Trasnacionales de la electricidad en comunidades indígenas

San Luis Potosí
Según la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Federal de Electricidad en el año 2010 pagó a PIE cerca de 143 mil millones de pesos, cifra que para el 2011 ascendió a 168 mil 789 millones
19 enero 2013 

Jessica Itzel Contreras Vargas 

La Jornada del Campo

La presencia de Productores Independientes de Energía (PIE) ha aumentado desde la modificación a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en 1993, la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el impulso a la iniciativa de reforma energética en materia de petróleo e hidrocarburos de 2008.
Según la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Federal de Electricidad en el año 2010 pagó a PIE cerca de 143 mil millones de pesos, cifra que para el 2011 ascendió a 168 mil 789 millones. Estos montos representan una serie de negocios que dejan importantes ganancias a las empresas extranjeras involucradas.

De las 24 plantas que hay en el país a cargo de PIE, nueve están en la Huasteca. Son empresas como Iberdrola y Mitsubishi las de mayor expansión. Su presencia en la región responde a negocios que buscan aumentar ganancias económicas, olvidando aspectos sociales y culturales de los pueblos que son involucrados en la ejecución de Proyectos de Infraestructura Eléctrica.

La construcción de este tipo de obras en pueblos indígenas ha generado diversas problemáticas dentro de la dinámica social y cultural de los mismos, dado que no se tiene conocimiento ni respeto sobre cómo estas poblaciones viven entre sí y con su entorno. En el caso de los nahuas de Cuixcuatitla, la Central de Ciclo Combinado Tamazunchale 1 (CCC-T1) configuró un escenario de confrontaciones, sobre todo en lo referente a su forma de organización social, ya que se implantó un orden de convivencia diferente con su territorio, pues afectaron tierras de cultivo por el paso de un gasoducto.

Además, el uso de un discurso sobre “trabajo y progreso” por parte de empresarios y funcionarios de los tres niveles de gobierno, generó en los habitantes una serie de expectativas sobre el bienestar familiar; les dijeron que “se tendría trabajo en la comunidad, por lo mismo se esperaba el retorno de familiares migrantes”. Tal información no fue específica en cuanto al tiempo en que se podría ser contratado, y conforme avanzaban las obras, los trabajadores de la región y de otras partes del país fueron despedidos, al final sólo se necesitó mano de obra especializada. El periodo de “jale” no fue suficiente, según los pobladores, y las oportunidades de tener un beneficio económico por la obra disminuían al paso de la construcción, siendo esto una de las principales decepciones.

Trabajar en la obra del proyecto tampoco fue fácil, pues hubo contrariedades en cuanto a las formas de organización laboral. Se trataba de dos formas de trabajo que no siempre correspondieron con las formas de organización social, por un lado el trabajo asalariado e individual y por el otro un trabajo colectivo sin horarios ni exigencias determinadas por “códigos ni leyes de trabajo”. Esto provocó entre contratistas y trabajadores varias quejas y demandas laborales que tenían un trasfondo cultural. Por ejemplo, un habitante comentó: “no dejaron siquiera pedirle permiso a la tierra o al agua para que no se enojaran cuando la estaban revolviendo”. Esta era la explicación que los trabajadores locales tenían con respecto a los accidentes que padecieron algunos empleados de la obra. Para los contratistas no era válido y lo único que se debía hacer “era cumplir con los horarios y reglamentos que exigía la ley del trabajo, pues ésta así era y ellos no la habían inventado”, lo demás desde su perspectiva no tenía importancia. También hubo quejas por falta de pago de horas extras y por incumplimiento de acuerdos referentes a servicios de comedor, transporte, horarios de almuerzo, entre otros.

Este tipo de situaciones coexistían con una serie de faltas a las faenas y a las normas de convivencia local, había más de dos mil trabajadores foráneos que no conocían las reglas de la localidad. Aumentaron las peleas, demandas y quejas no sólo en contra de los de “afuera”, también de los mismos de Cuixcuatitla quienes pensaban “que por tener dinero con eso podían resolver los problemas, se les hacía fácil pagar, todo lo querían arreglar con dinero”. Las corruptelas aumentaron y el dinero poco a poco fue tomando mayor relevancia con respecto a las formas de atención y proceso de resolución de conflictos en el ejido, afectando las formas de organización local.

A más de cuatro años de que se inauguró la CCC-T1, las opiniones respecto al impacto que dejó la obra coinciden en que fue un proyecto que benefició sólo a los “ricos españoles”. Otros ejidatarios opinan que incitó la afectación de tierras y problemas de convivencia. Sin embargo, reconocen que este tipo de eventos permitió que “algunos”, quienes aún tienen algún apego a la tierra, reconozcan la importancia de seguir viviendo en comunidad. Otros, como los migrantes y jóvenes sin tierra opinan que la central dio la oportunidad de sacar dinero, ya sea como trabajadores o con la renta de solares, “el que quiso aprovechó, el que no, se lo tomó todo y perjudicó al ejido”. La controversia entre generaciones aún persiste, pero la labor de las autoridades ejidales ha sido demostrar que mantener su organización comunitaria permite hacer frente a este tipo de proyectos, que como sucedió en Cuixcuatitla, tienden a minimizar e ignorar las prácticas culturales de los pueblos que se ven inmersos en Proyectos de Infraestructura Eléctrica.