Carlos Acosta Córdova
revista proceso
MÉXICO, DF., 5 de mayo (Proceso).- Un exejecutivo de la Coca-Cola en México interpuso una demanda contra la multinacional y dio pormenores de cómo, mediante los esquemas de subcontratación (outsourcing) con empresas que ella misma fundó, evade impuestos y no paga contribuciones al IMSS ni al Infonavit. El asunto está en manos de la PGJDF y de la Secretaría de Hacienda, que podrían fincarle a la refresquera cargos por diversos tipos de fraude. Pero esa no es la única que utiliza el outsourcing para incumplir sus obligaciones... el SAT ya las investiga a todas.
Es tan grande el desfalco al fisco –más de 30 mil millones de pesos cada año– y de tal magnitud la sangría al IMSS que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda emprendió un cruzada contra las empresas que utilizan los esquemas de subcontratación (outsourcing) para evadir el pago de impuestos y achicar o no pagar las cuotas obrero-patronales al Seguro Social.
Para el fisco y el IMSS las pérdidas por esas prácticas son, en conjunto, superiores a lo que se recauda por el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), casi la décima parte de lo que se obtiene por el Impuesto Sobre la Renta (ISR) o el costo de quitarle dos puntos porcentuales a la tasa actual, 16%, del IVA.
Desde 2008 –cuando entró en vigor el IETU (medida de control para las compañías que no pagaban ISR o lo hacían en montos ínfimos) y disparó el uso del outsourcing–, Hacienda emprendió una campaña de miles de actos de fiscalización contra todo tipo de empresas: equipos de futbol, hoteles, restaurantes, agencias de publicidad, distribuidoras de automóviles, servicios de limpieza y otras.
El SAT anunció que se lanzará con todo contra los llamados “grandes contribuyentes”, aquellos que tienen más de 100 empleados.De hecho, recientemente el titular del SAT, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, dijo que la institución tiene “bajo una profunda revisión de auditoría” a 50 grandes contribuyentes que han abusado de los esquemas de outsourcing para burlar al fisco, al IMSS y hasta al Infonavit, pero también para minimizar los salarios y las prestaciones de sus trabajadores.
Sin duda uno de las casos más relevantes es el de la refresquera Coca-Cola, que ya tiene demandas laborales y penales; la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) se allega datos del SAT para formular la querella correspondiente contra la trasnacional y su sucursal en México por el probable delito de defraudación fiscal.
Al menos así consta en el oficio 529-V-DGDF-1039/2010 que el 8 de noviembre pasado la Dirección General de Delitos Fiscales de la PFF remitió a la Administración Central de Planeación y Programación de Auditoría Fiscal Federal del SAT, con copia a la Dirección de Defraudación Fiscal de la misma PFF.
En el texto, Víctor Manuel Martínez Contreras, director general de Delitos Fiscales, refiere a Rafael Jaime Cantú Reyes, administrador central de Planeación del SAT, que una vez que la dirección a su cargo analizó jurídicamente la demanda formulada por el ciudadano mexicano Ángel Alvarado Agüero –exejecutivo de Coca-Cola– podrían desprenderse “hechos posiblemente constitutivos de delito cometidos en agravio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por The Coca-Cola Export Corporation, por SIAAGSA y por The Coca-Cola Export Corporation Sucursal México”.
Martínez Contreras solicita a Cantú información en ese sentido para que la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones –de la cual depende la Dirección General de Delitos Fiscales– pueda formular “la querella que en derecho proceda”.
“Es necesario que la unidad administrativa competente del Servicio de Administración Tributaria (SAT) realice previamente el estudio y análisis técnico contable, así como que ejerza sus facultades de comprobación, con el propósito de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales relativas a las actividades realizadas” por las empresas antes mencionadas “y quien o quienes resulten responsables”.
El funcionario le pide al SAT que aplique las acciones pertinentes para revisar a fondo el cumplimiento de las obligaciones fiscales de aquéllas en los últimos años a fin de allegarse “los elementos necesarios para que la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones pueda ejercer las facultades que tiene conferidas”.
Esto significa que el SAT y los órganos competentes de la PFF, por atribuciones que les confieren el Reglamento Interior de la SHCP y el Código Fiscal de la Federación, están metidos revisando papeles, interrogando a funcionarios, verificando la operación de los sistemas y registros electrónicos… poniéndole la lupa a Coca-Cola en todo lo que tenga que ver con el pago de impuestos y cuotas al IMSS.
Coca-Cola, el paradigma
Los esquemas de subcontratación de personal –aun antes de que se conocieran con el anglicismo de outsourcing– existen en México por lo menos desde los setenta. Instituciones bancarias y de servicios fueron las primeras en usarlos: para reducir el costo de su nómina contrataban trabajadores de empresas externas para tareas específicas necesarias que no eran parte esencial de la creación del producto o la prestación del servicio básico.
