Crece cloaca en CFE

Investigación descubre que abogados de la paraestatal promovían el magafraude

8 febrero 2012 | Alejandro Sicairos | RÍO DOCE

Desde febrero de 2010, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado alertó a la Comisión Federal de Electricidad de que sus mismos abogados promovían en Sinaloa que propietarios de terrenos por donde pasaba el tendido eléctrico demandaran a la empresa paraestatal por sumas millonarias.

Según una investigación que la máxima corte estatal realizó por mandato del pleno de magistrados, “los mismos abogados de la CFE venían de sur a norte viendo quiénes eran los propietarios de los predios afectados por la red eléctrica de alta tensión y los instaban a exigir la correspondiente indemnización”.

De tal forma que la CFE pagó derechos de vía hasta por 200 millones de pesos a dueños de tierras afectadas, consumándose un robo a esta compañía estimado a la fecha en mil 300 millones de pesos.

A pesar de que la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal dio a conocer este desfalco a la CFE hasta finales de 2011, casi dos años antes había sido alertada por el STJE, al igual que se hizo del conocimiento de la Procuraduría General de la República, de un comportamiento atípico en los juzgados de Sinaloa en cuanto a demandas contra la paraestatal.

“De no existir prácticamente juicios de esa índole de pronto se empezaron a presentar de manera recurrente demandas por pago de indemnizaciones por derecho de paso”, señala el expediente abierto en torno a esa situación. El Supremo Tribunal obtuvo elementos para sospechar que el propio personal jurídico de la Comisión tenía una especie de estrategia con particulares y jueces para saquearla.

“Iban y les decían a los dueños de los terrenos: sabes qué hay la posibilidad de que demandes a la CFE que nosotros representamos y que en un juicio se te pueda pagar una buena indemnización”.

El STJE alertó a todos sus jueces y les dijo que se haría un análisis de si eran competentes o no para conocer esos asuntos y que en tanto se resolvía se declararan incompetentes. Muchos jueces así lo hicieron y otros ya habían conocido e incluso resuelto litigios de esta naturaleza.

Cuando los jueces de Sinaloa se declararon incompetentes enviaron los juicios a juzgados federales, que a su vez asumieron que eran incompetentes. La mayoría de las demandas se paralizaron en el momento procesal en que se hallaban.

Entonces se entablaron los conflictos de competencia, como jurídicamente se les conoce, y tribunales colegiados de Mazatlán resolvieron unos, que los competentes eran los tribunales del Poder Judicial del Estado y otros, que competía a tribunales de la Federación. Ello terminó con una controversia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual determinó que esos casos eran materia de jurisdicción federal.

Jueces al banquillo

A raíz de que se definió la competencia federal, el Poder Judicial de Sinaloa advirtió y giró lineamientos a los jueces locales en el sentido de que “esto tiene la apariencia de ser algo concertado por abogados de la CFE y abogados particulares y dentro de las posibilidades que nos da el marco jurídico hay que ser muy cuidadosos para no ser partícipes, no avalar, lo que tiene apariencia de ser algo que no está regido por pautas de legalidad y conducta ética”.

Se encontró en la investigación que los mismos abogados de la CFE presentaban peritajes absolutamente desproporcionados para que la parte demandada se allanara y ocasionar así que los jueces tuvieran acotadas las posibilidades de fallar en contra de las indemnizaciones solicitadas.

La mayoría de la judicatura en Sinaloa atendió la indicación del máximo tribunal sinaloense pero no los jueces de los distritos judiciales de Mocorito y de Choix, que siguieron admitiendo trámites de demandas contra la CFE y hasta casos relativos a predios o inmuebles que estaban fuera de su demarcación.

“Es decir, si eran incompetentes y ya estaban alertados, y aún así seguían con esos juicios, entonces se les abrió una investigación más a profundidad y encontramos que había irregularidades, faltas a la legalidad, al profesionalismo, a la conducta ética en suma. Por lo tanto el pleno dictó la resolución más severa que puede dictar como organismo disciplinario, que es la destitución”, explica el resolutivo.

Los jueces dados de baja fueron José Raymundo Soto Conde, de Mocorito, y Ángel Romero Valenzuela, de Choix. Soto Conde fue consignado recientemente. El entonces juez de Concordia, Isidro Ramírez, renunció en cuanto le fue abierta la investigación por el STJE.

El otro caso es el de Servando Murillo Cárdenas, quien fungía como juez de Elota, a quien también se le investigaba por el caso CFE, pero antes de concluir la indagatoria fue dado de baja por hallársele irregularidades graves en un juicio de tipo familiar.

Sin embargo, pese a las evidencias aportadas por el STJE, hasta el momento la acción penal se ha reducido a funcionarios de menor nivel de la Comisión Federal de Electricidad. Se presume que por el monto de las sumas pagadas debieron enterarse servidores públicos de alta jerarquía.

Por parte de la CFE han sido implicados en el escandaloso robo Martín López López, perito valuador y Francisco Ladislao Rodríguez Retes, exabogado. Alrededor de 60 empleados de la paraestatal, de la División Noroeste y oficinas centrales, siguen sujetos a investigación.

