cruces y se dio un plazo no mayor a 60 días a la CFE para solventar irregularidades.
De no cumplir con el requerimiento, podría quedar suspendido definitivamente el proyecto hidroeléctrico sobre el Río San Pedro Mezquital.
La Semarnat suspendió el análisis de impacto ambiental para solicitarle a la CFE aporte información adicional al proyecto, datos relacionados con las inconsistencias e irregularidades exhibidas por investigadores, activistas, asociaciones civiles y grupos étnicos.
Los datos de impacto más recurrentes que se han señalado corresponden al daño que causaría a marismas nacionales, manglares y humedales, las que se dijo recibirían daño irreversible y de consecuencias no previstas; en forma reiterada se habló de los materiales de arrastre y sedimentos que acumularía la cortina provocando falta de nutrientes en las tierras productivas. “El daño ecológico sería enorme e irreversible”, dijeron.
Julián López Cánare, portavoz del Consejo Indígena náyeri (cora) hizo un llamado al respeto a las etnias, su cultura y lugares sagrados, los cuales propone la CFE (Comisión Federal de Electricidad) “reubicar” como si fueran inmuebles. Por otra parte, Marcelina López de la Cruz reclamó en nombre de la etnia wixarika (huichol) que no los hubieran consultado antes, conforme a sus usos y costumbres y en su lengua.
La región en donde se proyecta el embalse y cortina de la hidroeléctrica está habitado por población indígena, en una proporción superior al 60%, en términos generales presentan altos y muy altos índices de marginación; cerca del 43% se dedica a la agricultura, un porcentaje similar a la captura de camarón, ostión y peces y menos a la silvicultura o al turismo.
La construcción, proyectada para cinco años de obra y con un costo próximo a los 8,000 millones de pesos, serviría solo para generar el 0.1 % de energía eléctrica en la región centro occidente operando efectivamente solo cuatro mese al año, por lo que se considera que su construcción no justificaría ni el daño ni el costo.
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