Electricité, de Francia; Unión Fenosa e Iberdrola, de España; Mitsubishi y Mitsui, de Japón...
por Ana Luisa Guerrero
IMPACTO
Exenciones de pago de electricidad a grandes empresarios y la concesión a consorcios extranjeros como Electricité, de Francia; Unión Fenosa e Iberdrola, de España; Mitsubishi y Mitsui, de Japón, y Monsanto, de Canadá, terminaron por asfixiar a Luz y Fuerza del Centro (LyFC).
En la actualidad, este grupo tiene bajo su control el 50 por ciento del mercado de la energía de este país, violando la Carta Magna.
“Eso es lo que está atrás, es el debate que queremos abrir en el Congreso, en todos los sectores y en los medios, (pues desde) el gobierno de Vicente Fox se dieron más de 300 permisos a empresas privadas para generar la electricidad de manera ilegal”, agregó.
Con ello, además de violar el Artículo 27 Constitucional, reformado por el presidente Adolfo López Materos en 1960 para nacionalizar la industria eléctrica, se ataca la economía de los mexicanos dado que los costos se elevarán producto de la ley de la oferta y la demanda.
“El grupo de neoliberales salen a decir con leyes secundarias y por la puerta de atrás, como están acostumbrados, a decir que los productores externos no son servicio público. Con esa figura han estado entregando el sector eléctrico, cerrando plantas de generación y termoeléctricas de la CFE para dar cabida a plantas de gas de productores externos, y terminamos pagando nosotros los altos costos”, refiere.
Luego explicó de manera detallada:
“Definitivamente no fueron los trabajadores como el gobierno hizo creer. Quienes explotan, producen y venden la electricidad que le venden a la Comisión Federal de Electricidad son extranjeros”, afirmó Martín Esparza, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
Estas dos grandes fugas elevaron el déficit de 42 mil millones de pesos anuales y fue el motivo que propició la desaparición, es decir, fue culpa del gobierno federal y no de los trabajadores o de los líderes sindicales.
En entrevista para IMPACTO TV, fundamentó que violando la Constitución mexicana a través del decreto de extinción, el Presidente Felipe Calderón decidió acabar con la empresa para dejar en manos de trasnacionales la operación del servicio de energía eléctrica y la red de fibra óptica instalada.
Durante su visita el líder sindical mostró documentos que descubren cómo desde la Presidencia de la República se exentaba a grandes empresarios de sus pagos de electricidad, entre otros, los operadores de la Torre Mayor, la cadena de restaurantes Sanborns, hoteleros de la Zona Rosa y las casas de apuestas Caliente, sumando adeudos de hasta 4.4 mil millones de pesos.
Al mismo tiempo se permitió a municipios del Estado de México, Hidalgo, Morelos y Puebla mantener deudas por 7.4 mil millones de pesos por consumo de energía. Incluso, dependencias como la Secretaría de Energía y la residencia oficial de Los Pinos no cubrían sus gastos por este concepto.
‘EXENCIÓN DURANTE DÉCADAS’
Señaló que esta situación, que venía arrastrándose desde décadas atrás, provocó la asfixia a las finanzas de Luz y Fuerza, dado que el 80 por ciento de sus clientes tenían tarifa industrial y el resto doméstica, que al no pagar su consumo mermaron los ingresos de la empresa.
¿Todo lo que se dijo para la extinción es mentira?, se le cuestionó.
“Claro, no puede extinguir el Presidente un organismo público descentralizado, no tiene facultad. Podemos abrir el debate el día que quieran, incluso con el Presidente de la República, con Javier Lozano y Georgina Kessel, para demostrarle con todos los documentos que lo que dicen es mentira.
Refiere que la decisión arbitraria para desaparecer a la empresa pasó por encima de las leyes, dado que correspondía al Poder Legislativo eliminarla dado que fue el que la creó.
“Quien ordenó crear Luz y Fuerza fue el Congreso de la Unión y para extinguirla debe seguirse el mismo procedimiento; los únicos que pueden modificar la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica son los legisladores; no lo puede modificar el Presidente por un decreto”, dijo.
Incluso, cuestionó el procedimiento de extinción, pues nunca se explicó de dónde surgieron los recursos para la liquidación de los 44 mil trabajadores si no etiquetó un presupuesto para dicho fin en el ejercicio fiscal 2009.
