Revista Siempre
De acuerdo a expertos de la UNAM
Martín Esparza Flores
A sólo cuatro meses de su entrada en vigor, los estragos de la reforma laboral en contra de los derechos de los trabajadores asoman ya en la trama institucional del nuevo sexenio; la realidad supera con creces la inventada ficción oficial de que con el cambio se generarían más y mejores empleos.
Estudios de expertos en la materia de la UNAM, y hasta las cifras del propio INEGI, señalan lo contrario y demuestran que las modificaciones apoyadas por diputados y senadores respondieron sólo a los intereses de la clase empresarial, misma que ahora con la descarada complicidad de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje en los estados busca la disolución de los sindicatos.
Las repercusiones negativas apenas comienzan y de acuerdo al Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra máxima casa de estudios, alrededor de tres millones y medio de trabajadores de base en el país ya fueron despedidos de manera injustificada para ser reemplazados con nuevos empleados a los que se está enrolando mediante contratos temporales, ahora legalizados con las alteraciones impuestas a la Ley Federal del Trabajo (LFT).
El objetivo es obvio y tiende a extinguir no únicamente a los contratos colectivos, a la seguridad y prestaciones sociales, sino a los propios organismos gremiales, de tal forma que el saldo que arroja la reforma en el primer trimestre del gobierno de Enrique Peña Nieto es sencillamente adverso para los trabajadores del país, pues además son ya mil 400 empresas las que se niegan a reconocer la contratación colectiva, privilegiando la contratación individual bajo la modalidad de prestación de servicios. Las temibles outsourcings que dejan al trabajador a merced de los patrones.
Los expertos del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM destacan además que contrario a la promesa de diputados y senadores de que con la reforma mejoraría la situación de los trabajadores y se crearían más empleos, la cesantía laboral se incrementó en un 5.4 por ciento en el pasado mes de enero.
El escenario adquiere tintes alarmantes cuando se está comprobando que las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje se están transformando en auténticas aliadas y cómplices del despojo a los derechos laborales de miles de trabajadores en entidades como Michoacán, Zacatecas, Chiapas y San Luis Potosí, por citar algunos de los casos analizados por los expertos.
Las Juntas están actuando de manera oficiosa prestándose a la ilegal y sucia maniobra de dar como procedentes las demandas de nulidad, cuando lo establecido por la ley sería desecharlas.
La voz de alerta que ya han expuesto los economistas de la máxima casa de estudios debe ser motivo de obligada reflexión para que los sindicatos y la clase trabajadora del país, iniciemos un gran movimiento nacional que revierta las aberraciones cometidas por los legisladores y que están permitiendo a los empresarios colocar auténticos grilletes a sus empleados.
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