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Quizás resulte exageradísimo el señalar que el asunto pudiera ser causa de un estallamiento social como lo afirmó en la tribuna legislativa el diputado Onésimo Serrano González, pero lo que si es indudable e innegable, es que la negligencia, mal servicio y constantes abusos por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ha llegado al límite de lo permitible y que empieza a generarse un grave conflicto, cuyos alcances no son fáciles de predecir.
Encargada del suministro de energía eléctrica a todo el país desde que en octubre del 2009 el presidente Felipe Calderón Hinojosa decretó la extensión de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (CLyFC), la paraestatal Comisión Federal de Electricidad que presume ser una empresa de clase mundial, en realidad es una firma que ofrece un servicio de tercera categoría.
Si alguien llegó a pensar que no podiamos estar peor que con la CLyFC y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), la CFE es la más clara prueba de que si puede haber un servicio pésimo y carísimo, cuya empresa a cargo además de ser abusiva, su personal arbitrario, grosero y capaz de causar un daño enorme a sus usuarios como está ocurriendo de manera especial en el Estado de Hidalgo.
De los 84 municipios de la entidad, 44 se han declarado en “rebeldía” en contra de la CFE, por el incumplimiento de convenios, los inusitados incrementos en el costo del servicio, el maltrato por parte de su personal, los cobros excesivos en los recibos, la imposición de intereses moratorios sobre deudas atrasadas –como si fuera una empresa usurera-, los arbitrarios cortes del suministro eléctrico y los constantes daños que estos generan a los equipos de bombeo que sin energía, dejan de enviar agua a las colonias y comunidades afectándose a miles de hidalguenses.
La intransigencia de la CFE para negociar los adeudos de los ayuntamientos, no solo deja sin luz y sin agua a las colonias, también pone a la población en una situación de mayor vulnerabilidad ante el crimen por la falta de alumbrado público; complica más la labor de los cuerpos de seguridad e impide el desarrollo de muchas actividades, por lo que si bien no se puede aplaudir la morosidad de los ayuntamiento, en cambio si es de reconocerse que se hayan organizado para hacer frente a la abusiva paraestatal y obligar a sus directivos a sentarse a lograr una negociación satisfactoria y benéfica para la gente.
Si exageran en la Cámara de Diputados cuando advierten de un estallido social, pero también deben advertir que los municipios están obligados a pagar un servicio por el que además le cobran a la población. Es de desearse que los legisladores asuman el papel que les corresponde e intenten ser mediadores entre los municipios y la empresa perteneciente al gobierno federal, para que más hidalguenses no se sigan quedando sin servicio de luz y agua, ni los Ayuntamientos tengan que seguir colgándose ilegalmente “con diablitos” para surtir de energía a los edificios de alcaldías y a los pozos y bombas de agua.
No es posible seguir tolerando abusos de la CFE, empresa cuyo servicio pésimo, si acaso es lo mejor que tiene que ofrecerle a los consumidores, pues entonces estamos los mexicanos condenados a seguir siendo un país tercermundista.
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