6 de diciembre de 2011 | Gabriel Xantomila / El Sol de México
Ciudad de México.- El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados solicitó la comparecencia del director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Antonio Vivanco Casamadrid, por la red de corrupción que conformaron elementos del Poder Judicial de la paraestatal, a través de la cual resolvían litigios para obligar al pago de millonarias indemnizaciones por los derechos para instalar líneas de transmisión en predios particulares.
La diputada federal Esthela Damián Peralta recordó que estas irregularidades han sido denunciadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la entrega del informe de auditoría de la Cuenta Pública 2009, donde se establece que la CFE no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la gestión financiera de las erogaciones por indemnizaciones en materia de servidumbre de paso y derechos de vía.
De los resultados que arrojó la revisión, destacó 11 juicios por los que se realizaron 13 pagos por más de 383 millones de pesos, mientras que en ocho más por 329 millones 782 mil pesos, el personal de la CFE no contestó la demanda inicial ni compareció a ninguna de las etapas del juicio, lo que ocasionó daños al patrimonio de la Comisión.
Dijo que en un litigio por 22 millones 144 mil pesos, la CFE contestó a un juzgado distinto y a una contraparte que no correspondía; y en dos juicios por casi 32 millones de pesos, no se compareció al incidente de liquidación de sentencia; en otros siete procesos por 124 millones 220 mil pesos, los apoderados legales de la CFE contestaron la demanda inicial, pero dejaron de acudir a las subsecuentes etapas procesales.
Sostuvo que en dos juicios por cerca de 15 millones de pesos, no se desahogaron las pruebas presentadas por la CFE por falta de interés, y en dos casos por 20 millones 750 mil pesos no se presentaron las pruebas con las formalidades legales para la defensa de los intereses de la paraestatal.
"Ya había antecedentes de estos hechos, y ahora sabemos que derivado de estas denuncias, la Secretaría de la Función Pública ha encontrado que el monto del daño alcanza los mil 300 millones de pesos.
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