El gobierno federal ha destinado esa onerosa cantidad en la contratación de peritajes, mantenimiento de inmuebles y atención de asuntos jurídicos, entre otras tareas, informa el IFAI.
Foto: Nelly Salas/Archivo
OCUPACIÓN DE LA PARAESTATAL EN 2009.
México • El gobierno federal ha erogado más mil 800 millones de pesos en la contratación de 88 prestadores de servicios externos para la liquidación de Luz y Fuerza del Centro (LFC), los cuales se encargaron de realizar tareas como peritajes, mantenimiento de inmuebles y atención de asuntos jurídicos, entre otras cuestiones, dada la situación en que recibieron la infraestructura y administración de esa empresa.
El documento enumera que las actividades que se realizaron con estos recursos fueron: “Toma de control, puesta a disposición y balance inicial: indemnización a ex trabajadores de LFC, difusión en medios del proceso de liquidación, operación de los centros de Atención Personalizada a ex trabajadores, Call Center para la atención de ex trabajadores, atención de asuntos penales, apoyo jurídico y representación legal, servicio de contabilidad, fiscal y peritajes contables, así como los servicios básicos: vigilancia de oficinas, mantenimiento de muebles e inmuebles, agua, luz, teléfono, limpieza, fotocopiado, mensajería, combustible y papelería”.
Cabe recordar que el presidente Felipe Calderón informó que el costo que generaba la empresa durante 2009 ascendió a 42 mil millones de pesos, y que el último presupuesto destinado para su operación fue de 33 mil millones.
“El organismo enfrentaba una situación financiera insostenible, sus costos de operación eran casi del doble de sus ingresos. Este año, por ejemplo, a través de los impuestos de los mexicanos teníamos que darle a Luz y Fuerza más de 42 mil millones de pesos, además del dinero que la empresa cobraba a los usuarios a través de las tarifas de luz. Es decir, recibía una cantidad casi igual a todo lo que destinamos al combate a la pobreza a través del Programa Oportunidades, que beneficia a casi 25 millones de mexicanos que viven en pobreza extrema”, detalló el Presidente en cadena nacional la noche del 11 de octubre de 2009, cuando anunció la extinción de LFC.
Uno de los principales argumentos para proceder a la desaparición de la paraestatal fue el oneroso costo laboral, asunto que hasta el momento no ha concluido y aún se encuentra en litigio con un saldo favorable para los trabajadores.
Según otra petición al IFAI con número 0681200103411, se han pagado 79 millones 813 mil pesos a 19 despachos de abogados para responder las demandas de los ex trabajadores, quienes exigen ser recontratados y que se reconozca la figura del patrón sustituto.
A pesar de la cuantiosa suma que se entregó a dichos litigantes, el gobierno federal no logró obtener un fallo positivo de la autoridad judicial, pues el pasado septiembre el Sindicato Mexicano de Electricistas ganó el amparo por el que el tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito les otorgó el reconocimiento de sus relaciones laborales y reconoció la procedencia del patrón sustituto por parte de Comisión Federal de Electricidad (CFE), de ahí que el gobierno interpuso una solicitud de revisión, que fue admitida el pasado 29 de octubre por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Aumenta la deuda
Luego de que el líder del SME, Martín Esparza, logró obtener la toma de nota como secretario general, así como la del resto de la directiva, la organización obtuvo la representación jurídica con la que estuvo en facultades para presentar el citado amparo.
De obtener un fallo negativo en la revisión del juicio, el gobierno que encabezará Enrique Peña Nieto, deberá pagar 11 mil 638 millones de pesos en salarios caídos de tres años a los 16 mil trabajadores que conforman el grupo de Esparza.
La cifra aumentaría en caso de que los sindicalizados que cobraron su liquidación se desistieran de ello bajo el principio “irrenunciabilidad de los trabajadores”, que establece la Constitución, con lo que el gasto ascendería a 32 mil 738 millones de pesos por 43 mil 720 empleados.
Lo anterior, solo sería por concepto de salarios y prestaciones, a lo que se debe añadir la liquidación del Contrato Colectivo de Trabajo, que se calcula en más de 20 millones de pesos.
SME espera fallo positivo de la SCJN
De obtener un fallo positivo de la Suprema Corte de Justicia en la revisión del amparo por el que se reconoce la figura del patrón sustituto, el SME, que encabeza Martín Esparza, recibirá más de 300 millones de pesos por concepto de la cuota sindical de salarios caídos de 15 mil 481 trabajadores, desde octubre de 2009 a la fecha.
Según el IFAI, la nómina de trabajadores sindicalizados activos de la extinta paraestatal en 2008, último año en que se cubrieron los 12 meses, alcanzaba los 9 mil 457 millones de pesos, en tanto que el gremio recibía por concepto de cuotas sindicales 3 por ciento del salario de cada uno.
Al dividir el total de la nómina entre los 43 mil 720 agremiados, y posteriormente tomar ese promedio para los 15 mil 481 que siguen a Esparza, se obtiene que la suma que se deberá pagar al sindicato es de más de 300 millones de pesos por las cuotas.
Los recursos que recibirá el SME al obtener un fallo favorable se triplicarán en el caso de que aquellos trabajadores que cobraron su liquidación se desistan de esa acción y se sumen a la solicitud de ser recontratados, ha explicado Esparza en algunos mítines y eventos públicos. (Mariana Otero-Briz/México)
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