Nuevos excluidos

Escrito por Javier González Garza (reforma.com)

Saturday, 07 de January de 2012

Nuevos excluidos voz universitaria Javier González Garza 7 Ene. 12 El conflicto de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, y las autoridades locales y federales no empezó el 12 de diciembre con el asesinato de 2 estudiantes de esa escuela, esto fue una consecuencia trágica de una serie de problemas mucho más profundos. La política gubernamental de reconversión educativa, decidida años atrás, ha determinado que escuelas de un cierto perfil no son importantes para el modelo educativo que se quiere imponer. Esa parece ser la lógica detrás del ahogo presupuestal y el olvido académico que han sufrido esas normales en los últimos años. Las Escuelas Normales Rurales se constituyeron bajo la dirección de José Vasconcelos, para formar a los nuevos maestros que harían realidad el precepto del artículo 3 constitucional: educación para todos. Ahí se ofrecía cama, comida y ropa a quienes serían los maestros de los más pobres. Las Normales Rurales han cumplido un papel social importantísimo, al llevar educación a las poblaciones más marginadas del país. Si los fines con los que fue creada la educación normal ya no fueran válidos, tendríamos que discutir muy seriamente cuál debería ser el nuevo proyecto educativo del Estado mexicano. Pero, mientras existan, las normales deben contar con recursos suficientes para cumplir a cabalidad su objetivo. El conflicto en Ayotzinapa puede escalarse aún más. Los estudiantes siguen movilizados y luego de la muerte de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús han tomado nuevas medidas, marcharon en el Distrito Federal, se entrevistaron con legisladores federales y ocuparon radiodifusoras de Chilpancingo con el propósito de dar a conocer opiniones que de otra forma no podrían difundir. Hay declaraciones en su contra y se han organizado muestras de apoyo al gobernador, que exigen la desaparición de la escuela. Hay quien incluso califica a los estudiantes como "delincuentes" sin darse cuenta de que esas generalizaciones se equiparan a las de "gobierno asesino" y, mientras no se resuelva la investigación que la CNDH está realizando, el movimiento puede radicalizarse todavía más. Desgraciadamente al gobierno federal parece no interesarle que esto se resuelva pronto. La CNDH ha informado que la SSP federal no ha proporcionado información que se pidió en torno al operativo donde murieron los estudiantes. Aún más, el 22 de diciembre la Secretaría de Gobernación se negó a recibir a la comisión de estudiantes, que vino a México a establecer un diálogo con autoridades federales. Así, parece que éste será un caso más de la exclusión social que se viene dando en el sexenio. Primero fue la desaparición de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, que dejó en la calle a 46 mil trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Como el gobierno de Calderón sigue sin cumplir con los acuerdos a los que han llegado con el SME, nos esperan jornadas de protestas, movilizaciones y plantones, por parte de este gremio y, seguro, señalados por algunas voces de estar fuera de la ley. También tenemos el caso de los 8 mil trabajadores de Mexicana de Aviación. Hemos visto cómo sus protestas y manifestaciones han enfrentado la represión absurda, sobre todo tratándose de contingentes que jamás han mostrado una actitud violenta. Hoy hay una huelga de hambre del piloto Rolando Quintana Frías. Vuelve a la discusión la corrupción de autoridades y la impunidad con que Gastón Azcárraga maniobró para quebrar a la empresa y ganar millones de dólares. Un caso diferente, también muy agudo y potencialmente problemático, es el de los excluidos por los llamados exámenes de "control de confianza". Desde hace algunos años Calderón y García Luna instrumentaron un sistema de control de confianza entre los miembros de las corporaciones policiacas y de seguridad. Los métodos y técnicas de tales evaluaciones siempre han sido poco explicados, cuando no desconocidos. Cuando alguien se presenta para ser certificado, no sabe cuánto tiempo durará el examen, tampoco se conocen los temas del mismo, los parámetros y sus límites. Al final sólo recibe, escuetamente, un "Sí" o un "No". El porcentaje de rechazados es mayor al 30%. Se trata de personas que, en muchos casos, tienen más de 10 años de ser funcionarios públicos. Estos exámenes serán aplicados a más de 500 mil personas. Por tanto, podemos esperar 150 mil despedidos por un examen que nadie sabe cómo funciona, todos con experiencia en el manejo de armas. ¿Qué sucede cuando alguien resulta no certificado?, lo inmediato es la separación del cargo y la inhabilitación para trabajar en el área de seguridad o procuración de justicia. Tratarán de integrarse en algún otra área, lo que resulta difícil dado su certificado de no confianza. Han sido excluidos y nadie se preocupa de su reincorporación a la vida laboral y social. Aparecen más dudas que certezas en el caso de tales "exámenes de confianza" no se sabe si alguna institución educativa o de investigación ha evaluado su metodología, su pertinencia y, sobre todo, la posibilidad de cometer errores y evitar corrupción en su aplicación. ¿Qué se va a hacer con los excluidos? Algunos se organizarán para protestar otros pueden radicalizarse aún más. Este problema requiere atención y sensibilidad.