Martín Esparza | 23 JULIO, 2011
La pretensión de los diputados panistas, integrantes de la Comisión de Energía, por desechar la iniciativa presentada por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), que propone la creación de una nueva empresa que sustituya en la zona centro del país a la extinta Luz y Fuerza del Centro, fracasó, y ahora será en el pleno de San Lázaro donde se ponga a votación nuestra propuesta.
La gente de Acción Nacional, encabezada por el legislador Felipe de Jesús Cantú, ha hecho en los últimos meses hasta lo imposible por sepultar en el terreno legislativo los yerros oficiales cometidos tras el ilegal de decreto de extinción del 11 de octubre del 2009 en que fueron lanzados a la calle 44 mil electricistas.
Su mayor preocupación para negarse al debate público es no ventilar las pifias legales que exhibirían los abusos cometidos por el gobierno federal. Saben que no cuentan con los argumentos para ocultarle al país que detrás de su intención por acabar con una empresa pública y un sindicato combativo como el SME, se encuentra la entrega de la industria eléctrica a empresas trasnacionales.
Su mayor preocupación para negarse al debate público es no ventilar las pifias legales que exhibirían los abusos cometidos por el gobierno federal. Saben que no cuentan con los argumentos para ocultarle al país que detrás de su intención por acabar con una empresa pública y un sindicato combativo como el SME, se encuentra la entrega de la industria eléctrica a empresas trasnacionales.
El problema para ellos es que al enviarse para su discusión al pleno la iniciativa del SME, deberán explicarse, de cara a la nación, situaciones irregulares que han transgredido el Estado de derecho tales como analizar si al Ejecutivo la Constitución le otorga facultades para extinguir, de manera unilateral, empresas del Estado violando de paso los derechos laborales de los trabajadores electricistas, afectados directamente con la abusiva decisión.
Los legisladores tienen además la responsabilidad de verificar todos los inventarios de Luz y Fuerza y observar de qué partida presupuestal salieron los recursos financieros para liquidar a los trabajadores con bonos por encima de la ley; también deberán revisar a conciencia en qué parte de la Constitución o de las leyes en la materia, se permite que el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, pueda entregar a un tercero la infraestructura de la extinta Luz y Fuerza, bajo la figura de comodato.
Pero el mayor de los cuestionamientos a responder es el saber en qué ha beneficiado a los usuarios y a los diversos sectores productivos la extinción de Luz y Fuerza: nadie puede negar que las fallas en el suministro son continuas y cada vez más prolongadas, de tal suerte que hasta sectores como la Concamin han puesto el grito al cielo por las millonarias pérdidas registradas por sus socios; la Profeco acaba de difundir que la empresa con el mayor número de quejas presentadas en su contra es la Comisión Federal de Electricidad, por los desmesurados cobros que aplica en sus recibos a los antes usuarios de Luz y Fuerza. Y si bien la actitud antipatriótica hacia el pueblo de México y entreguista hacia del Ejecutivo es comprensible de parte de los diputados de Acción Nacional, por tratarse de un presidente de la república emanado de su partido, del lado priísta debe concretarse ya una definición en su grupo parlamentario de San Lázaro, respecto a la aprobación de la iniciativa que permita el surgimiento de una nueva empresa en la zona centro del país.
Por desgracia, existe de parte de un sector del PRI una ambigüedad hasta ideológica, respecto al tema; por un lado, este partido anuncia consultas a los diversos sectores sociales para la solución de los grandes problemas nacionales como parte de la plataforma presidencial de su candidato en el 2012, y por el otro, rehúye su responsabilidad histórica por volver a sus raíces ideológicas y nacionalistas como son la defensa de nuestros recursos energéticos, nacionalizados por presidentes emanados de sus filas, para ponerlos al servicio y beneficio del pueblo de México.
El PRI tiene la oportunidad coyuntural en el Congreso no sólo de recobrar ante la sociedad su credibilidad; además, está en sus manos devolver al Poder Legislativo su dignidad y autonomía. Desempeñar con responsabilidad el papel de una oposición comprometida con las clases menos favorecidas, ahora golpeadas en su magra economía con las altas tarifas eléctricas, e indefensas ante el poder de un gobierno insensible y autoritario.
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