Perdieron su última carta para acabar con el sindicato
La batalla ha sido larga pero la verdadempieza a surgir ante las inconsistencias no sólo legales sino políticas.
Martín Esparza Flores | Siempre!
Al México sostenido con alfileres que deja Felipe Calderón en la agonía de su sexenio, se añade la derrota que junto con su exsecretario del Trabajo, Javier Lozano, les ha propinado en el terreno jurídico el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), donde un convaleciente Estado de derecho se asoma como la luz al final del túnel, luego de que el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia de Trabajo le otorgó mediante un fallo inapelable, el amparo que mantiene vivo su Contrato Colectivo y reconoce la existencia de un patrón sustituto, abriendo las puertas a la recontratación de los 16 mil 599 trabajadores que rechazaron liquidarse tras la extinción que fueran conculcados, bajo consigna, por la Junta Federación de Conciliación y Arbitraje (JFCA), en agosto del 2010.
La batalla ha sido larga pero la verdad empieza a surgir ante las inconsistencias no sólo legales sino políticas que motivaron a un régimen intolerante a violentar la Constitución para extinguir una empresa y un sindicato independiente y nacionalista bajo el encubierto esquema de privatizar la industria eléctrica nacional. La lista de atropellos en contra del SME comenzó a partir de la estrategia instrumentada por Javier Lozano Alarcón para entrometerse en la vida interna de nuestra organización a través de Alejandro Muñoz, el traidor al que también la ley se ha encargado de ubicar en el sitio que merece: la cárcel.
La negación de la toma de nota, primero, y la exigencia a reponer el proceso de elección después, fueron algunas de las muchas aristas del plan perverso de Calderón y Lozano para intentar acabar con nuestra organización. En ambos casos fallaron. Una y otra vez el SME les ha demostrado su fuerza como una organización sólida y unida, que practica una indiscutible democracia y transparencia sindicales. A pesar de los artificios leguleyos del gobierno de Calderón, hoy el SME tiene vigencia y registro como sindicato nacional de industria, con una representación legítima de los 26 miembros de su Comité Central y sus Comisiones Autónomas.
El motivo que en su momento argumentaron el residente y sus funcionarios para dejarnos sin nuestra fuente de empleo, un inexistente conflicto económico, fue mutado más tarde ante la JFCA con la intención de pedir la terminación de las relaciones laborales y la negación del patrón sustituto, por el de caso fortuito y causa de fuerza mayor. No es obra de la casualidad que tal planteamiento fuera desechado por los magistrados del Segundo Tribunal por carecer de la más esencial lógica jurídica.
El fallo manda al rincón de la ignominia a funcionarios como el presidente de la JFCA, Eduardo Andrade Salaverria, al secretario general de Acuerdos y Asuntos Colectivos de esa dependencia, Gary Jorge Pérez Grijalva y a incondicionales de Javier Lozano en la Secretaría del Trabajo, como el defenestrado exsubsecretario, Alvaro Castro. Ellos y muchos otros actuaron como auténticos delincuentes en contra del SME, a sabiendas de que estaban violando las leyes en la materia. Ahora deberán enfrentar el desprestigio profesional de ser tachados como funcionarios de consigna, pero también pesará en su contra el juicio de la historia.
En los próximos días habrá de publicarse el acuerdo para que la JFCA lo eleve a laudo dejando sólo dos ppciones al gobierno federal: asumir el papel de la CFE como patrón sustituto, regresando a los trabajadores del SUTERM a su anteriores áreas de trabajo —tal y como lo establece el Convenio de Delimitación de Zonas de 1985—, o dar paso a la creación de un nuevo organismo público descentralizado que supla a Luz y Fuerza.
Ambos caminos son válidos para restablecer la legalidad y el apego a lo establecido en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, restituyendo, de paso, el subsidio de las tarifas eléctricas a los más de seis millones de usuarios de la zona central del país, por ser un derecho adquirido.
Lozano y Calderón perdieron así, y para fortuna del país, su última carta para acabar con el SME y su invaluable Contrato Colectivo
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