La estrategia energética

Arnaldo Córdova 

La Jornada

Nadie acabó de entender con qué propósito Enrique Peña Nieto envió al Congreso, para su aprobación, un documento que tituló Estrategia Nacional de Energía 2013-2027”. No se trató de una iniciativa de ley, sino de un anuncio de varias iniciativas que en el rubro se enviarán próximamente al propio Congreso. Es un planteamiento más bien de diagnóstico y de programa de acción. No ofrece, a decir verdad, absolutamente nada de nuevo que no se haya ya especificado y reiterado a lo largo de por lo menos los últimos treinta años en documentos semejantes que Pemex y otras instituciones han ofrecido.

No hay ninguna novedad en el modo en que se plantean y se analizan los problemas de la producción y abasto de energéticos ni en las soluciones que, en general, siguen siendo las mismas. Puede decirse que, incluso, ni siquiera hay originalidad en el tipo de soluciones que se cifran en una mayor participación de la iniciativa privada en la economía energética, pues en este punto no sólo ha habido propuestas de participación sino acciones que han llevado a que una gran parte de nuestra producción y distribución de energéticos esté ya en manos de empresarios privados nacionales y extranjeros.

Bastaría examinar y sin mucho profundizar, cuáles son y cómo se plantean los llamados “objetivos estratégicos” del documento. Para empezar, nada nuevo se agrega cuando se afirma que el uso y suministro de energía son esenciales para las actividades productivas y que su escasez derivaría en un obstáculo para el desarrollo de la economía o bien cuando se estima que es imperativo que se identifique, anticipadamente, los requerimientos asociados al crecimiento económico y se promueva el uso eficiente de la energía. Eso ya se nos ha dicho a lo largo de los tres últimos decenios.

El primer objetivo estratégico que se plantea consiste en: “Satisfacer el abastecimiento de energía conforme a las expectativas de crecimiento económico”. No encierra ningún misterio: sólo puede haber abasto de energía si hay crecimiento económico y, particularmente, del mismo sector energético, que hoy constituye el 8 por ciento del producto interno bruto (PIB). Lo que sí es una aportación bastante peregrina es definir el PIB como “una función de capital, trabajo, tierra, materias primas, conocimientos y energía”. Tal vez los autores del documento confundieron el PIB con la producción económica.

Para encaminarse hacia el logro de este objetivo, según el documento, se requiere de inversiones y políticas de promoción, lo cual hará que la energía sirva como instrumento para la economía. El dogma es, por consecuencia: si hay inversión y promoción habrá energía para la economía. Dos tipos de medidas son necesarias para ese efecto: “Medidas para aumentar la oferta de energía y medidas para incrementar la eficiencia en el consumo de energía. Con ello, será posible alcanzar un equilibrio energético e impedir que nuestro país se encuentre en una situación de déficit energético”.

Como puede constatarse, el planteamiento es bastante chambón y simplista. Cuando se habla de inversión no se refiere a cualquier tipo de inversión, sino precisamente a la inversión privada. ¿Por qué están tan seguros los autores de que si hay inversión (privada) habrá abasto eficaz de energéticos? En otras partes del documento se hace alusión al desperdicio y al latrocinio de energía. ¿Será suficiente la inversión privada no sólo para producir los energéticos que se necesitan, sino para contrarrestar las pérdidas? Esas preguntas ni siquiera se plantean y sólo se afirma dogmáticamente.

Una línea de acción que se señala en este respecto es mantener una producción de energía primaria tal que el país mantenga su condición superavitaria y de ello se encargarán la Sener, Pemex y la CFE. Ni siquiera se supone que el grueso de la inversión tiene que ser pública, por la sencilla razón de que a Pemex, en particular, pero también a la CFE, se les proyecta reiteradamente como la caja chica del gobierno; no hay ni la más mínima alusión al cambio necesario del régimen fiscal confiscatorio de Pemex. La inversión pública debe ser la inversión de los recursos que obtiene la empresa nacional dedicados a la producción y a la distribución de energéticos. Todo apunta a la inversión exclusivamente privada.

El segundo objetivo estratégico sería: “Promover el uso eficiente de la energía en todos los sectores”. En realidad se trata de asegurar el abasto cuando el crecimiento económico cuesta más energía que hace diez años y se calcula que la demanda total de energía podría aumentar en más de 50 por ciento respecto al consumo de 2011. Y de nuevo se plantea el problema de los recursos para hacer producir más al sector energético. Se dice al respecto:

“De mantenerse las condiciones actuales, en el abasto y en el consumo, el sector enfrentará serias complicaciones para cubrir las necesidades energéticas que el país requiere para su desarrollo esperado; dado que encontrar y extraer los recursos para satisfacer la creciente demanda resulta cada vez más complejo y costoso, es previsible un impacto en el precio de los mismos”.

El documento constata como una barrera para el impulso de la eficiencia energética la poca motivación de inversionistas derivada de altos costos iniciales y beneficios dispersos a lo largo del tiempo. El problema no está, evidentemente, en buscar formas alternativas, como la señalada antes de liberar a Pemex del esquilme brutal al que está sometida para dedicar sus ingresos en lo más que se pueda a la inversión productiva. El problema, más bien, parece consistir en encontrar los medios para “motivar” a los inversionistas, por ejemplo, aumentando sus esperanzas de bajos costos y beneficios consistentes.

Otro objetivo estratégico sería: “Adecuar el acceso a la energía de acuerdo con la nueva estructura poblacional” y, otro más: “ampliar el acceso de energía a las comunidades menos favorecidas”. Las líneas de acción que se proponen no tienen desperdicio. Entre otras, se habla de generar las condiciones necesarias para promover las inversiones del sector privado en el sector energético, incluido aquel dedicado a las fuentes renovables y promover la entrada de operadores independientes en zonas no atendidas por el sector público. El último objetivo estratégico tiene que ver, precisamente, con evitar o contrarrestar el robo y el desperdicio de energéticos.

Nunca ha estado tan claro como ahora el doble objetivo de la política energética de Peña Nieto y, en general, de la derecha nacional e internacional: por un lado, mantener, tozudamente, el saqueo gubernamental de las finanzas de Pemex y, por el otro, abrir de par en par las barreras que legal y constitucionalmente existen para la inversión privada. En eso y en nada más consiste la estrategia energética del gobierno priísta.