Aprueban en San Lázaro la desaparición de SFP y SSP

Gobernación asume la tarea de garantizar la seguridad interior

Diputados del PT se manifiestan contra “el Estado gendarme

Roberto Garduño y Enrique Méndez

Periódico La Jornada
Viernes 23 de noviembre de 2012, p. 7

La Cámara de Diputados aprobó ayer la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con la cual desaparecen las secretarías de Seguridad Pública y de la Función Pública (SFP), y concentra en Gobernación el uso de la fuerza para garantizar la seguridad interior, así como el control del gabinete presidencial.

Asimismo, se transfieren a la Secretaría de Hacienda las atribuciones de supervisión sobre el control interno de las dependencias de la administración pública.

El PAN intentó frenar la desaparición de la SFP con el argumento de que los secretarios designarán a los auditores, lo cual contrasta con el discurso anticorrupción del próximo gobierno.

La reforma fue avalada con 333 votos de PRI, PVEM y Panal, 50 en contra y 84 abstenciones, de éstas, la mayoría de perredistas que forman parte de la corriente Nueva Izquierda.

La abstención del sol azteca se hizo más evidente cuando el pleno desechó la propuesta del PAN para no desaparecer la SFP mientras en el Senado no se aprobara la comisión anticorrupción.

En una larga jornada para discutir el dictamen que presentaron las comisiones de Gobernación y Seguridad Pública sobre la iniciativa del PRI, diputados de PAN, PRD, PT y Movimiento Ciudadano (MC) advirtieron que la reforma reditará prácticas del pasado, sobre todo las relacionadas con el uso político de la policía.

No al Estado gendarme, escribieron legisladores del PT en sendas mantas que llevaron hasta la mesa directiva, mientras el presidente de la Comisión de Gobernación, Alejandro Moreno Cárdenas (PRI), defendía la reforma. Los mensajes incluían una fotografía del rostro del presidente electo, Enrique Peña Nieto, fusionado con el del ex presidente Gustavo Díaz Ordaz.

Blindan protestas

Durante la discusión en lo particular, el PRI aceptó modificar las fracciones XVIII y XIX del artículo 27, porque la redacción del dictamen incluía el uso de la fuerza policiaca federal para disolver disturbios u otras situaciones y en las situaciones de alteraciones graves del orden público.

Como estaba planteada la fracción XVIII, explicó el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Julio César Moreno (PRD), la Secretaría de Gobernación podía intervenir contra una manifestación pública al considerar que se tratara de un disturbio.

Así podía actuar de manera discrecional contra la libre manifestación de las ideas, y de lo que se trata es de garantizar el ejercicio de las libertades y salvaguarda la manifestación pacífica y libre de las ideas, expresó.

Los diputados sólo dieron facultades a Gobernación –a la que se transfiere la Policía Federal– para “auxiliar a las autoridades federales, estatales, municipales o del Distrito Federal competentes, que soliciten apoyo… en la protección de la integridad física de las personas y la preservación de sus bienes; reforzar, cuando así se requiera o estime, la tarea policial y de seguridad de los municipios y localidades rurales y urbanas que lo requieran, e intervenir ante situaciones de peligro cuando se vean amenazados por aquellas que impliquen violencia o riesgo inminente”.

La nueva redacción, explicaron diputados del PRI, suprimió el fantasma de la represión que rondó el discurso de la izquierda.

Lilia Aguilar (PT) refirió que sus padres fueron perseguidos políticos cuando ella tenía 10 años. Los persiguió un Estado policiaco que reprimió no sólo a los padres, sino a los hijos para que no creciéramos revolucionarios.

Los diputados Rubén Camarillo (PAN), Rodrigo González Barrios (PRD), Manuel Huerta (PT) y Luisa María Alcalde (MC) alertaron sobre la concentración de funciones del próximo secretario de Gobernación.

Camarillo afirmó: no puede ser posible que ahora lo viejo pretenda ser lo nuevo. Regresarle a Gobernación ejercer el control político a través de la ley del garrote, es profundamente regresivo. Lo menos que sugiere es una vuelta al pasado totalitario e intolerante.

González Barrios indicó que con las atribuciones de auxiliar con la fuerza pública a los gobiernos federal, estatal y municipal, el titular de Gobernación prácticamente será un subcomandante de las fuerzas armadas, porque le estamos dejando el mando del Ejército y la Marina en las calles.

Manuel Huerta explicó que el término seguridad interior se encuentra en diversos artículos que hablan de las facultades de Gobernación, pero también en las atribuciones del Presidente, así como en las leyes orgánicas de la Armada y del Ejército. Este concepto no se ubica en ninguna otra ley o norma. En ese caso, la atribución del secretario de Gobernación para garantizar la seguridad interior, ¿le faculta disponer de las fuerzas armadas?, preguntó.

Tanto Huerta como el coordinador de MC afirmaron que desde ayer, en el salón de sesiones, había presuntos militares del Estado Mayor Presidencial, y el presidente en turno de la mesa directiva, Francisco Arroyo Vieyra (PRI), dijo que era personal de la empresa que instaló el tablero electrónico.

Luisa María Alcalde avivó el griterío en las filas de PRI y PVEM al citar 1984, de George Orwell. “Orwell se equivocó de año, porque aquí el big brother será Miguel Ángel Osorio Chong”, dijo.

Ante el descontento en las filas del centro del salón, devolvió: “estos que ahora llegan al poder, más bien me recuerdan tristemente La rebelión en la granja, pero con una diferencia: ustedes no van a gobernar, borregos. Se los garantizo”.