Editorial
En el más reciente Informe sobre finanzas y deuda pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público exhibe datos alarmantes sobre el manejo del endeudamiento gubernamental durante el sexenio de Felipe Calderón: en ese periodo la deuda interna creció en más de 2 billones de pesos –lo que equivale a un incremento de 168 por ciento– y actualmente se ubica en 3 billones 567 mil 800 millones de pesos; la externa, por su parte, registró un alza de 146.6 por ciento, al pasar de 49 mil 919.1 millones a 123 mil 100 millones de dólares. En conjunto, ambos indicadores colocan los débitos del gobierno federal en un máximo histórico de 5 billones 170 mil millones de pesos, considerando el arbitraje promedio actual de la divisa.
La difusión constituye un desmentido al “manejo responsable” de las finanzas públicas en la pasada administración federal, alegato que constituyó uno de los ejes centrales del discurso oficial, e incluso un instrumento de golpeteo político en contra de opositores partidistas: baste recordar los frecuentes reclamos y las críticas formuladas por la pasada administración federal y su partido al crecimiento de las deudas públicas en entidades y municipios gobernados por el PRI o el PRD.
Por añadidura, el desmedido enduedamiento del gobierno federal entre 2006 y 2012 es particularmente injustificable, si se toma en cuenta que dicho fenómeno no tuvo un impacto favorable en la mejora de los servicios públicos; en el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de seguridad, salud, vivienda, empleo y educación; en estímulos a la economía real y las actividades productivas, ni en mejoras a la calidad de vida de las personas. Al contrario, el referido periodo coincide con un deterioro pronunciado en las condiciones de subsistencia de las mayorías; con un alza en el déficit de empleos y un crecimiento exponencial de la informalidad; con el encarecimiento injustificable de tarifas y servicios públicos, empezando por el de los energéticos; con la persistencia del patrimonialismo y la opacidad en la conducción de los recursos públicos y con una explosión sin precedentes en la violencia, la inseguridad y los atropellos a los derechos humanos.
Por otra parte, en un momento en que el mundo parece enfilarse a nuevos abismos de debacle económica, como resultado del incremento desmedido en deudas públicas de naciones europeas y de la falta de solución al llamado “precipicio fiscal” en Estados Unidos, el crecimiento descontrolado de los débitos gubernamentales en nuestro país es un dato nada alentador. Por más que los niveles de endeudamiento gubernamental en México siga sin ser comparables con los de naciones como Grecia, España y Portugal, el desaforado crecimiento de los pasivos del gobierno, la discrecionalidad y falta de control con que se suele manejar los recursos públicos y la ausencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas hacen pensar que el país podría enfrentar en el futuro escenarios de pesadilla, similares a los que vivió en décadas pasadas o a los que padecen en estos momentos las referidas naciones europeas.
Es necesario que los encargados del manejo económico del país corrijan esa tendencia y esclarezcan plenamente las razones del crecimiento exorbitante en el endeudamiento público. De lo contrario, el próximo ciclo recesivo de la economía mundial –es un hecho que ocurrirá, tarde o temprano– se posarán sobre un país mucho más débil que el que enfrentó la última crisis financiera hace tres años, y los saldos en materia económica y social serán mucho más devastadores.
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