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Periódico La Jornada
Martes 4 de febrero de 2014, p. 19
La Paz, 3 de febrero.- El Tribunal Permanente de Arbitraje con sede en La Haya ordenó al gobierno de Bolivia pagar a la empresa británica Rurelec una indemnización de 35 millones 500 mil dólares por la nacionalización de la generadora de electricidad Guarachi América Inc el primero de mayo de 2010, informó hoy la compañía.
En reacción a un comunicado de la empresa, el procurador general boliviano, Raúl Montero Lara, dijo que solicitará al tribunal “explicaciones” detalladas sobre el monto establecido como compensación, dado que desde la perspectiva gubernamental la indemnización es de sólo 28 millones de dólares más los intereses que se acumulen hasta el día de la liquidación.
El sitio oficial del tribunal en Internet no dio a conocer su resolución, a pesar de que en su lista de casos se incluye el de Guarachi América Inc.
Según Rurelec, que poseía 50.1 por ciento de las acciones de Guarachi América Inc, el veredicto es “vinculante e inapelable” y el gobierno del presidente Evo Morales debe pagar un total de 41 millones de dólares, que incluye los 35.5 millones de dólares mencionados y 5 millones 600 mil dólares por los dividendos que –asegura la compañía británica– obtuvo la empresa operadora desde mayo de 2010 hasta diciembre de 2013.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, en rueda de prensa ayer en La Paz. Al lado, David Choquehuanca, ministro del ExteriorFoto Reuters
El fallo también declaró “ilegal” la nacionalización de las acciones de la corporación británica, con base en el tratado bilateral de protección de inversiones entre Bolivia y Reino Unido, según Rurelec.
El procurador dijo que la demanda inicial de Rurelec fue de 142.9 millones de dólares, pero destacó que esa cantidad fue producto de un cálculo basado en “datos exagerados” sobre las inversiones que hizo la empresa en años anteriores a la nacionalización.
El funcionario precisó que una vez “analizado a detalle el laudo, se decidirá la próxima acción legal a seguir, conforme a las reglas del arbitraje”.
A la fecha, el gobierno boliviano libra procesos con otras tres empresas que reclaman compensaciones en diferentes tribunales internacionales por la nacionalización de sus activos.
Esas compañías son la petrolera angloargentina Pan American Energy, cuyas instalaciones fueron expropiadas en 2012; la española Abertis, que administraba aeropuertos bolivianos hasta 2013, y la minera chilena Quiborax, a la que el Estado expropió fondos en 2004, dos años antes del ascenso de Evo Morales a la presidencia.
Otras empresas nacionalizadas por Morales son Corani, subsidiaria de la francesa GDZ, y Valle Hermoso, gestionada por Bolivian Generating Group.
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