Para la oposición magisterial no hay nada extraño en la debacle de Elba Esther Gordillo, pues con todo y las más de dos décadas de impunidad de la dirigente del SNTE, era previsible una caída de tal magnitud, habida cuenta que perdió el piso al desafiar al sistema. En entrevista con Proceso, dos de los más destacados representantes del magisterio disidente hacen los cálculos de las fabulosas cantidades de dinero que Gordillo manejó a su antojo durante todo ese tiempo.
domingo, 3 de marzo de 2013
Rosalía Vergara
El encarcelamiento de Elba Esther Gordillo Morales, acusada de disponer de dinero de procedencia ilícita y desvío de recursos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), acicateó a los dirigentes del magisterio disidente a replantear su estrategia para controlar el gremio más grande de América Latina, que durante poco más de dos décadas manejó recursos por al menos 48 mil millones de pesos tan sólo por concepto de cuotas sindicales.
Entrevistados por separado, Artemio Ortiz, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional Democrático del SNTE (CEND-SNTE), y Francisco Bravo, dirigente de la Sección IX de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), agrupaciones creadas en oposición a Gordillo, aclaran que su lucha contra la reforma educativa se mantiene y que no saldrán a las calles para apoyar a la profesora chiapaneca.
Mientras que para el CNED-SNTE la detención es una venganza política, para la CNTE es un acto de justicia que reafirmaría su validez sólo si el gobierno no impone al próximo dirigente sindical y permite a los maestros sindicalizados elegir a su secretario general.
Sin embargo, el último día de febrero, 168 de los 269 participantes en el Consejo General Extraordinario, celebrado en Guadalajara, eligieron al secretario general, Juan Díaz de la Torre, como nuevo presidente del SNTE.
Y su primera acción como presidente del gremio magisterial fue echar atrás el rechazo original de Gordillo a la reforma educativa, para la que anunció el apoyo del sindicato, pasando por alto el llamado del Consejo General Extraordinario contra esta medida publicada en el Diario Oficial de la Federación el mismo día de la aprehensión de la exdirigente sindical.
Para Ortiz y Bravo el nuevo nombramiento es otra imposición de un cacique en el SNTE por parte del gobierno. La CNTE anunció que protestará con una marcha el 5 de marzo.
“Es una imposición desde el gobierno dejando al margen a los maestros. Sólo se trata del cambio de un personaje por otro del mismo equipo. La estructura antidemocrática y de corrupción sigue intacta. Exigimos una investigación a fondo sobre las acusaciones contra Elba Esther Gordillo y castigo a todos los responsables del desfalco a las cuotas sindicales”, señala Bravo.
El fin, desactivar al magisterio
Para Ortiz el encarcelamiento de Gordillo tiene un significado: “Debilitar cualquier resistencia contra la recién promulgada reforma educativa. Quitar todo obstáculo que se oponga a sus planes. Un aparente golpe moralizador, un estado de shock como una superpantalla para encubrir lo que por atrás se hace para afectar al pueblo”.
La noticia de la detención, difundida la tarde del pasado 25 de febrero, tomó por sorpresa a Ortiz y Bravo, que esa misma noche se reunieron para redefinir su estrategia. Al día siguiente aclararon que los paros de labores de 48 horas en 22 entidades programados para el lunes 4 y el martes 5 no son para defender a Gordillo sino para protestar por la reforma educativa ante la que se interpondrán amparos masivos el viernes 15.
Presa la maestra, figura por la que nació la disidencia, Ortiz y Bravo enfocarán su lucha en evitar la aplicación de dicha reforma que, según Ortiz, tiene la finalidad de terminar con el magisterio sindicalizado:
“La caída de Elba Esther Gordillo Morales del SNTE es el final de un cacicazgo corrupto, impune y agresivo con los trabajadores de la educación pública; pero tengamos cuidado porque con esto se pretende maniatar la protesta contra la reforma educativa. El Estado se sacude un ente delictivo creado por ellos para lograr un acto no menos perverso: Desmantelar las conquistas laborales del magisterio.”
