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La mayoría de los juicios presentandos corresponden a trabajadores del IMSS, Telmex y el SME, según funcionarios de la Judicatura Federal.
México • A unas horas de que ayer venciera el plazo para impugnar la reforma a la Ley Federal del Trabajo, la cual entró en vigor el 1 de diciembre de 2012, sumaban un millón 123 mil 887 las demandas presentadas.
Los funcionarios consultados indicaron que el millón 123 mil 883 solicitudes ingresaron a través mil 991 demandas colectivas e individuales.
El pasado domingo, el CJF escogió a los órganos que revisarán las demandas de garantías.
Los juzgados primero y segundo de distrito del centro auxiliar de la primera región, en el Distrito Federal, serán los encargados de revisar los juicios y determinar, como primer paso, si cumplen o no con los requisitos para admitirlos a trámite y posteriormente decidirlo si les concede una suspensión provisional.
Ambos órganos judiciales analizaron en 2008 las demandas de burócratas que impugnaron las modificaciones a la Ley del ISSSTE, asunto que al final terminó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a favor del instituto.
La comisión de creación de nuevos órganos del CJF, que integran César Jáuregui Robles y Daniel Cabeza de Vaca, determinó que ambos juzgados deben conocer el trámite, resolución, ejecución y cumplimiento de los juicios de amparo en los que se señale como acto reclamado, entre otros, el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.
El decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 30 de noviembre de 2012.
“Esta medida se adoptó para hacer frente a la gran cantidad de juicios de amparo indirecto que se han promovido contra las modificaciones legales contenidas en el citado decreto y su aplicación, y al aumento extraordinario en las cargas de trabajo de los órganos jurisdiccionales”, informó hace unos días el Consejo de la Judicatura.
Piden intervención de la SCJN
El legislador perredista Silvano Blanco pidió a la Suprema Corte de Justicia atraer los amparos presentados contra la reforma laboral y declarar la inconstitucionalidad de ese ordenamiento.
Al anunciar la presentación de una propuesta en ese sentido ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el diputado sostuvo que los ministros tienen la facultad de anular normas lesivas al interés general, como a su juicio son las recientes modificaciones a la Ley Federal del Trabajo.
Subrayó, además, que la eventual declaratoria general de inconstitucionalidad protegería no solo a quienes hayan promovido y obtenido el amparo de la justicia, sino también a quienes pudieran ser afectados por la reforma laboral.
En conferencia de prensa, el legislador afirmó que la solicitud a la SCJN no es un asunto menor, pues más de un millón de trabajadores se han amparado contra la reforma laboral.
Pese a ello, Blanco previó el rechazo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a su propuesta y estimó que los ministros terminarán por “hacerle el juego” al Ejecutivo. (Fernando Damián/México)
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