Guillermo Fabela - Opinión EMET | Sábado 30 Junio 2012
La firma del Pacto de Civilidad por parte de los cuatro candidatos a la
Presidencia de la República, a iniciativa del Consejo Coordinador
Empresarial, no habrá de servir de mucho si la oligarquía ligada a
poderosos intereses trasnacionales está decidida a no permitir que la
democracia se apuntale en México. Porque en el fondo del asunto no es la
voluntad de los abanderados partidistas, sino la fuerza de los
intereses creados la que determinará si se respeta o no la voluntad
popular manifestada en las urnas. Mucho menos relevancia tiene que el
Instituto Federal Electoral (IFE) haya dado su aval al documento donde
quedó sellado el compromiso, pues en los hechos ha demostrado no tener
capacidad para obligar a las dirigencias de los partidos a actuar con
estricto apego a la ley.
A lo largo de los tres meses de campaña, el IFE ha recibido cientos de
pruebas de las maniobras ilegales de coacción del voto, principalmente
por el PRI, sin que haya hecho nada efectivo por evitar estas prácticas.
La impunidad ha sido el sello distintivo del proceso, lo que demuestra
la necesidad ineludible de reformas de fondo en los órganos electorales
que garanticen plena legalidad en el quehacer de los partidos. No
avanzar en esa dirección contribuirá a que sigamos viviendo en una
simulación que frenará mínimos avances democráticos. Así no tiene
sentido destinar tan cuantiosos recursos del erario en el sostenimiento
de los órganos electorales, si a final de cuentas no sirven más que para
“legitimar” una farsa electoral que erosiona la vida cívica en su
totalidad.
Sin una plena autonomía de los órganos electorales no habrá posibilidad
de garantizar respeto a la voluntad ciudadana en las urnas. Se ha venido
caminando en reversa desde la creación del IFE en 1991, situación
inadmisible que debe ser corregida de inmediato una vez que entre en
funciones el nuevo Congreso. Con todo, lo importante es que el
Legislativo tenga la fuerza suficiente para hacer valer una auténtica
división de poderes, por encima de intereses creados, como los que ya se
prestan a actuar en contra de los intereses del país, por ejemplo la
telebancada que tiene asegurada su presencia por la vía plurinominal.
Aunque a final de cuentas lo que estará en juego los próximos años es el
futuro de México como nación soberana. Apuntalar la marcha dependerá de
que se respete el voto de las mayorías, que seguramente será a favor de
quien represente con más credibilidad la defensa de los intereses
patrios. Ya vimos cómo hace seis años fue burlada la voluntad popular,
por la firme coacción de la oligarquía, fiel aliada de grandes intereses
trasnacionales que no aceptan la posibilidad de ver reducidas sus altas
tasas de ganancias. Se impusieron los intereses creados, con un enorme
costo para el país luego de un sexenio de violencia, inseguridad y mayor
pobreza. Felipe Calderón demostró fidelidad absoluta a esos grandes
intereses, situación que no debe repetirse porque la sociedad nacional
tendría que pagar terribles consecuencias.
La situación del país no está para soportar más presiones oligárquicas
dirigidas a reducir la de por sí magra parte de la renta nacional que le
toca a las grandes mayorías. Es vital revertir esta tendencia, porque
sin una elemental justicia social no habrá posibilidades de que México
sea dueño de su destino. Se iría sumiendo cada vez más en una
descomposición irreversible que daría al traste con las instituciones
democráticas y se impondrían “soluciones” extralegales, con gran
violencia y derramamiento de sangre. Esto es lo que debiera tener muy
presente la cúpula empresarial, pues finalmente hasta ella saldría
perjudicada con un Estado de excepción.
Un verdadero Pacto de Civilidad no depende de la firma de los
candidatos, sino del compromiso de la oligarquía con el futuro del país.
En realidad, lo que tendría un valor muy trascendente en este momento
sería la firma de los grandes dirigentes de la oligarquía
comprometiéndose a no obstaculizar el desarrollo de las instituciones
democráticas. Esto sí sería una firme garantía de que el proceso
electoral del domingo se ajustaría a imperativos de limpieza,
transparencia y legalidad incuestionables. Si esto se hubiera hecho hace
seis años nos habríamos evitado enormes sufrimientos y el dramático
deterioro de las instituciones del Estado. Se actuó firmemente en
defensa de intereses creados, no de la sociedad nacional, y ya vimos lo
que ocurrió durante el sexenio más sangriento y empobrecedor de que se
tenga memoria.
Los problemas se agravaron por la incompetencia de Calderón, pero
también por la voracidad de la burocracia dorada que encabeza. Sin
embargo, tal experiencia podría incluso magnificarse aún más si no se
respeta la voluntad mayoritaria en las urnas, que seguramente será
favorable a la corriente progresista, como se evidenció durante el
transcurso de la campaña. Esto porque la gente, incluso la más
desinformada y enajenada por la televisión, no es masoquista ni suicida.
Quiere un cambio de fondo en el rumbo del país, favorable a la sociedad
en su conjunto, no sólo a una minoría que mientras más tiene más quiere
y, lo peor, que sirve sobre todo a intereses extranjeros, como lo
demostró con creces el actual “gobierno”.
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