México, 29 may (PL) Unos 13 mil trabajadores despedidos y cinco mil jubilados de la empresa Luz y Fuerza, junto al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), pidieron la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para apoyar sus reclamos ante el gobierno.
PRENSA-LATINA
El Secretario General del SME, Martín Esparza, reveló hoy en conferencia de prensa que con la firma de más de 18 mil electricistas cesanteados y jubilados, ese gremio interpuso el pasado día 24 una queja contra el estado mexicano en ese organismo humanitario con sede en Washington, Estados Unidos.
Ese sindicato acudió a la Comisión Interamericana tras agotar todas las instancias nacionales y solo encontrar evasivas a lo que ellos consideran flagrantes violaciones a sus derechos humanos por el Gobierno del expresidente Felipe Calderón y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de la actual administración.
La queja, según Esparza, explica el desalojo violento de más de 44 mil trabajadores electricistas, sin haber de por medio ninguna notificación previa, ocurrido la noche del 10 de Octubre del 2009, con la publicación del decreto de extinción de la empresa Luz y Fuerza del Centro, emitido el día anterior.
Por su parte la SCJN y sus 11 ministros están acusados, añadió Esparza, de violar el derecho a un debido proceso de los trabajadores; al revocar de forma arbitraria el amparo que el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia del Trabajo le había otorgado al SME.
Esa instancia le concedía a los trabajadores despedidos injustificadamente el derecho al patrón sustituto como establece la ley, pero el SCJN les negó ese amparo.
El organismo regional humanitario decidirá, sin tiempo prefijado, sobre la admisibilidad de la queja, aunque durante todo el proceso queda abierta la posibilidad a una conciliación entre las partes.
Mientras, al decir del secretario de relaciones exteriores, Humberto Montes de Oca, el sindicato sin parar en sus reclamos, tiene previsto acudir al Parlamento Europeo y a la Organización Internacional del Trabajo.
Allí llevarán también pruebas de los "atropellos del Estado Mexicano en contra de los derechos humanos y laborales de los trabajadores mexicanos", adelantó Montes de Oca.
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