Así empezaron a contratar por fuera a trabajadores de limpieza, de mantenimiento o de seguridad, entre otros. Con el paso del tiempo, y por la apertura comercial que obligaba a las empresas a ser más eficientes, reducir costos y defender su rentabilidad, los esquemas de subcontratación se ampliaron a otros rubros.
Entre ellos: soporte técnico informático a los usuarios, gestión de llamadas telefónicas (call centers), relaciones públicas con el cliente, almacenamiento y procesamiento de datos; mantenimiento de equipos de cómputo y hasta procesamiento de nóminas.
Pero en la era de la globalización, que supone una competencia feroz, el esquema empezó a pervertirse y el término outsourcing perdió su sentido original.
Una de las nuevas modalidades es que las compañías crean sus propias outsourcings y les trasladan prácticamente toda su plantilla laboral y casi toda la actividad productiva, con lo que se desentienden de salarios y prestaciones, y reducen sus obligaciones con el fisco, el IMSS y el Infonavit, pues en teoría las matrices no tienen empleados o tienen muy pocos.
El ejemplo de Coca-Cola es ilustrativo. Su modelo no es nuevo pero ha servido de ejemplo a cientos de empresas mexicanas que en los últimos años hallaron en la subcontratación la gran puerta para evadir el pago de impuestos y de contribuciones a las instituciones de seguridad social.
En 2007, Ángel Alvarado Agüero –exdirector de Desarrollo de Mercado de Coca-Cola en México y otros países y despedido presuntamente sin justificación– interpuso una denuncia por fraude ante la PGR, la Procuraduría Fiscal de la Federación, el IMSS e instancias judiciales y laborales del Distrito Federal. La historia es la siguiente:
En 1986, The Coca-Cola Export Corporation –filial de The Coca-Cola Company, la mayor refresquera del mundo– y su sucursal en México, del mismo nombre, crearon aquí Servicios Integrados de Administración y Alta Gerencia (SIAAGSA) con el fin de que ésta contrate personal, cubra salarios, expida recibos de nómina y se haga cargo de las prestaciones de los empleados de aquélla.
Así The Coca-Cola Export Corporation sucursal México –fabricante de los concentrados para la elaboración de los refrescos y que luego vende a los embotelladores– técnicamente no tiene empleados y en consecuencia no reparte utilidades y no paga impuestos (o lo hace al mínimo) ni cuotas al IMSS.
El hecho es grave pues los 85 mil trabajadores que dice tener la refresquera en el país –presume de ser el quinto empleador más grande del país– están separados jurídicamente de The Coca-Cola Export Corporation sucursal México, que es la que genera la verdadera riqueza, fundamentalmente por la venta de concentrados.
Al estar legalmente fuera de esta empresa, los empleados no ven un quinto de las utilidades reales de la compañía, sino sólo de las que genera SIAAGSA, que para efectos fiscales y laborales es ajena a Coca-Cola México, su único cliente, pero que es dirigida por los mismos ejecutivos de la refresquera.
Hacienda, el IMSS y los trabajadores ven muy poco dinero del que realmente les correspondería por los alrededor de 700 millones de dólares de utilidades que obtiene cada año Coca-Cola en México.
Si bien el esquema ha funcionado bien durante 25 años con la complacencia de las autoridades, desde hace tres años el modelo es seguido por otras compañías pero en número creciente: de menos de 3 mil empresas de outsourcing en 2006 ahora hay cerca de 20 mil, según el doctor Arturo Urbina Nandayapa, abogado fiscalista especialista en el tema, exfuncionario de Hacienda y asesor del SAT.
Por el abuso del outsourcing, dice Urbina, ha habido casos trágicos, como el de los 65 mineros de Pasta de Conchos que murieron sepultados y de los que se supo que más de la mitad no estaban contratados por Grupo México –la minera de Germán Larrea Mota Velasco– propietaria de la mina que explotó, sino por una compañía externa: General de Hulla.
Otros casos, dice, son los de las tiendas departamentales y de autoservicio que “no tienen empleados” o los contratan con salario mínimo; el resto de su remuneración, si la hay, va por cuenta de la outsourcing que les provee personal, que en la mayoría de los casos no los da de alta ante el IMSS.
O casos escandalosos como el de los clubes de futbol, cuyos jugadores –dice Urbina Nandayapa– no son empleados de la razón social del club pero reciben jugosos salarios que son cargados a cuenta de conceptos diversos, especialmente de aquellos que no son gravados por ley.
