Paraestatal transgrede sus derechos laborales: CILAS
Por Guadalupe Cruz Jaimes
cimac noticias
México, DF, 18 abr 11 (CIMAC).- Este mes, especialistas en justicia laboral de México y del extranjero, miembros del Tribunal Internacional de Libertad Sindical –mecanismo de grupos civiles y académicos–, analizarán unos 50 casos que muestran el “recrudecimiento” de la violación a los derechos laborales en el país y la criminalización en contra de las y los trabajadores organizados.
Ejemplo de ello es el despido “injustificado” de Silvia Ramos Luna, activista y trabajadora de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien por organizarse sindicalmente en la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP), fue inhabilitada de sus funciones por 10 años, informó en rueda de prensa, Héctor de la Cueva, director del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS).
En 1995 Silvia Ramos fue despedida de Pemex “por órdenes superiores” —aunque ésta no es una causal de recesión— cuando formó el Sindicato de Técnicos y Profesionistas Petroleros. La trabajadora interpuso una demanda por despido injustificado que se resolvió 14 años y 8 meses después.
Regresó a laborar a la paraestatal en 2010 y el pasado 29 de marzo le informaron que quedó inhabilitada por 10 años, debido a que encontraron en internet, a través del buscador Google, declaraciones de la ingeniera en las que causaba “daño social” a Pemex, “porque habló de la privatización de la empresa”, relató Ramos Luna a Cimacnoticias.
Por este hecho, la trabajadora nuevamente levantará una demanda por despido injustificado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. También presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y prepara su caso para presentarlo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Además de Silvia Ramos, en 2008 fueron despedidos 39 trabajadoras y trabajadores. En ese año, Pemex condicionó su regreso a la empresa si renunciaban a la conformación de la UNTyPP. Diez de ellos aceptaron, el resto siguió luchando por la constitución de la Unión, la cual se logró en diciembre de 2009, cuando la Secretaría del Trabajo les otorgó la toma de nota.
Sin embargo, no han podido ejercer el derecho a la libertad sindical, ya que de los 29 trabajadores que no renunciaron a la organización sindical sólo tres fueron reinstalados, abundó.
A decir de Héctor de la Cueva, el despido de la trabajadora de Pemex muestra la obstaculización por parte de empresas y autoridades para que las y los trabajadores puedan ejercer el derecho a la libertad sindical.
Además de este caso, el Tribunal Internacional —integrado por especialistas en el tema de nueve países— revisará los conflictos laborales del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), la sección 65 del Sindicato Minero, en Cananea, Sonora, así como del que enfrentan trabajadores de Honda, la Vidriera del Potosí, Hospital Español y del call center Atento, todos relacionados con la violación a la libertad sindical.
El director de CILAS mencionó que mientras en estos casos las autoridades del Trabajo postergaron la toma de nota a las organizaciones sindicales, en enero pasado le otorgaron al diputado del Partido Acción Nacional (PAN) Valdemar Gutiérrez la toma de nota “adelantada dos años” para que lidere el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social.
En el caso del SME, señalaron, es emblemático de la criminalización que ejerce el gobierno mexicano, “recrudecida” en este último año, en contra de las y los trabajadores organizados en el país, ya que no tienen pruebas de los delitos imputados la semana pasada a 11 electricistas.
El Tribunal Internacional discutirá estos casos en una audiencia pública que se realizará el próximo 29 de abril en la Ciudad de México. Y su resolución se dará a conocer el 1 de mayo durante la conmemoración del Día Internacional del Trabajo.
También presentarán su resolución en la siguiente Conferencia Internacional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que se llevará a cabo en junio próximo, en Ginebra, Suiza. Además se presentará ante la CIDH, para solicitarle una audiencia temática.
México, DF, 18 abr 11 (CIMAC).- Este mes, especialistas en justicia laboral de México y del extranjero, miembros del Tribunal Internacional de Libertad Sindical –mecanismo de grupos civiles y académicos–, analizarán unos 50 casos que muestran el “recrudecimiento” de la violación a los derechos laborales en el país y la criminalización en contra de las y los trabajadores organizados.
Ejemplo de ello es el despido “injustificado” de Silvia Ramos Luna, activista y trabajadora de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien por organizarse sindicalmente en la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP), fue inhabilitada de sus funciones por 10 años, informó en rueda de prensa, Héctor de la Cueva, director del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS).
En 1995 Silvia Ramos fue despedida de Pemex “por órdenes superiores” —aunque ésta no es una causal de recesión— cuando formó el Sindicato de Técnicos y Profesionistas Petroleros. La trabajadora interpuso una demanda por despido injustificado que se resolvió 14 años y 8 meses después.
Regresó a laborar a la paraestatal en 2010 y el pasado 29 de marzo le informaron que quedó inhabilitada por 10 años, debido a que encontraron en internet, a través del buscador Google, declaraciones de la ingeniera en las que causaba “daño social” a Pemex, “porque habló de la privatización de la empresa”, relató Ramos Luna a Cimacnoticias.
Por este hecho, la trabajadora nuevamente levantará una demanda por despido injustificado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. También presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y prepara su caso para presentarlo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Además de Silvia Ramos, en 2008 fueron despedidos 39 trabajadoras y trabajadores. En ese año, Pemex condicionó su regreso a la empresa si renunciaban a la conformación de la UNTyPP. Diez de ellos aceptaron, el resto siguió luchando por la constitución de la Unión, la cual se logró en diciembre de 2009, cuando la Secretaría del Trabajo les otorgó la toma de nota.
Sin embargo, no han podido ejercer el derecho a la libertad sindical, ya que de los 29 trabajadores que no renunciaron a la organización sindical sólo tres fueron reinstalados, abundó.
A decir de Héctor de la Cueva, el despido de la trabajadora de Pemex muestra la obstaculización por parte de empresas y autoridades para que las y los trabajadores puedan ejercer el derecho a la libertad sindical.
Además de este caso, el Tribunal Internacional —integrado por especialistas en el tema de nueve países— revisará los conflictos laborales del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), la sección 65 del Sindicato Minero, en Cananea, Sonora, así como del que enfrentan trabajadores de Honda, la Vidriera del Potosí, Hospital Español y del call center Atento, todos relacionados con la violación a la libertad sindical.
El director de CILAS mencionó que mientras en estos casos las autoridades del Trabajo postergaron la toma de nota a las organizaciones sindicales, en enero pasado le otorgaron al diputado del Partido Acción Nacional (PAN) Valdemar Gutiérrez la toma de nota “adelantada dos años” para que lidere el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social.
En el caso del SME, señalaron, es emblemático de la criminalización que ejerce el gobierno mexicano, “recrudecida” en este último año, en contra de las y los trabajadores organizados en el país, ya que no tienen pruebas de los delitos imputados la semana pasada a 11 electricistas.
El Tribunal Internacional discutirá estos casos en una audiencia pública que se realizará el próximo 29 de abril en la Ciudad de México. Y su resolución se dará a conocer el 1 de mayo durante la conmemoración del Día Internacional del Trabajo.
También presentarán su resolución en la siguiente Conferencia Internacional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que se llevará a cabo en junio próximo, en Ginebra, Suiza. Además se presentará ante la CIDH, para solicitarle una audiencia temática.
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