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La Secretaría de la Función Pública (SFP) citó a declarar a un funcionario de la Comisión Federal de Electricidad, a quien considera probable responsable del quebranto por 32 millones de dólares contra la paraestatal, por el pago de tres turbogeneradores que no nunca fueron entregados.La compañía Mitsubishi Power Systems America, fabricante de los equipos, no recibió el pago por los mismos y los tiene sin que se puedan utilizar, mientras que el apoderado de la empresa FGG Enterprises, proveedor de las turbinas a la CFE y que recibió un pago millonario, se encuentra detenido en Estados Unidos acusado de lavado de dinero.
Se trata de Ramón Antonio Fernández Velázquez, un veterano de 38 años en la CFE, que por lo menos hasta mayo pasado fungía como Coordinador de Proyectos Termoeléctricos en la Subdirección de Construcción, y quien además era Coordinador Técnico del Fideicomiso de Gastos Previos del que salieron los recursos para los pagos a la empresa FGG Enterprises.
"Usted omitió dar aviso de tales incumplimientos al Comité Técnico del Fideicomiso de Administración de Gastos Previos para que, en ejercicio de sus facultades, se procediera al cálculo de las penalizaciones correspondientes y, en su caso, a la negativa de instruir el pago comprometido con el proveedor conforme al programa de pagos acordado", señala el documento.
Antes de autorizar estos pagos, en diciembre de 2009, Fernández presentó al Comité Técnico una nota para justificar un convenio modificatorio del contrato original con FGG.
En dicho convenio, se eximió a la empresa de presentar una carta de crédito irrevocable como garantía, y a cambio se aceptó que los turbogeneradores Mitsubishi que supuestamente entregaría, quedarían en prenda como soporte en caso de incumplimiento.
El problema es que los turbogeneradores no eran propiedad de FGG, sino de Mitsubishi, que no los ha entregado a la CFE para que los instale en la planta Agua Prieta II en Sonora, porque solo recibió 18 millones de dólares.
Fue hasta mayo de 2012 cuando la CFE rescindió el contrato con FGG y demandó a esa empresa por 44 millones de dólares.
"La baja confiabilidad de la prenda con la cual se pretendió garantizar el cumplimiento de las obligaciones del contrato FAGP-001/2009, pues los bienes otorgados en garantía prendaria no eran propiedad de quien los otorgaba en tal calidad, generó que el fideicomiso y la propia Comisión Federal de Electricidad quedaran en incertidumbre jurídica para reclamar a FGG Enterprises LCC", afirmó la Contraloría.
El citatorio para que Fernández Velázquez comparezca al procedimiento de responsabilidad administrativa fue publicado hoy por edicto en el Diario Oficial de la Federación, lo que implica que el Órgano Interno de Control no ha podido ubicar al funcionario en su oficina o domicilio.
El periódico Reforma publicó hoy que el proyecto de la central de generación eléctrica Agua Prieta II, en Sonora, está abandonado por el fraude en la compra de tres turbinas.
Un campo solar, asignado a la empresa Abengoa, que debía ser entregado en abril de 2013, con 14 megawatts de capacidad, no podrá operar, pues las celdas solares tienen conexión directa con las turbinas que no han sido suministradas.
En tanto, el consorcio Sener-Elecnor tenía que entregar en los primeros meses del próximo año la obra civil que albergaría las turbinas y el cuarto de máquinas, pero, ante la falta de éstas, no se puede continuar con la construcción de la planta.
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