15 enero 2013
Eduardo Esquivel
El 11 de octubre del 2009 el gobierno de Felipe Calderón, emitió un decreto para liquidar la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), empresa que hasta ese día era la encargada de transmitir, distribuir y comercializar energía eléctrica, al Distrito Federal, así como a 80 municipios del Estado de México, dos de Puebla, dos de Morelos y 5 de Hidalgo. La empresa que sustituyó a la extinta Compañía de Luz, fue la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quedando esta como la encargada de suministrar electricidad a todo el país.
La administración de Felipe Calderón esgrimió, como principal argumento para liquidar al organismo descentralizado, el que sus ingresos por ventas entre 2003 y 2008 fueron de 235,738 millones de pesos, mientras que sus costos ascendieron a 433,290 millones de pesos (mdp), incluyendo energía comprada a la CFE.
Adicionalmente, el organismo tenía un pasivo laboral de 240, 000 mdp, de los cuales sólo 80,000 mdp correspondían a trabajadores en activo y el resto a personal jubilado, un ventajoso contrato colectivo para los trabajadores (que incluía prestaciones muy generosas para los electricistas sindicalizados), además de que el servicio que ofrecía era muy deficiente para los consumidores.
La liquidación de LyFC significó que más de 44 mil trabajadores quedaran sin empleo, emprendiendo simultáneamente una campaña de linchamiento y estigmatización de los trabajadores y su sindicato por parte de medios masivos de comunicación.
El Sindicato de Mexicano de Electricistas (SME) alega que sólo el 39 por ciento de las transferencias recibidas por el gobierno federal correspondían a cubrir sueldos, prestaciones y jubilaciones; y que las pérdidas de la compañía se debían a las descompensaciones de una electricidad que la CFE les vendía muy cara, energía que tenía la consigna de ser vendida barata y subsidiada a los grandes consumidores del centro del país.
El SME argumenta que tras la liquidación de LyFC se escondían oscuros intereses, como la firma de un contrato por parte del gobierno mexicano para que una empresa montara un cableado de fibra óptica sobre los postes de luz que pertenecían a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, en el Valle de México, donde existe la mayor concentración poblacional; lo que significa un negocio de más de 2 mil millones de dólares que bien podrían ser aprovechados por Televisa, en lo que se conoce como “triple play” en telecomunicaciones (Internet de banda ancha, televisión por cable junto con video y audio y telefonía), haciendo frente al gran monopolio de Carlos Slim, TELMEX.
El contrato de la fibra óptica está asignado y firmado desde el sexenio de Vicente Fox, sin licitación de por medio, a la empresa GTAC (que es una alianza entre Televisa, la española Telefónica, que en México es dirigida por Francisco Gil -quien curiosamente fuera secretario de hacienda en el gobierno de Vicente Fox-, y Megacable). La Auditoria Superior de la Federación (ASF), señaló en su informe del 2010 que la empresa en cuestión, no garantizo las mejores condiciones para el Estado, pues con ello, según el organismo, dejará de obtener en los 20 años que se concesionó la fibra al menos 2 mil 450 millones de pesos por los servicios de telecomunicaciones que prestó en ese año a empresas públicas y privadas.
La CFE que sustituyó a la Compañía de Luz y Fuerza y a la que la publicidad oficial del gobierno federal nombraba como “la empresa de clase mundial”, en realidad, dista de ser lo que dicha campaña alude. La Comisión Federal de Electricidad es una empresa con pasivos muy altos; solamente para el segundo trimestre del 2012, los adeudos, eran del orden 849 mil 467 millones de pesos según revela el Informe Sobre la Situación Económica de las Finanzas Públicas.
La ASF en su informe adelantado del 2011 señaló que CFE solamente utiliza el 69 por ciento de su capacidad instalada en hidroeléctricas y, en cambio, usa el 80% de la luz total que generan las empresas privadas; a través de sus plantas y termoeléctricas a base de gas natural. Estas compañías son principalmente españolas, Repsol, Iberdrola y Unión Fenosa, (que por cierto son propiedad de Juan Carlos, rey de España), son algunos ejemplos.
Las empresas españolas realizan una función que podríamos llamar de “coyotaje” con el gas natural que utilizan. Lo compran en menos de 50 centavos de dólar a Perú y lo introducen al país a 14 dólares por unidad, precio que paga la CFE, a través de los contribuyentes y usuarios que padecen las altísimas tarifas de la llamada “Empresa de Clase Mundial”.
La administración de la CFE, durante los gobiernos panistas, se caracterizó por la opacidad, la corrupción, el dispendio y el abuso que aqueja a todo el sector energético; ejemplo de estos hay muchos, como el escándalo de corrupción en que se vio envuelto el ex director de operaciones de la paraestatal eléctrica Néstor Moreno, así como la información del IFAI en donde se reveló que la compañía estatal de energía eléctrica, cobra a los usuarios de la zona fronteriza de Baja California Norte, tarifas hasta de 770 por ciento más altas que las que cobra por la exportación eléctrica. Tampoco podemos dejar de hablar del escándalo suscitado al saberse que CFE retiró la demanda por más de 105 millones de pesos en contra de la embotelladora PEPSICO, tras ser acusada de robar electricidad durante casi 4 años. No se emprenderá ninguna acción legal contra los responsables de ese ilícito, sin importar que la embotelladora reconoció el adeudo.
A más de tres años de distancia de la liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, los habitantes del Valle de México siguen teniendo un servicio muy malo, les agregó afectaciones severas; no sólo por los constantes apagones registrados durante la transición de LyFC a la CFE y por las cuantiosas pérdidas económicas y el descontrol que estas originan, sino también, por los injustificables incrementos a las tarifas eléctricas por parte de la entidad responsable de dar el servicio.
En conclusión podemos ver que el haber liquidado a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, fue una mala decisión, ya que dejó a más de 44 mil trabajadores sin empleo, con un conflicto social latente, que está muy lejos de haber concluido y el servicio que a ahora da la CFE a los consumidores del centro del país es igual de deficiente que la otra compañía, pero con el agregado de que las tarifas son más elevadas.
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