22 febrero 2013 La Redacción
Proceso
MÉXICO, D.F. (apro).- En vísperas de que el gobierno de Enrique Peña Nieto divulgue la relación de desaparecidos durante el sexenio de Felipe Calderón, Amnistía Internacional advirtió que dicha medida será insuficiente si no se traduce en investigaciones que determinen “en cuáles desapariciones participaron agentes de las fuerzas armadas y policías”.
En un comunicado, la organización internacional consideró como un avance la difusión de la lista de desaparecidos al permitir “dimensionar la magnitud de este problema, el cual fue tolerado e ignorado por el gobierno federal y los gobiernos estatales durante la última administración”.
Sin embargo, Amnistía consideró necesario que las autoridades federales expliquen de qué manera esa base de datos puede convertirse en “un mecanismo eficaz para investigar las circunstancias de las desapariciones, establecer el paradero de las víctimas y llevar a los responsables ante la justicia”.
Además, calificó de “escalofriante”, la cifra estimada de 27 mil desaparecidos durante el sexenio de Calderón y reprobó que las autoridades “no hayan tomado medidas eficaces para prevenir, esclarecer o sancionar estos crímenes”.
Lo peor es, dijo, que falta por definir cuántas personas de esa relación son víctimas de desaparición forzada, es decir, de “desapariciones cometidas con la participación directa o indirecta de funcionarios públicos”.
Tras exhortar a las autoridades federales a garantizar “investigaciones imparciales y exhaustivas y que permitan determinar en cuáles desapariciones participaron agentes de las fuerzas armadas y policías”, la organización internacional consideró necesaria la participación de organizaciones sociales y de familiares de víctimas.
Explicó que “en el diseño e implementación de las medidas preventivas y las investigaciones” debe contar con la participación activa de organizaciones de familiares de desaparecidos y de derechos humanos para “garantizar su eficacia”, además de que deberán ser consideradas en el “proceso de identificación de cuerpos en fosas comunes y morgues”.
El representante de Amnistía Internacional en México, Daniel Zapico, recordó que durante los últimos seis años los familiares de las víctimas fueron “ignorados y hasta criminalizados por sus esfuerzos para obtener la verdad y justicia”.
El compromiso del gobierno de Enrique Peña Nieto de que va a actuar en consecuencia, subrayó, “deberá traducirse en una transformación total en la atención del Estado hacia las víctimas y sus familiares”.
Y puntualizó que la publicación de la relación “valdrá de poco a las familias de las víctimas en tanto no se realicen investigaciones efectivas para revelar el paradero de las víctimas y llevar ante la justicia a los responsables de estos hechos”.
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