De acuerdo con su análisis, cuando Gordillo entregó la educación pública y los derechos del magisterio a los organismos financieros internacionales y recientemente a Peña Nieto, no entendió que dejaba de ser funcional para el sistema político.
Ortiz asegura que la maestra estaba presionando al gobierno con hacer que los trabajadores se rebelaran si a ella no le daban más poder político y ahora está padeciendo lo mismo que Carlos Jonguitud, a quien defenestraron en 1989 para imponer a la chiapaneca.
“Engolosinada, Gordillo intentó presionar al poder actual sin entender que las ganancias de la privatización de la educación están comprometidas ya con los empresarios y los grupos de poder.
“La detención de Gordillo, por tanto, tiene como objetivo frenar la insurgencia magisterial, desmovilizar la acción e instrumentar la política represiva del gobierno. Con el golpe de mano del Estado pretenden confirmar la pérdida de la escuela pública, la gratuidad, el conocimiento integral y conculcar los derechos laborales de los trabajadores de la educación”, indicó.
Muchos millones de pesos
Durante los más de 24 años que Gordillo dirigió el SNTE, recibió al año mil 680 millones de pesos por concepto de cuotas sindicales; en total percibió más de 40 mil millones de pesos, afirma Bravo.
Ante eso consideró que el desvío de 2 mil 600 millones de pesos que motivó su encarcelamiento “es una cantidad muy raquítica” en comparación con el dinero que manejaba cada mes. Puso como ejemplo que si los maestros aportaran un peso como cuota sindical, recibiría 1 millón 300 mil pesos (pues ese es el número de afiliados al SNTE). Y el estatuto refiere que cada uno debe aportar 1% de su salario.
A esto sumó los créditos hipotecarios entregados a la estructura sindical burocrática, la atención en hospitales y clínicas que gestionó para sus leales, a quienes les dio vivienda, plazas o ascensos; creó cacicazgos regionales y se controlaron las cuotas sindicales.
Ortiz agrega el uso del gremio para fines electorales, como en 2006, cuando apoyó a Felipe Calderón luego de que Andrés Manuel López Obrador rechazó su ayuda.
“Gordillo tenía poder económico derivado del 1% del salario que se le descuenta a los maestros por cuotas sindicales, así como por las asignaciones discrecionales de recursos a la organización y poder político que le entregó Felipe Calderón, al darle posiciones de poder a sus más cercanos colaboradores”, resalta Bravo.
En 1989 el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari la impuso en el sindicato y desde entonces Gordillo se reeligió varias veces. En 2007 se realizó la XXIII Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional del SNTE en Tijuana, para “prorrogar la gestión de la actual dirigencia sindical del SNTE por un único periodo” que primero se dijo “indefinido” pero luego se aclaró que era hasta 2012. Ahí se creó el cargo de presidenta “vitalicia” que luego fue modificado por la ilegalidad del concepto. En octubre de 2012 se reeligió hasta 2018.
Hasta entonces Gordillo había avalado las iniciativas del gobierno federal. En 2007 apoyó la reforma a la Ley del ISSSTE para modificar el régimen de pensiones de los trabajadores al servicio del Estado –como los maestros–, la cual consideró entonces el medio “para salvaguardar la viabilidad de la institución y la seguridad social de los trabajadores”.
Según un resolutivo de dicho consejo también se acordó crear “un programa extraordinario de servicios médicos para las y los trabajadores de la educación y la aplicación inmediata de los dos mil millones de pesos autorizados para el programa extraordinario de créditos complementarios, con equidad y transparencia, así como exigir al Fovissste la revisión bilateral de los mecanismos de distribución de créditos hipotecarios para garantizar transparencia y equidad”.
Por una cifra similar un juez federal giró la orden de aprehensión contra Gordillo.
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) siempre lo han manejado sus más cercanos colaboradores. En el sexenio anterior, con Josefina Vázquez Mota como secretaria de Educación Pública, se nombró subsecretario de Educación Básica a Fernando González, esposo de Maricruz Montelongo, hija de Gordillo.