El megafraude contra la CFE se ha extendido a varios estados como Sonora, Baja California, Guerrero y Veracruz y hasta el momento 18 jueces han sido investigados.

Alguien, en las altas esferas, lo tuvo que saber: Inzunza Cázarez

El escándalo que generó el megrafraude cometido contra la Comisión Federal de Electricidad, así como el manejo desafortunado que se hizo del caso, sí golpeó la imagen del Poder Judicial en Sinaloa, acepta el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Enrique Inzunza Cázarez.

En entrevista lamenta que a pesar de haber sido este máximo tribunal el que detectó el problema y alertó sobre el mismo a la CFE y a la Procuraduría General de la República, la información se haya manejado de manera distinta.

—¿En qué momento se encienden los focos rojos en el STJE? ¿Cuando ustedes lo detectan era el momento adecuado o ya había avanzado esta confabulación contra la CFE?

—El Tribunal tiene ciertas facultades. Lo que advertimos es que había demasiados juicios de esta naturaleza, los peritos de la CFE estaban fijando en perjuicio de la propia empresa montos muy altos al momento de evaluar los precios. ¿Qué podíamos hacer? Pues dentro del marco del derecho empezamos a detener los juicios para que se hiciera la investigación con fines administrativos y sancionadores para ver si algún juez había incurrido en este tipo de conductas y destituimos a tres. Por eso llama la atención que si esto fue en febrero de 2010, dos años después descubran, como un descubrimiento y de una manera muy desafortunada manejen la información; se dijo que investigaban a 18 jueces, no se especificó si eran de Sinaloa; muchas personas asumieron que eran de Sinaloa, pero también eran de Sonora, Baja California, Guerrero, Veracruz y no sé que tantos estados más.

—Este caso va más allá de los jueces…

—Esto tiene la apariencia por las dimensiones, por los controles que parecen haberse superado, si un abogado de la CFE conoce que un juez ordenó una indemnización por 200 millones de pesos, óigame, por favor, no es cosa menor, alguien lo tuvo que saber y ahora obligan a pagar otros cincuenta millones, otros veinte, otros treinta. Alguien ahí tuvo que haber hecho algo. Esto da la sospecha de que algo estaba ahí convenido, arreglado, acordado, desde las altas esferas de la CFE. Entonces, cuando el señor secretario de la Función Pública dice que son 18 jueces, efectivamente, inclusive hay jueces federales porque muchos jueces federales conocieron este tipo de asuntos. Y muchos jueces agrarios porque esto comenzó en terrenos ejidales. Entonces, debo decirle que nosotros somos los únicos que hemos tomado medidas y ordenado destituciones por ese tipo de cosas. No he tenido noticias y ellos sabrán las consideraciones al respecto, de que los tribunales agrarios o juzgados de la Federación hayan tomado medidas.

—¿Lo que usted me está diciendo es que fue el Supremo Tribunal el que de origen detectó el problema?

—El que advirtió que se estaba generando un comportamiento atípico en las demandas que se presentaban en contra de la CFE. Es decir, de no existir ese tipo de casos, en cierto momento empezaron a proliferar. Nosotros enteramos y debo decirle que las acciones de destitución se remitieron a la PGR y básicamente las conductas que se están atribuyendo al único servidor que fungía como juez y que ha sido consignado hasta ahora lo hicieron con los elementos que nosotros les proporcionamos, como irregularidades y faltas a la legalidad en que había incurrido en el trámite procesal de esos asuntos. Ese fue el sustento para darle el encuadre de conducta penal.

—¿Este asunto de la CFE le pegó a la imagen del Poder Judicial en Sinaloa?

—Me parecería irresponsable negarlo. Por supuesto que sí, sobre todo por la profusión y el manejo que se hizo desacertado e impreciso por parte de las instituciones que dieron a conocer la información. No puntualizaron, no precisaron.

—Si ya hubo un daño para la justicia en Sinaloa, ¿es irreversible?

—Solamente con trabajo y muestras invariables de compromiso en el mejoramiento, en la transparencia, en el seguimiento, en el control, creo que estamos obligados a redoblar el esfuerzo en ese terreno. Lo estamos haciendo, en el pleno hay un convencimiento de que el Poder Judicial necesita transitar a una nueva etapa de su transformación.

—¿Hay personas o instituciones que deban enmendar, pedir disculpas al menos por los daños causados?

—La disculpa no soluciona absolutamente nada. Aquí lo que hay que hacer es cumplir la parte que le corresponde a cada institución. Nosotros estamos haciendo lo que nos atañe. Aquí la exigencia de responsabilidades, el fincamiento de responsabilidades es la lección que tenemos que dar.

El gran negocio

De acuerdo con datos de la División Noroeste de la Comisión Federal de Electricidad, las demandas por derecho de vía interpuestas contra la paraestatal iniciaron en 2004 y de ahí en adelante crecieron desmesuradamente.

Año Número de demandas

2004 4

2005 159

2006 308

2007 1,987

2008 1,162

2009 2,159

2010 2,510

2011 2,400