Por Alberto Híjar Serrano | Machetearte 1547
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1- Pleno respeto a los derechos a la sindicalización, a la huelga, a los contratos colectivos, a la figura del patrón sustituto cuando se decrete el fin de una empresa de Estado o privada. Anulación de la toma de nota por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a cambio de la reactivación de la Procuraduría no del Trabajo sino de los Trabajadores con un consejo de dirigentes sindicales y abogados con probada militancia obrera. Su presencia en las asambleas y las votaciones y su firma en las actas respectivas será suficiente para legalizar a los comités ejecutivos.
Auditorías expeditas a las centrales sindicales y a los sindicatos empezando por el de trabajadores de la educación, petroleros, ferrocarrileros, telefonistas, mineros, trabajadores al servicio del Estado, a la par de la renuncia o desconocimiento de sus dirigentes a fin de organizar asambleas electorales prescindiendo de las candidaturas de quienes hayan ocupado cargos de dirección. Anulación de convenios y contratos bancarios como parte de la terminación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá y con otros países. Procesamiento legal a los comités ejecutivos involucrados en malversaciones de cuotas, plazas y prestaciones. Reorganización sindical por rama industrial en sustitución de las centrales espurias. Reglamentación de comisiones obreras y campesinas en la agroindustria, en las tareas de seguridad e higiene, reparto de utilidades, prestaciones, presupuestos y administración. La figura de empleado de confianza desaparecerá en la medida del reconocimiento de la antigüedad laboral para el ejercicio de plenos derechos. Reglamento de elección del Secretario del Trabajo y los Trabajadores con la participación de un consejo sindical para tal fin.
2- En materia de seguridad pública, pleno reconocimiento legal a las policías comunitarias que especialmente en la Montaña de Guerrero han logrado abatir el 90% de los delitos y cuyo ejemplo ha sido emulado en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Michoacán. Las policías comunitarias sustituirán a las policías municipales y serán financiadas con el presupuesto destinado para ellas al que se añadirá todo lo necesario para su equipamiento operativo. Se promoverán asambleas informativas de evaluación, emulación y destitución de los elementos nocivos que serán consignados penalmente si lo ameritan. Punto fundamental en estas asambleas será la denuncia precisa de los caciques locales y regionales a fin de promover la investigación de sus carreras delictivas que en muchos casos (Sosa Catalán en Hidalgo, Grupo Atlacomulco en el Estado de México, por ejemplo) vienen de tiempo atrás y han beneficiado con impunidad a no menos de cinco generaciones. En todos los reclusorios del país se hará una relación de presos sin procesar, con cargos de delitos no graves y con sentencias cumplidas, de primodelincuentes sin delitos graves, a fin de promover su liberación bajo vigilancia de las policías comunitarias. Sus fianzas serán pagadas con los bienes rescatados del crimen organizado, incluyendo los de los políticos venales. En las grandes ciudades, las organizaciones sociales serán la base para la construcción de esta práctica de seguridad. La Secretaría de Seguridad Nacional será sustituida por una Secretaría Ciudadana y Comunitaria de Seguridad Nacional sobre la base de la emulación de los mejores, que será investigada y difundida por el Instituto Nacional de Seguridad Pública que coordinará la discusión de esta problemática en los medios y en actos públicos.