A través del ISSSTE Elba Esther Gordillo controlaba los créditos hipotecarios para los trabajadores de la educación y decidía a quién se los entregaba. Sus allegados siempre tenían preferencia en la atención médica. Además entregaba prebendas a dirigentes sindicales locales, a quienes controlaba documentando sus fechorías o cobrándoles cuentas pendientes.
Ridículo desvío de fondos
En noviembre de 2002 la Fiscalía Especializada para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, la desaparecida Femospp, acusó a Gordillo y a Carlos Jonguitud de haber desviado recursos sindicales para ordenar el asesinato del maestro Misael Núñez Acosta, el 2 de febrero de 1981. Integrantes de la CNTE la acusaron además de enriquecimiento ilícito (Proceso 1360).
Durante el gobierno de Salinas de Gortari el SNTE recibió como donaciones, traspasos o comodatos más de 2 mil 800 millones de pesos en bienes inmuebles provenientes de los gobiernos federal y estatales, entre los cuales se cuentan las instalaciones del Portal del Sol de Santa Fe y la Biblioteca del Maestro. Recibió más de 965 millones de pesos para surtir sus tiendas departamentales y farmacias así como 740 millones de pesos para que estos establecimientos operaran adecuadamente. Asimismo, un apoyo de 554 millones de pesos para realizar congresos, seminarios y eventos de promoción sindical en el país o en el extranjero.
Con esos recursos sufragó la Fundación SNTE para la Cultura del Maestro y cursos de adoctrinamiento magisterial. Entre 1989 y 1994 obtuvo mil 140 millones de pesos sólo en negociaciones con los gobiernos de los estados. Y 5 mil 616 millones de pesos se destinaron exclusivamente al Colegiado de Finanzas del CEN del SNTE. En total recibió 10 mil 815 millones de pesos.
El 27 de marzo de 1990 surgió el programa Vivienda Magisterial (Vima) al que el gobierno de Salinas de Gortari le dio 498 millones de pesos depositados en el Banco Nacional de Obras y Servicios, institución que abrió una línea de crédito por 9 mil 500 millones de pesos. Cuatro años más tarde, a 15 días de dejar el poder, Salinas aprobó otra “aportación” gubernamental por 72 mil millones de pesos (Proceso 1619).
En 2003 Vima cerró sus operaciones en medio de un escándalo por sus irregularidades. Un año después se creó el Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio. Recibió más de 5 millones de pesos del gobierno de Fox en 2004 y 2005. Para 2006 el primer presidente panista autorizó que le entregaran 100 mil millones de pesos; es decir 1.1% del PIB nacional (Proceso 1619).
Para Ortiz y Bravo, el desvío de 2 mil 600 millones de pesos que motivó su encarcelamiento “es una cantidad muy raquítica” en comparación con el dinero que manejaba mes tras mes. El sindicato recibía al año poco más de mil 680 millones de pesos por concepto de cuotas sindicales. Durante los 24 años de dirigencia sindical percibió por ese concepto alrededor de 48 mil millones de pesos.
La dejaron sola
Un día después de su aprehensión, Gordillo se quedó sola. El SNTE la sustituyó la madrugada del jueves. Sus más cercanos colaboradores la abandonaron. Los integrantes de la presidencia colegiada de la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos (Fedessp), creada por un capricho de Elba Esther al amparo del sexenio foxista, guardaron silencio.
Ni la diputada federal por Nueva Alianza, Cristina Olvera Barrios, también presidenta ejecutiva del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Social; el secretario general de Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Ignacio Castillo Flores; el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Víctor Bernardo López Carranza, ni el profesor Bernardo Quezada Salas, de la sección 11 del SNTE, dijeron una palabra.
La Fedessp se creó el 27 de febrero de 2004 después de que Gordillo peleó con el todavía líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, el otra vez senador priista Joel Ayala, reelegido cuatro veces en esa central de burócratas. Aunque no figura en el directorio, Gordillo era la líder de la federación que congrega a 43 sindicatos.
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