Pemex y CFE, del ámbito público al privado
Viciado procedimiento legislativo que, por mayoriteo, busca imponer toda una serie de modificaciones que brinden seguridad jurídica, en todos los sentidos, a los intereses de las multinacionales.
Martín Esparza Flores
Revista Siempre No. 3184
21 de junio de 2014
La dinámica antinacionalista terminó por imponerse en el interior del Congreso donde los representantes de los dos partidos mayoritarios, y el incondicional Partido Verde, han pisoteado los estatutos parlamentarios, negándose al debate y análisis de fondo sobre el contenido de las leyes secundarias en materia energética que pretenden legitimar la entrega de las riquezas del país, como la renta petrolera, a las multinacionales aliadas con el capital local, autorizando además un abierto despojo y afectación a las tierras de miles de ejidos y comunidades indígenas, al brindarles toda clase de facilidades a las labores de exploración, tendido de redes y proyectos geotérmicos a los nuevos inversionistas y socios de las empresas productivas del Estado, con el pretexto de que por ser el sector energético una actividad prioritaria y de interés social para el país, el gobierno no dudará en recurrir a la aplicación de la servidumbre legal para favorecerlos; incluso, hasta echar mano de las expropiaciones.En todas y cada una de las iniciativas que buscan aprobarse en fast track, se contemplan atropellos de esta clase, como la afectación al uso de los recursos hídricos, que afectarán directamente los ingresos y la forma de vida de millones de mexicanos, lo que significa uno más de los retrocesos en materia de justicia social que traerá consigo el nuevo esquema empresarial que se impondrá a Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sin tomar en cuenta la opinión del país.
Un análisis de los nuevos ordenamientos que buscan desmembrar los sectores petrolero y eléctrico, al convertir ambas entidades públicas en simples oficinas reguladoras y de trámites al servicio de las trasnacionales, indica con certeza que el origen de la reforma energética y su esquema de gobierno corporativo que se plantee debe asumir el Estado mexicano, tiene su origen en los dictados de organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y del Desarrollo Económico (OCDE).
En su fundamentación presentada en los borradores enviados al Congreso, se establece de manera puntual que el gobierno mexicano acatará fielmente lo ordenado por la OCDE para transitar a Pemex y la CFE del “ámbito público al privado”. Es entendible porqué los legisladores del PRI, PAN y Verde Ecologista se han negado sistemáticamente a debatir para sustentar la raíz de la iniciativa y sus leyes secundarias en el Congreso, pues no fue precisamente el Ejecutivo el autor intelectual del proyecto reformista que contraviene los auténticos intereses de los mexicanos, al desarrollo económico y la soberanía del país.
Razón de sobra para entender el viciado procedimiento legislativo que, por mayoriteo, busca imponer toda una serie de modificaciones que brinden seguridad jurídica, en todos los sentidos, a los intereses de las multinacionales y de cuyos excesos poco a poco empieza a enterarse la opinión pública.
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