3- La reforma fiscal irá a la par de la anulación del secreto bancario y financiero a fin de enlistar los movimientos de capital de los más poderosos a quienes se aplicará un tabulador de impuestos sin permitir fugas de capitales, triangulaciones financieras y exención de pagos por la vía de instituciones y eventos de aparente beneficencia social donde los más pobres cotizan para que los consorcios expropien sus aportaciones como si fueran de ellos. Bajo vigilancia de comités de trabajadores del campo y la ciudad, serán fijados los pagos por agua, energía eléctrica, usos de suelo y predial con la obligación de dar a conocer públicamente los tabuladores y atender en forma expedita las reclamaciones, todo lo cual anulará la exención de pagos y la donación de terrenos y servicios para los consorcios. Las propiedades suntuarias serán gravadas con un impuesto especial a partir de su extensión de más de 500 metros cuadrados, del número de servicios sanitarios y de la presencia de albercas y gimnasios. La extinción de dominio será programada y expuesta públicamente a fin de rematar las propiedades de los delincuentes en beneficio de un fondo para sus victimas y su descendencia. Los grandes consorcios hoteleros serán gravados con un impuesto para la conservación del ambiente y tendrán que repararlo con la vigilancia de comisiones de trabajadores del campo y la ciudad, pescadores, cuidadores de bosques y fuentes acuáticas y defensores del ambiente organizados quienes tendrán pleno apoyo legal para el cumplimiento de sus propósitos, lo cual incluye la consignación penal y el castigo de los corruptos.
4- La Ley de Cultura parece no ser prioritaria por lo que pudiera pasar desapercibida su aprobación ante la falta de representatividad de las comisiones respectivas de diputados y senadores. El gobierno insiste en orientarla hacia la sustentabilidad y, en concreto, la promoción turística que engendra reducción de la cultura a contratos y negocios de privilegiados. A cambio, los trabajadores de la cultura y los productores estéticos y científicos tendrían que organizarse más allá de intereses de gremio para participar en la organización de presupuestos, la desconexión con el contratismo empresarial y la industria del espectáculo, la preservación de sus memorias históricas con instalaciones y personal preparado, todo con la vigilancia de consejos electos en asambleas democráticas a fin de evitar nombramientos oficiales antojadizos de impreparados e improvisadas.
De estrategia integral habla Calderón. He aquí una muestra de cómo llevarla a la práctica sin reproducir los privilegios y la impunidad características de una clase mundial objetada por decenas de miles de indignados anticapitalistas en todas partes. Basta de programas mínimos y de alianzas oportunistas de espalda a las urgencias de solución profunda de la crisis.
1- Pleno respeto a los derechos a la sindicalización, a la huelga, a los contratos colectivos, a la figura del patrón sustituto cuando se decrete el fin de una empresa de Estado o privada. Anulación de la toma de nota por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a cambio de la reactivación de la Procuraduría no del Trabajo sino de los Trabajadores con un consejo de dirigentes sindicales y abogados con probada militancia obrera. Su presencia en las asambleas y las votaciones y su firma en las actas respectivas será suficiente para legalizar a los comités ejecutivos.Auditorías expeditas a las centrales sindicales y a los sindicatos empezando por el de trabajadores de la educación, petroleros, ferrocarrileros, telefonistas, mineros, trabajadores al servicio del Estado, a la par de la renuncia o desconocimiento de sus dirigentes a fin de organizar asambleas electorales prescindiendo de las candidaturas de quienes hayan ocupado cargos de dirección. Anulación de convenios y contratos bancarios como parte de la terminación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá y con otros países. Procesamiento legal a los comités ejecutivos involucrados en malversaciones de cuotas, plazas y prestaciones. Reorganización sindical por rama industrial en sustitución de las centrales espurias. Reglamentación de comisiones obreras y campesinas en la agroindustria, en las tareas de seguridad e higiene, reparto de utilidades, prestaciones, presupuestos y administración. La figura de empleado de confianza desaparecerá en la medida del reconocimiento de la antigüedad laboral para el ejercicio de plenos derechos. Reglamento de elección del Secretario del Trabajo y los Trabajadores con la participación de un consejo sindical para tal fin.
