A dos años, sigue sin esclarecerse fraude por 32 mdd a CFE

Actualmente, las turbinas por las que la Comisión pagó continúan en Japón y Francia.


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Ciudad de México.- A más de dos años de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
desembolsara 32 millones de dólares como adelanto para la instalación de 3 turbinas en la 

central de Agua Prieta II, la paraestatal sigue sin turbinas, sin 
recuperar el dinero y sin nadie 
que responda por este fraude.
La compañía Mitsubishi Power Systems America, fabricante 
de los equipos, no recibió el 

pago total por los mismos y los tiene en su poder sin que se 

puedan utilizar, mientras que el 

apoderado de la empresa FGG Enterprises, proveedor de las turbinas a la CFE y que recibió 

un pago millonario, se encuentra detenido en Estados Unidos
acusado de lavado de dinero.

Los responsables directos en la CFE de la operación fraudulenta fueron Eugenio Laris Alanís, 

actual director de Proyectos de Inversión Financiada, y Alberto Ramos Elorduy, subdirector de 

Desarrollo de Proyectos, suspendido de su puesto mientras se realizan las investigaciones.

La empresa FGG, a la que la CFE ha demandado, se constituyó en el estado de Nevada el 3 

de abril de 2009, días después de que se lanzara la licitación de las turbinas, el 23 de marzo, 

lo que resultó en un contrato de 121 millones de dólares.

El fabricante de las turbinas es Mitsubishi Power Systems America, que las sigue teniendo en 

su poder.
De acuerdo con información obtenida a través de Transparencia, para recibir las turbinas 

FGG ofreció en garantía a la paraestatal una carta de crédito por 20 millones de dólares.
Sin embargo, Ramos Elorduy aceptó que en lugar de la carta de crédito se diera en garantía 

una carta prendaria de las turbinas a pesar de que aún no eran propiedad de FGG.

Adicionalmente, el 3 de marzo de 2010, Laris Alanís, superior jerárquico de Ramos, aceptó 

que el pago del anticipo a FGG se hiciera en una cuenta del First Caribbean International 

Bank, ubicado en Islas Turcas y Caicos, un paraíso fiscal del Caribe.
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del 

Sector Público, los contratos no deben modificarse para ofrecer ventaja a un proveedor.

"Las dependencias y entidades se abstendrán de hacer modificaciones que se refieran a 

precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones y, en general, cualquier cambio que 

implique otorgar condiciones más ventajosas a un proveedor comparadas con las 

establecidas originalmente", expone.
Las transferencias se hicieron el 8 de marzo de 2010 para los primeros 20 millones y el 6 de 

julio por otros 12 millones, pero Mitsubishi sólo recibió 18 millones.
Al no obtener más pagos, el fabricante se quedó con sus turbinas y éstas nunca se 

entregaron. Actualmente, esas máquinas están en Japón y Francia.
La garantía prendaria tampoco pudo hacerse efectiva ya que las turbinas nunca fueron 

propiedad de FGG, cuyo apoderado legal, quien estuvo al frente en todo el proceso, Marco 

Delgado, está preso en los Estados Unidos acusado de lavado de dinero por 600 millones de 

dólares provenientes del Cártel de los Valencia.
La CFE apenas rescindió el contrato con FGG en mayo pasado y demandó a la empresa por 

44 millones de dólares.