Damnificados dicen que la CFE es la peor maldición que han padecido

Chiapas: víctimas de inundación y gobiernos

Sábado 12 de enero de 2013Óscar Gutiérrez Corresponsal | El Universal

TUXTLA GUTIÉRREZ

Las afectaciones por las inundaciones del río Grijalva, hace más de cinco años, en el norte de Chiapas, persisten e incrementan los daños, los riesgos e incertidumbre en una decena de poblados que exigen indemnizaciones, reactivación económica y asentamientos seguros.

Los pobladores de Tecpatán demandan al gobierno la restitución de sus viviendas, tierras de cultivo y enseres domésticos, dañados por las inundaciones de la presa Malpaso y de la zona de Juan de Grijalva, ocurridas en noviembre de 2007.

Los damnificados enfrentan además presiones por cobros de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de Hacienda estatal.

Las crecidas de aquel año obligaron el desalojo de 33 poblados y rancherías, así como el traslado de pobladores a casas de familiares y campamentos temporales.

Los moradores insisten en la recuperación de sus patrimonios arrasados por las aguas y califican como fracaso los proyectos de ciudades y villas rurales, que en su momento impulsó el ex gobernador Juan José Sabines Guerrero.

A más de cinco años de los estragos, representantes de 200 familias de Tecpatán denunciaron que en la zona aumentaron vulnerabilidad y la precariedad social y económica.

Jorge Motolinía Sánchez, uno de los voceros de los afectados, acusó que las peticiones ante las autoridades gubernamentales terminaron en reuniones y acuerdos de minutas sin resultados positivos.

Argumentó que mantienen sus reclamos por indemnización de viviendas y tierras de cultivo, ubicadas en cotas no habitables; la estrategia de gobierno empantanó la solución, “la dirección estatal de Catastro nos dijo hace seis meses que no había dinero para pagarnos”, afirmó.

Regresan al peligro

Pablo César Gómez Alfaro, responsable de la comisión de negociación y Gestoría de la Organización Proletaria Emiliano Zapata-Movimiento de Liberación Nacional (OPEZ-MLN), aseguró que 200 familias de la etnia zoque y mestizas están en situación de precariedad porque retornaron a sus casas fisuradas, tierras cultivables en riesgo, y por la falta de incentivos para la producción y reactivación económica agropecuaria.

Destacó que poblados como Los Guayabos, Rubén Jaramillo, Ricardo Flores Magón, Genaro Vázquez y Nuevo Limoncito se organizaron para el trabajo colectivo que evitó la migración de las tierras de origen.

“Los lugareños decidieron rehabilitar sus viviendas y campos ganaderos, de cultivos de maíz, frijol y frutales, a pesar de los riesgos que representa vivir en esas condiciones de vulnerabilidad”, relató el líder campesino.

Gómez Alfaro acusó a la administración de Sabines Guerrero de incumplir los proyectos habitacionales, de reubicación de comunidades movilizadas y desplazadas por las inundaciones de la presa Malpaso y el taponamiento del alto Grijalva, el cual dejó la caída de un cerro sobre el poblado Juan de Grijalva, que se saldó con la muerte de 26 lugareños, en noviembre de 2007.

“El gobierno dejó pendiente la construcción de la villa rural sustentable Emiliano Zapata en el ejido La Herradura, donde se instalarían nuestras comunidades”, lamentó.

Los damnificados aún recuerdan cómo el Grijalva se transformó de proveedor natural de tierras cultivables y peces, en zona insegura, inhabitable y riesgosa a para el trabajo.

Doña Soledad Ibánez González detesta el día que en el poblado Nuevo México, las autoridades gubernamentales derribaron su vivienda, como medida preventiva.

La mujer de 84 años de edad inició un peregrinaje de alojamiento con parientes y vecinos, que al final lo llevó a un cobertizo construido en una franja de su terreno.

“Catastro estatal y Protección Civil ordenaron derribar mi casa porque no era segura. Lo hicieron con el compromiso de pagármela de acuerdo a mi título de propiedad, pero luego rechazaron entregarme los 100 mil pesos restantes”, acusó.

Soledad sobrevive con el aprovechamiento de sus aves de corral.

A la pérdida de su vivienda se agrega un cargo de 2 mil pesos por supuesto consumo de energía eléctrica —donde hace cinco años no existe ninguna instalación— requeridos por la CFE, pese a que la paraestatal y el gobierno chiapaneco suscribieron un acuerdo de condonación por las inundaciones.

Las crecientes del Grijalva dejaron también luto en doña Soledad. “Mi hijo Isaías, que trabajaba en la reconstrucción del puente La Jovi cayó al agua y murió; me indemnizaron con 40 mil pesos, que después alguien robó de mi vivienda”, dijo

Eliodoro Jiménez vive en Nuevo Poblado El Palmar. La angustia y la impotencia lo golpean como a otras 16 familias que viven en aquella demarcación, ubicada a 6 kilómetros de la presa Malpaso, la hidroeléctrica más antigua y grande de Chiapas.

Afirmó que la CFE “es la peor maldición que padecen” desde hace 9 años cuando instaló en su terreno una torre de transmisión eléctrica.

“La colocó (la torre) en mi propiedad, sin permiso alguno, cuya base de concreto ocupa 15 metros cuadrados. Por la superficie ofrece un pago risible, pero cuando pedimos que nos dé electricidad para la comunidad nos dice que no es posible”.

Nos alumbramos con quinqués y veladoras, mientras la CFE inundó las tierras para colocar sus presas, denunció el campesino.