Detenciones y violencia injustificadas

Editorial

La Jornada

En los días posteriores al sábado primero de diciembre surgieron diversos elementos que prueban la conducta injustificada de los efectivos policiales durante la represión de las protestas por la toma de posesión de Enrique Peña Nieto como presidente, así como documentos que sugieren la connivencia entre agentes del orden y sujetos que ese día protagonizaron actos de vandalismo en el Centro Histórico de la capital: videos, testimonios, declaraciones e inconsistencias en las versiones oficiales indican, por una parte, que los cuerpos del orden actuaron en forma errática, en el menos peor de los casos;
que algunos de sus efectivos lesionaron deliberadamente a varios manifestantes; que muchas de las detenciones fueron efectuadas en forma arbitraria y sin que hubiera flagrancia, y que pudo haber una vinculación operativa perversa entre autoridades no identificadas y provocadores usados para crear un ambiente de confrontación.

De lo anterior se desprende, por una parte, que buena parte de los 67 detenidos que hasta ayer aún continuaban presos por los desmanes en el primer cuadro de la ciudad son inocentes de los cargos que se les pretende imputar y, por el otro, que existió un descontrol, un designio de atizar la violencia, o ambas cosas, en las corporaciones federal y capitalina.

Ayer, Amnistía Internacional se sumó, mediante un comunicado, a la demanda que enarbolan diversas organizaciones sociales y humanitarias del país de poner en libertad a los ciudadanos manifiestamente inocentes que fueron capturados el sábado anterior y pidió que se investiguen los excesos represivos cometidos por las fuerzas policiales.

Los reclamos resultan procedentes por cuanto muchos ciudadanos se encuentran hoy en la cárcel sin haber cometido delito alguno y en la medida en que ni las instancias federales ni las capitalinas han manifestado, hasta el momento, una intención verosímil de investigar los excesos policiales perpetrados el sábado pasado.

Justamente ayer, en momentos en que Miguel Ángel Mancera tomaba posesión como nuevo gobernante de la ciudad, familiares, amigos y compañeros de los detenidos se manifestaron afuera de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. El hecho es significativo, porque el nuevo jefe de Gobierno hereda un conflicto que deberá encarar y resolver en forma prioritaria, por cuanto la continuidad que ofreció en su discurso inaugural no debe convertirse en encubrimiento de abusos de poder.

Otro tanto ocurre con el gobierno federal que asumió el día de los hechos: el nuevo procurador, Jesús Murillo Karam, tiene ante sí la obligación legal de esclarecer las agresiones policiales que dejaron a un manifestante en estado de coma, a otro sin un ojo y a varios más con lesiones de diversa gravedad. De otra manera, los sucesos del primero de diciembre se convertirán en una marca inaugural negativa para la administración de Peña Nieto y en la confirmación de los temores externados por muchos sobre los riesgos del regreso del priísmo a la presidencia.