8 diciembre 2011 | Esthela Damián Peralta | la jornada Guerrero
Un nuevo caso de corrupción quedó al descubierto recientemente en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en el cual se involucra a por lo menos 18 jueces del estado de Sinaloa y a 60 funcionarios de esa paraestatal. Todo ellos están relacionados con actos fraudulentos que habrían causado pérdidas a la Comisión por mil 320 millones de pesos por derechos de servidumbre de paso, es decir, para instalar líneas de transmisión eléctrica. Como parte de esta investigación, la PGR capturó a José Raymundo Soto Conde, juez mixto de primera instancia en Mocorito; a Francisco Ladislao Rodríguez Retes, apoderado de la CFE, y a Martín López López, perito en topografía y valuación.
Las investigaciones del caso continúan y se han extendido a otros estados del país, entre ellos Guerrero.
Las investigaciones del caso continúan y se han extendido a otros estados del país, entre ellos Guerrero.
Por lo anterior, el grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados anunció que solicitará la comparecencia del director general de la CFE, Antonio Vivanco Casamadrid.
Es de resaltar que estas irregularidades ya habían sido denunciadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la entrega del Informe de auditoría de la Cuenta Pública 2009, donde se establece que la CFE no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la gestión financiera de las erogaciones por indemnizaciones en materia de servidumbre de paso y derechos de vía.
De los resultados que arrojó la revisión destacan 11 juicios por los que se realizaron 13 pagos por más de 383 millones de pesos, mientras que en ocho más por 329 millones 782 mil pesos el personal de la CFE no contestó la demanda inicial ni compareció a ninguna de las etapas del juicio, lo que ocasionó daños al patrimonio de la Comisión.
En un litigio por 22 millones 144 mil pesos, la CFE contestó a un juzgado distinto y a una contraparte que no correspondía; y en dos juicios por casi 32 millones de pesos, no se compareció al incidente de liquidación de sentencia; en otros siete procesos por 124 millones 220 mil pesos, los apoderados legales de la Comisión contestaron la demanda inicial, pero dejaron de acudir a las subsecuentes etapas procesales. En dos juicios por cerca de 15 millones de pesos, no se desahogaron las pruebas presentadas por la paraestatal por falta de interés, y en dos casos por 20 millones 750 mil pesos no se presentaron las pruebas con las formalidades legales para la defensa de los intereses de la parte afectada.
Ya había antecedentes de estos hechos, y ahora sabemos que derivado de dichas denuncias la Secretaría de la Función Pública encontró que el monto del daño alcanza los mil 300 millones de pesos. Esta red de corrupción abarca otros estados de la República como Guerrero, donde ya se inició una investigación por el Órgano Interno de Control derivada de una situación similar que no sabemos a cuánto puede ascender el daño. Por eso queremos que acuda el director General de la CFE a la Cámara de Diputados y rinda un informe detallado sobre el tema.
Estos casos de corrupción se ven coronados con el cobro de altas tarifas eléctricas que no son producto exclusivamente de la energía generada por el servicio público, sino que también se derivan de los altos costos de interconexión de los productores independientes.
Al respecto, se ha reiterado la violación al artículo 27 constitucional donde se señala que corresponde solo a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público, por lo que no se otorgarán concesiones a los particulares.
Es un hecho innegable que, aún cuando es una de las empresas manejadas por el Estado, que llevan tradicionalmente en México el estigma de la ineficiencia y la corrupción, la CFE debiera ser una organización comprometida con la calidad, operada y dirigida por técnicos que cumplen ampliamente este principio en beneficio de los ciudadanos. En pocas palabras, esta empresa paraestatal estaría obligada a ser un ejemplo desde cualquier punto de vista, un modelo de transparencia y rendición de cuentas por su importancia en la vida diaria de todos los mexicanos, sin embargo, nuevamente se encuentra envuelta en otro escándalo de corrupción.
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