Debe escucharse su voz
Martín Esparza Flores
Nuevamente sin tomar en cuenta la opinión de los directamente afectados, en este caso los miles de maestros del país, se busca en el Congreso elevar a rango constitucional los cambios anunciados en la reforma educativa que, en aras de una engañosa calidad en el aprendizaje de los alumnos y una profesionalización de los mentores, terminará por vulnerar su estabilidad en el empleo precarizando aún más su nivel de vida.
En tal sentido se pretende asestar un golpe a las normales del país, atendiendo no a las verdaderas necesidades de la educación en México sino a los dictados impuestos por organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Banco Mundial, siguiendo los pasos del modelo privatizador ya puesto en marcha en Estados Unidos y alentado por multimillonarios como Bill Gates, la familia Walton de Walmart, Eli Broad y el alcalde de New York, el magnate Michael Bloomberg, cuya intención es apoderarse del jugoso negocio de la educación pública.
Entre las recomendaciones impuestas por la OCDE en materia de educación a nuestro país se establece en su considerando “Mejorar las escuelas. Estrategias de acción en México”: “…fijar un conjunto de estándares de acreditación que deberán ser adoptados por todas las normales y demás instituciones de formación inicial docente”. La propuesta establece niveles de acreditación y la calificación no únicamente a los miembros del personal docente, de tal suerte que también impone a los estudiantes un seguimiento de evaluación y promoción para la asignación de plazas, no descartando que, cuando a juicio de la autoridad un plantel no cumpla con los niveles de eficiencia establecidos, se fusione e incluso cierre sus puertas.
Otra de las preocupantes cuestiones es que la OCDE busca implantar en materia educativa la aplicación de un “periodo de prueba” para los docentes principiantes, algo similar a los contratos de prueba ahora permitidos en la recién aprobada reforma laboral y que autoriza despedir a los aspirantes a conveniencia del patrón.
El criterio preponderante en el diseño de la supuesta panacea educativa es que los docentes no son parte prioritaria de la reforma pues se les endosa un alto costo para el presupuesto público, tal y como acontece en el modelo privatizador puesto en marcha en Estados Unidos, el cual a seis años no ha reportado resultados de aprovechamiento para los alumnos del vecino país.
Lamentable que en México se dé mayor prioridad al cumplimiento de obligaciones como el pago de los intereses de la deuda que en 2013 representará un costo superior a los 300 mil millones de pesos, que a la asignación de recursos para elevar el nivel de vida de miles de mentores.
Debe escucharse la voz de los maestros antes de que en el Congreso de la Unión se consume una nueva infamia legislativa, ahora en contra de uno de los sectores más golpeados en las últimas décadas por los gobiernos neoliberales.
Los mentores del país tienen propuestas que hacer y deben ser escuchados. Lo menos a que tienen derecho en un país donde por décadas han contribuido a educar, con el mejor de sus esfuerzos y pasión, a millones de mexicanos. Ojalá que en tan difícil trance, la izquierda no se sume dócilmente a ser comparsa de tan artero golpe a la educación en México.
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