“El único que puede reasignar presupuesto es el Congreso y no la Secretaría de Hacienda; no había presupuesto autorizado para liquidar a los trabajadores. El 8 de septiembre de 2009, el Ejecutivo mandó su Presupuesto de Egresos para 2010, contemplando para Luz y Fuerza 30 mil millones de pesos”, agrega.
‘FIBRA ÓPTICA, NEGOCIO MILLONARIO’
Martín Esparza, quien acusa ser perseguido por las autoridades judiciales, relata en entrevista con Juan Bustillos, Director General de IMPACTO, que una razón poderosa de la extinción es el millonario negocio que hay detrás de los mil 100 kilómetros de red de fibra óptica que pertenecía a LyFC.
Recuerda que estando al frente del gremio, el 12 de julio de 2009 la Junta de Gobierno de la empresa presentó una solicitud de concesión para una red pública de telecomunicaciones que permitiría, a través de una filiar de la paraestatal, brindar servicios de voz, datos, imágenes e Internet.
Así, Jorge Gutiérrez Vera, entonces director de la empresa y que hasta ahora no responde ante la opinión pública por su gestión, presentó ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones el expediente técnico, operativo, administrativo y financiero del proyecto.
“Y resulta que los estudios ni siquiera se revisaron, se quedó ahí. Pero por otro lado, había un convenio con dos empresarios que fueron secretarios de Energía en el sexenio de Vicente Fox: Ernesto Martens y Fernando Canales Clariond, que compraron la concesión de la empresa WL Telecomunicaciones con la idea de explotar la red de fibra óptica”; ello dadas las ganancias de alrededor de 100 mil millones de pesos.
Señala que este tema lo habló con el Presidente Calderón y con el secretario del Trabajo, Javier Lozano, quienes pidieron dejar que el negocio de los ex funcionarios progresara, cuando se trataba de infraestructura pública.
“Han pasado 16 meses para ir desmintiendo todo lo que le hicieron creer a los usuarios de la zona centro del país de que iba a mejorar el servicio, es mentira, son puras compañías contratistas que no tienen la pericia; han hecho un daño terrible a la industria, al comercio, hay apagones prolongados en las 26 zonas críticas”, dijo.
“Eso es lo que está atrás, es el debate que queremos abrir en el Congreso, en todos los sectores y en los medios, (pues desde) el gobierno de Vicente Fox se dieron más de 300 permisos a empresas privadas para generar la electricidad de manera ilegal”, agregó.
Con ello, además de violar el Artículo 27 Constitucional, reformado por el presidente Adolfo López Materos en 1960 para nacionalizar la industria eléctrica, se ataca la economía de los mexicanos dado que los costos se elevarán producto de la ley de la oferta y la demanda.
“El grupo de neoliberales salen a decir con leyes secundarias y por la puerta de atrás, como están acostumbrados, a decir que los productores externos no son servicio público. Con esa figura han estado entregando el sector eléctrico, cerrando plantas de generación y termoeléctricas de la CFE para dar cabida a plantas de gas de productores externos, y terminamos pagando nosotros los altos costos”, refiere.
Inclusive denuncia que el call center del 070, donde se atienden los reportes de fallas eléctricas, es operado por una empresa del magnate Carlos Slim, de quien dice es uno más de los beneficiados de la extinción.
MANTENDRÁN LA LUCHA
Con la titularidad de la toma de nota otorgada por la Secretaría del Trabajo y confiado en la resistencia pacífica de más de 17 mil electricistas, Esparza Flores advierte que su lucha persistirá hasta que sean restituidos en su fuente laboral, se reconozca su contrato colectivo de trabajo.
Además, mantendrán entre sus consignas el respeto a los derechos laborales y la autonomía sindical, en alianza con otras fuerzas, como el Sindicato Minero de Napoleón Gómez Urrutia.
“Es una lucha por nuestro empleo, porque no se privatice la electricidad y por defender el contrato colectivo. La lucha va a continuar hasta que establezca el Estado de derecho del país y se respete la autonomía sindical”.
Al ser cuestionado si teme por su seguridad ante la persecución judicial y física de la que es objeto, dice estar tranquilo, pues durante 25 años de trabajo en LyFC y seis como representante sindical no ha cometido actos ilícitos.
“Yo no he robado al Estado ni a los trabajadores, ni he faltado a mis funciones para que puedan perseguirme por un delito”, señala.
Finalmente, hizo un llamado al Presidente Calderón y a su gabinete a debatir de cara a la nación para que se argumenten las razones de la extinción de la paraestatal, a fin de que se desenmascare a quienes mienten.
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