La Redacción Proceso
MÉXICO D.F. (apro).- Luego de que el gobierno de Felipe Calderón incumplió con la promesa de crear una base de datos de personas desaparecidas a nivel nacional, personal inconforme de la Procuraduría General de la República (PGR) filtró a tres medios de comunicación reportes internos sobre el particular con el propósito de dar a conocer a la opinión pública la magnitud del problema.
El Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica que dirige el investigador del Colegio de México y analista político, Sergio Aguayo, subió a una página de internet una de estas bases de datos –la obtenida por Los Ángeles Times– que registra 20 mil 851 casos.
Esta base de datos divulgada en la dirección de internet http://desaparecidosenmexico.wordpress.com da cuenta de que en México, de agosto de 2006 a febrero de 2012, se registraron 20 mil 851 desaparecidos, de los cuales 11 mil 201 son hombres y 8 mil 340 mujeres. Del resto no se tienen registro.
El análisis hecho por Propuesta Cívica arroja que el sector poblacional más afectado es el que comprende de los 10 a 17 años de edad. El grupo de 18 a 30 años de edad está también en mayor riesgo, ya que uno de cada cuatro reportes de desaparecidos abarcan a esta población.
Las entidades donde más se registró ese delito fueron: Distrito Federal, con 7 mil 137 reportes; Estado de México, con 2 mil 552; Jalisco, con 2 mil 177; Sinaloa, con 4 mil 434; Tamaulipas; Aguascalientes, con mil 112; Guanajuato, con 718; Nuevo León, con 672; Durango, con 628; Veracruz, con 381; Michoacán, con 319; Puebla, con 285; Chihuahua, con 275, y Coahuila, con 272.
En su informe, la organización advierte que la base cuenta con algunas inconsistencias que sobresalen en el análisis. Llama la atención, por ejemplo, que el propio gobierno de Coahuila ha reconocido que en la entidad desaparecieron más de mil 600 personas el último sexenio, y en el reporte sólo se registran 272, un número más bajo del registrado por las organizaciones de derechos humanos.
Contrasta también con el dato proporcionado por Províctima que señaló que los estados de Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, Veracruz, México son de los que recibió mayor número de denuncias por desaparición.
“En primer lugar, existen disparidades en el número o edad de los desaparecidos –en algunos estados menos de diez personas desaparecieron y en otros ningún menor de edad desapareció en un periodo de seis años–, o en la fecha de denuncia (en 2007, 16 estados no reportaron ningún desaparecido).
Son inconsistencias que no podrán aclararse hasta que la Procuraduría General de la República publique oficialmente la base de datos de desaparecidos de que los corresponsales extranjeros citan mientras que la opinión pública en México sólo tiene pequeñas dosis”, planteó el informe.
El fenómeno creció anualmente –según el registro– pero se disparó abruptamente a partir del 2009. Según los datos publicados en 2006 se registraron 46 casos; 591 en 2007; mil 619 en 2008; 2 mil 119 en 2009; 7 mil 32 en 2011 y 146 hasta febrero de 2012. De 2 mil 27 casos no se tiene fecha de desaparición.
Según la organización presidida por el investigador Sergio Aguayo, al menos tres bases de datos elaboradas por la PGR han sido filtradas a medios de comunicación. La primera, del portal electrónico Impacto, que registra 16 mil casos; la del periódico The Washington Post, con más de 25 mil; y la del periódico L.A. Times, con 20 mil 851 casos, a partir de la cual realizó un informe.
La base de datos titulada “Base integrada de personas no localizadas” fue proporcionada por la corresponsal Tracy Wilkinson, quien recibió una de las filtraciones.
Propuesta Cívica se pronunció para que el transparente los datos a fin de poder “avanzar en la consolidación de un Estado democrático y en la construcción de la memoria histórica sobre la violencia que enfrenta México”.
Aunque el gobierno de Calderón había prometido en diversas ocasiones crear un registro nacional de personas desaparecidas, ya que hasta el Grupo Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU había señalado que México debía reconocer la gravedad del problema, fue hasta marzo de este año que el Congreso aprobó la creación de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, la cual nunca se realizó.
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