HUAUCHINANGO, PUE.- Asesorados por abogados de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LyFC), habitantes de la junta auxiliar de Venta Grande, en Huauchinango, promoverán amparos contra el cobro de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en tanto que una brigada de agremiados al SME atenderá las fallas y posibles cortes del servicio.
Por: LETICIA ÁNIMAS VARGAS
radio expresión
Lo anterior fue acordado la tarde del sábado pasado durante una asamblea comunitaria realizada en la cancha del poblado habitado por unas mil 500 personas, ante las altas tarifas que pretende cobrar la CFE, luego de que por más de tres años no tuviera presencia ni oficinas para el pago del servicio en la región que anteriormente era atendida por Luz y Fuerza del Centro.
Desde la emisión del decreto de extinción de LyFC a la región no había llegado personal de CFE y mucha gente no ha efectuado sus pagos, porque tampoco han llegado sus recibos bimestrales. Al momento se desconoce cuántas personas están en esta situación, pero según el SME esa cifra es superior a los 2 millones debido a que atendían al Distrito Federal, una parte de los estados de Morelos, México, Hidalgo y Puebla.
Ex empleados de la empresa cerrada por el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa en octubre de 2009, que residen en la comunidad, ofrecieron tramitar quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y Juicios de Amparo contra la imposición de las tarifas calificadas como “fuera de la realidad”.
Además los ex trabajadores de Luz y Fuerza, que son miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas, formaron una brigada para atender las fallas en el servicio que se presenten en esta junta auxiliar o los eventuales cortes en el suministro de electricidad que pudiera hacer la CFE, como respuesta a la negativa de pago.
Anunciaron que se harán cargo de reparaciones como las variaciones de voltaje que, explicaron, se han presentado en la zona por la sustitución de los cables de cobre, conductores de electricidad, por unos de aluminio que “tienen menor resistencia”.
Los electricistas de LyFC dijeron que la única empresa autorizada para proveer el servicio en la zona de acuerdo con el artículo 43 del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía que establece que “el suministrador es el único facultado para vender energía destinada al servicio público previa celebración de contrato correspondiente y de acuerdo con las tarifas establecidas”.
Los pobladores se quejaron de que las irregularidades en el voltaje también se deben a la necesidad de ampliar la red eléctrica de la comunidad, pero señalaron que hasta el momento presidenta auxiliar Yolanda Hernández se ha negado a hacer alguna gestión al respecto, por lo que demandaron que exija ese servicio.
Los ex trabajadores de Luz y Fuerza indicaron que en caso de que empleados de la CFE los apremien con el pago de la energía, el usuario deberá solicitar la celebración de un nuevo contrato, situación que según los electricistas, no ocurrirá y los usuarios se beneficiarán.
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