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Cerca de cinco mil habitantes de las 32 comunidades del municipio Zautla clausuraron la mina La Lupe concesionada a la empresa china JDC Minerales, SA de CV y dieron un ultimátum a sus empleados y ejecutivos para que en 24 horas abandonen la comunidad de Tlamanca, donde se asentaron desde agosto para iniciar trabajos de exploración.
Además mandataron a su presidente municipal, Víctor Manuel Iglecias Parra, para que niegue los permisos de cambio de uso de suelo y su conformidad para el tránsito de varias toneladas de explosivos para reiniciar la explotación en los viejos socavones de La Lupe y en el patio de la mina Armando, ubicada en la falda noreste del cerro Aquiochuish, de acuerdo con la concesión de más de 100 hectáreas de terreno que les dio el título 216370.
Este miércoles fue un día importante para los zautlecos, quienes desde las ocho de la mañana iniciaron una asamblea para tomar decisiones “irrevocables” sobre las actividades mineras: “un problema que los tiene bastante preocupados”, por eso se convocó lo mismo a las autoridades comunales que a los pobladores.
A la decisión de cerrar la mina se llegó luego de que el pasado 3 de noviembre, 240 de los 272 habitantes de Tlamanca, rechazaran su reapertura y exigieran al presidente municipal el cierre del camino público que ha servido para la entrada de maquinaria y camiones en que los mineros acarrean sus materiales a las obras que, sin los permisos de construcción, realizan ya en el cerro que aseguran les pertenece.
Por eso hoy durante la marcha al cerro, trabajadores municipales colocaron postes metálicos y una gruesa cadena para cerrar la vía y afuera de la alambrada que rodea el patio de la mina Armando, dejaron una lona impresa anunciando la clausura.
Mientras que la determinación de exigir a su alcalde que niegue los permisos que por ley le compete otorgar, se tomó este día cuando conocieron que desde el 31 de agosto pasado, DejunLiu Wang, quien se ostenta como representante legal de la JDC, pidiera al alcalde Iglecias Parra mediante un oficio que diera su conformidad para la obtención de un permiso general de consumo de explosivos para la minería.
El pasado 15 de noviembre, la JDC pidió al edil la información sobre los requisitos para el otorgamiento de un permiso de uso de suelo y construcción, a pesar de que en los hechos ya han iniciado algunas obras como la construcción de dormitorios y la apertura de caminos.
Lo anterior contradijo las declaraciones que minutos antes había hecho el representante de la empresa, el contador público Martín Gómez, quien negó que en los trabajos se fuera a usar dinamita, sustancias tóxicas como cianuro y ya, en el colmo de las excepciones, hasta agua, pues aseguró que únicamente en el “arranque utilizará mil litros del líquido vital y uno 100 diariamente”.
Los dos oficios fueron dados a conocer este día por Iglecias Parra, en presencia de los trabajadores y ejecutivos asiáticos de la minera, a los habitantes del municipio que gobierna, quienes a mano alzada y con un contundente, unísono, fuerte y definitivo grito de “no” rechazaron el proyecto minero que se pretendía abrir en su municipio.
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