Gloria Leticia Díaz
Proceso
MÉXICO, D.F. (apro).- Human Rights Watch (HRW) emplazó al presidente Enrique Peña Nieto a esclarecer las miles de desapariciones registradas en el país y sancionar a miembros de fuerzas de seguridad responsables de estos “horribles crímenes” ocurridos durante el gobierno de su antecesor, Felipe Calderón.En particular, la organización internacional documentó 249 desapariciones en México durante el sexenio de Calderón, de las que 149 consideró como “forzadas”, al encontrar evidencias de la participación de fuerzas de seguridad. En su informe Los desaparecidos en México: El persistente costo de una crisis ignorada, HRW advirtió que “si el gobierno de Peña Nieto repite esta estrategia fallida y no establece un plan integral y efectivo para investigar desapariciones, muy probablemente éstas continuarán en ascenso”.
Luego de considerar que en el sexenio anterior se registró “una de las peores crisis en materia de desapariciones que se hayan producido en América Latina a lo largo de su historia”, la organización recordó a Peña Nieto, en voz de su representante José Miguel Vivanco, que aun cuando estos hechos hayan ocurrido durante la administración pasada, los delitos siguen vigentes.
“Si bien es posible que las desapariciones hayan comenzado mientras Calderón estuvo en el poder, no concluyeron al finalizar su mandato”, puntualiza Vivanco al anunciar la presentación oficial del informe mañana jueves 21.
El defensor agregó que mientras miles de personas permanecen desaparecidas, “numerosos soldados y policías ocultan la verdad acerca de cuál fue su destino, y los familiares de las víctimas continúan sufriendo por no saber qué ocurrió a sus seres queridos”.
Después de lamentar esta “herencia” de Calderón, Vivanco puntualizó que pese a que la actual administración “ha anunciado medidas importantes para asistir a las víctimas, todavía debe dar los pasos necesarios para asegurar que los responsables de estos horribles crímenes sean llevados ante la justicia”.
En el reporte, HRW documenta 250 desapariciones ocurridas durante el gobierno de Felipe Calderón, de las que en 149 casos la organización “encontró pruebas contundentes de desapariciones forzadas, en las cuales tuvieron participación agentes estatales”.
Según las investigaciones de HRW, los servidores públicos involucrados en desapariciones forzadas son elementos del Ejército, la Marina, así como policías federales, estatales y municipales.
La investigación también logra identificar patrones de actuación de las Fuerzas Armadas en los 149 casos en los que lograron identificar la autoría de los agresores.
Patrón en las desapariciones
El patrón inicia con la aprehensión arbitraria “sin la correspondiente orden de detención y sin indicios suficientes que justifiquen esta medida. En muchos casos, las detenciones se llevan a cabo en la vivienda de la víctima, frente a otros familiares, mientras que en otros se producen en retenes de control, el lugar de trabajo o en establecimientos públicos como bares”.
En las capturas realizadas por soldados y policías, se agrega, los elementos iban uniformados y se trasladaban en vehículos oficiales y, cuando “los familiares de las víctimas preguntan sobre el paradero de los detenidos, en las dependencias de las fuerzas de seguridad y en el Ministerio Público les indicaban que esas personas nunca fueron detenidas”.
Hay casos, se agrega en el informe, en que “las evidencias sugieren que un cuerpo concreto de las fuerzas de seguridad efectúo múltiples desapariciones aplicando las mismas tácticas durante un periodo breve y en una misma zona”.
Entre los más graves, puntualizó HRW, se encuentran “20 desapariciones forzadas que habrían sido perpetradas por miembros de la Marina en junio y julio de 2011 en Nuevo León y Tamaulipas”, casos en los que por “el modus operandi con que se llevaron a cabo los delitos, la magnitud de los operativos y las versiones contradictorias ofrecidas por la Armada sugieren que podrían haber sido planificados y coordinados”.
También son de suma gravedad otros 60 casos en los que HRW “encontró evidencias de que agentes estatales colaboraron directamente con la delincuencia organizada para concretar la desaparición de personas y/o extorsionar a sus familiares”.
Un ejemplo de lo anterior es el caso de 19 trabajadores de la construcción detenidos por policías locales en Pesquería, Nuevo León, en mayo de 2011.
Esas personas, según confirmó HRW, fueron entregadas por la policía a la delincuencia organizada y desde entonces no se tiene información de su paradero.
Después de puntualizar que ninguno de los casos investigados por HRW ha sido esclarecido ni muchos menos los responsables castigados, la organización recordó que en noviembre pasado se filtró a los medios una lista preliminar con los nombres de 25 mil personas reportadas como desaparecidas o extraviadas desde 2006, relación elaborada por la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Gobernación (Segob).
Sobre la impunidad que cobija estos casos, la organización denunció que se debe a la frecuencia con que agentes del Ministerio Público y funcionarios de seguridad pública no inician una búsqueda oportuna ni exhaustiva de personas desaparecidas ni mucho menos se investiga a los responsables.
Peor aún, apunta, “en muchos casos estos funcionarios sugieren que las víctimas tienen la culpa de lo sucedido, e indican a los familiares que son ellos quienes tienen la responsabilidad de investigar”, además de que cuando se toman escasas acciones, “con frecuencia se ven contrarrestadas por demoras, errores y omisiones”.
De acuerdo con el balance de HRW sobre el sexenio pasado, se concluye que las medidas asumidas “fueron tardías y evidentemente inadecuadas”, toda vez que durante la mayor parte de su periodo “Calderón negó que las fuerzas de seguridad hubieran cometido violaciones de derechos humanos”.
La organización lamentó que sólo hasta el último año de su administración Calderón haya hecho un reconocimiento de la participación de agentes del Estado en abusos, pero pese a ello incumplió sus compromisos para atender la emergencia.
En el informe, en el que se destaca que la ausencia de diligencias en las investigaciones, “potencia el sufrimiento de familiares de las víctimas”, se hacen varias recomendaciones al gobierno de Peña Nieto.
Las más importantes, y que en su momento no fueron atendidas por Calderón, se refieren a la creación de una base de datos sobre personas desaparecidas y restos humanos no identificados, así como reformar el Código de Justicia Militar “para garantizar que todas las presuntas violaciones de derechos humanos, incluidas las desapariciones forzada cometidas por militares contra civiles, sean investigadas y juzgadas en la justicia penal ordinaria”.
Además, se llama a acoplar la tipificación de la desaparición forzada en la legislación federal y de los estados a los estándares internacionales de derechos humanos, así como decretar que todas las personas detenidas por cualquier autoridad sean inmediatamente presentadas ante el Ministerio Público y que por ningún motivo se traslade a los detenidos a instalaciones militares, dependencias policiales o centros de detención clandestinos.
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