Dice Urbina –autor, entre una cincuentena de libros, de Los delitos fiscales en México y El outsourcing, kamikaze fiscal– que hay casos de jugadores de futbol que reciben hasta 4 millones de pesos al mes; en su comprobante de nómina aparece una cantidad irrisoria, pero en otro recibo aparece una abultada cifra bajo el concepto de “servicio de alimentos”.
Ha habido toda una “orgía” con el outsourcing, afirma el entrevistado. En cuatro años se ha septuplicado el número de empresas dedicadas a la subcontratación y cerca de 4 millones de mexicanos se han sumado al enorme ejército de trabajadores sin derechos, con salarios y prestaciones precarios.
El INEGI le da la razón a Urbina Nandayapa: una de las novedades de los censos económicos de 2009, divulgados el año pasado, fue que el número de personas ocupadas, pero que no dependen de la razón social que las emplea, se duplicó en cinco años.
En esa circunstancia estaban, según los resultados de los censos económicos de 2009, unas 2.8 millones de personas, casi 14% de un universo de 20 millones de ocupados. Uno de cada siete trabajadores depende de una empresa ajena a aquella en la que presta sus servicios.
Según Urbina, esas compañías pueden darse de alta con una gran variedad de figuras jurídicas: una Sociedad Anónima, como la refresquera; sociedad cooperativa, bajo el supuesto de que éstas no pagan impuestos, o como “sociedad civil particular” o “asociación colectiva”.
Hay más de 40 modalidades, según el abogado, pero en todas subyace el mismo principio de la simulación con el fin expreso de no pagar o reducir al mínimo el pago de impuestos, utilidades, cuotas al IMSS, aportaciones al Infonavit y todo tipo de prestaciones.
The Coca-Cola Company
El pasado 27 de abril tuvo lugar en Atlanta, Georgia, la asamblea anual de accionistas de The Coca-Cola Company. Muhtar Kent, presidente del Consejo de Administración y director ejecutivo de la trasnacional –opera en 200 países con más de 500 marcas– volvió a mentirle a los accionistas, como el año pasado, al insistir en que Coca-Cola está libre de demandas, acusaciones y procesos legales en diversos países o que los existentes carecen de bases.
Ray Rogers, accionista minoritario de la multinacional y fundador del sitio web killercoke.org –que denuncia los atropellos y “crímenes” de la refresquera en todo el mundo– llevó a la asamblea el caso de Alvarado Agüero, quien trabajó para SIAAGSA, para The Coca-Cola Export Corporation y su sucursal en México y para la propia The Coca-Cola Company, y quien fue despedido injustificadamente en 2007.
Al micrófono, ante un auditorio repleto de accionistas, Rogers cuestionó por qué el caso de Alvarado Agüero, que ha escalado hasta las más altas instancias judiciales y tributarias –PGR, SAT, PFF– no aparece en los reportes oficiales de la empresa de 2010 ni en el del primer trimestre de 2011, dado a conocer un día antes de la asamblea.
Y preguntó por qué no se ha informado a los accionistas sobre el caso y las investigaciones del gobierno mexicano, sobre todo porque de resultar ciertas las imputaciones de fraude contra Coca-Cola, perdería una cifra “billonaria”, dijo Rogers.
Muhtar Kent, fuera de sus casillas, repitió que no hay ningún caso fundado contra Coca-Cola en el mundo. Y menos en México, dijo, con cuyo gobierno “tenemos una excelente relación”.
Alegó que la compañía es uno de los más grandes inversionistas en México, que hace un gran trabajo comunitario y que incluso ha recibido una invitación del gobierno federal para que el Consejo de The Coca-Cola Company tenga una reunión en el país. “Todas las acusaciones son falsas y sin fundamento. Estamos muy orgullosos de nuestro trabajo en México”, dijo.
Pese a lo dicho por el directivo, Felipe Gómez Mont, abogado de Ángel Alvarado en México, asegura a Proceso que el caso sigue abierto en múltiples instancias judiciales en México porque el esquema de outsourcing de Coca-Cola tiene implicaciones fraudulentas de tipo laboral, fiscal, penal y administrativo, entre otras.
El expediente laboral 390/2007 está en proceso ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, la averiguación previa FDF/T/T2/1078/08-12 abierta por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal está integrándose y además, asegura: “Varios implicados de alto nivel de Coca-Cola, entre ellos James Quincey (presidente de Coca-Cola México cuando Alvarado demandó a la empresa), deberán presentarse a declarar en México porque así lo han ordenado perentoriamente autoridades judiciales mexicanas”.
Además el SAT revisa las entrañas de SIAAGSA y de la Coca-Cola en México, y la PFF acumula elementos para proceder en su contra. Los delitos probables: fraude fiscal calificado, fraude fiscal en evasión de impuestos por simulación de actos y de contratos y fraude por omisión en el pago de cuotas obrero-patronales al IMSS.
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