2- En materia de seguridad pública, pleno reconocimiento legal a las policías comunitarias que especialmente en la Montaña de Guerrero han logrado abatir el 90% de los delitos y cuyo ejemplo ha sido emulado en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Michoacán. Las policías comunitarias sustituirán a las policías municipales y serán financiadas con el presupuesto destinado para ellas al que se añadirá todo lo necesario para su equipamiento operativo. Se promoverán asambleas informativas de evaluación, emulación y destitución de los elementos nocivos que serán consignados penalmente si lo ameritan. Punto fundamental en estas asambleas será la denuncia precisa de los caciques locales y regionales a fin de promover la investigación de sus carreras delictivas que en muchos casos (Sosa Catalán en Hidalgo, Grupo Atlacomulco en el Estado de México, por ejemplo) vienen de tiempo atrás y han beneficiado con impunidad a no menos de cinco generaciones. En todos los reclusorios del país se hará una relación de presos sin procesar, con cargos de delitos no graves y con sentencias cumplidas, de primodelincuentes sin delitos graves, a fin de promover su liberación bajo vigilancia de las policías comunitarias. Sus fianzas serán pagadas con los bienes rescatados del crimen organizado, incluyendo los de los políticos venales. En las grandes ciudades, las organizaciones sociales serán la base para la construcción de esta práctica de seguridad. La Secretaría de Seguridad Nacional será sustituida por una Secretaría Ciudadana y Comunitaria de Seguridad Nacional sobre la base de la emulación de los mejores, que será investigada y difundida por el Instituto Nacional de Seguridad Pública que coordinará la discusión de esta problemática en los medios y en actos públicos.
3- La reforma fiscal irá a la par de la anulación del secreto bancario y financiero a fin de enlistar los movimientos de capital de los más poderosos a quienes se aplicará un tabulador de impuestos sin permitir fugas de capitales, triangulaciones financieras y exención de pagos por la vía de instituciones y eventos de aparente beneficencia social donde los más pobres cotizan para que los consorcios expropien sus aportaciones como si fueran de ellos. Bajo vigilancia de comités de trabajadores del campo y la ciudad, serán fijados los pagos por agua, energía eléctrica, usos de suelo y predial con la obligación de dar a conocer públicamente los tabuladores y atender en forma expedita las reclamaciones, todo lo cual anulará la exención de pagos y la donación de terrenos y servicios para los consorcios. Las propiedades suntuarias serán gravadas con un impuesto especial a partir de su extensión de más de 500 metros cuadrados, del número de servicios sanitarios y de la presencia de albercas y gimnasios. La extinción de dominio será programada y expuesta públicamente a fin de rematar las propiedades de los delincuentes en beneficio de un fondo para sus victimas y su descendencia. Los grandes consorcios hoteleros serán gravados con un impuesto para la conservación del ambiente y tendrán que repararlo con la vigilancia de comisiones de trabajadores del campo y la ciudad, pescadores, cuidadores de bosques y fuentes acuáticas y defensores del ambiente organizados quienes tendrán pleno apoyo legal para el cumplimiento de sus propósitos, lo cual incluye la consignación penal y el castigo de los corruptos.
4- La Ley de Cultura parece no ser prioritaria por lo que pudiera pasar desapercibida su aprobación ante la falta de representatividad de las comisiones respectivas de diputados y senadores. El gobierno insiste en orientarla hacia la sustentabilidad y, en concreto, la promoción turística que engendra reducción de la cultura a contratos y negocios de privilegiados. A cambio, los trabajadores de la cultura y los productores estéticos y científicos tendrían que organizarse más allá de intereses de gremio para participar en la organización de presupuestos, la desconexión con el contratismo empresarial y la industria del espectáculo, la preservación de sus memorias históricas con instalaciones y personal preparado, todo con la vigilancia de consejos electos en asambleas democráticas a fin de evitar nombramientos oficiales antojadizos de impreparados e improvisadas.
De estrategia integral habla Calderón. He aquí una muestra de cómo llevarla a la práctica sin reproducir los privilegios y la impunidad características de una clase mundial objetada por decenas de miles de indignados anticapitalistas en todas partes. Basta de programas mínimos y de alianzas oportunistas de espalda a las urgencias de solución profunda de la crisis.
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