Por: Redacción / Sinembargo - mayo 27 de 2013
En marzo pasado, la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Constitución para eliminar el fuero de los servidores públicos de todos los niveles, excepto al Presidente de la República, quien es el único funcionario que mantiene intacta su inmunidad.
De esa forma, los servidores que gozan de fuero [gobernadores, secretarios de Estado, diputados, senadores, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados del Tribunal Electoral, integrantes de la Judicatura federal, legisladores locales y consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE)] pueden ser investigados como parte de un proceso penal aún cuando se encuentren en funciones. Hasta marzo pasado, la Constitución establecía que los servidores públicos que contaban con fuero no podían ser sujetos a un proceso penal sino hasta que se les despojara de su inmunidad mediante un juicio de desafuero.
Pero ese camino se allanó hace ya casi tres meses, y ahora muchos de los políticos señalados por actos de corrupción y que permanecen en la impunidad pueden ser llamados sin tanto trámite ante la ley. Uno de éstos es el Senador priista Carlos Antonio Romero Deschamps.
El líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) y su familia tienen una larga estela de denuncias.
Desde 1996 es oficialmente el encargado de dirigir ese poderoso sindicato, aunque desde 1993 asumió de forma interina la Secretaría General.
La reciente exhibición de la incalculable fortuna de Romero Deschamps y de sus hijos en los medios y las denuncias penales de los trabajadores petroleros que se oponen al líder y lo acusan de robarles cientos de millones de pesos, se han convertido en una piedra muy incómoda en los zapatos del gobierno del también priista Enrique Peña Nieto.
Aunque al principio del actual sexenio, la cúpula del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y los legisladores de ese partido cerraron filas en torno al “petrolero”, nacido en Tampico, Tamaulipas, el 17 de enero de 1943, la cadena de denuncias –que incluyen peculado y asociación delictuosa– ha provocado que paulatinamente se vayan desmarcando.
Carlos Romero, quien cobra como “obrero no especializado” en Petróleos Mexicanos (Pemex) desde 1964 pero en realidad se da una vida de sultán, ya es un talón de Aquiles para el gobierno de Peña Nieto y la credibilidad de sus promesas de transparencia y justicia se ponen en duda ante la permanencia de personajes como Romero Deschamps en la Cámara de Senadores y en el sindicato petrolero pues, a juicio de expertos y políticos opositores, el Senador es la “imagen vida de la impunidad”.
El pasado fin de semana corrió el rumor de que el Senador del PRI había sido detenido por la Procuraduría General de la República (PGR), cosa que no se confirmó. Sin embargo, fuentes del STPRM y del mismo PRI aseguran que las décadas de impunidad y abuso de Carlos Romero Deschamps están cerca.
De cara al proceso electoral del 7 de julio y a la desconfianza que se ha sembrado entre la oposición por los acuerdos en torno al Pacto por México, el Presidente Peña Nieto podría dar ese golpe en los próximos días.
Y, ojalá, que no sea sólo un asunto de efecto electorero, sino la respuesta contundente a una vieja demanda ciudadana: que de una vez por todas se aplique todo el peso de la ley para el hombre que ha usado el dinero del sindicato de Pemex con fines personales y también partidistas.
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