No sorprenden los desatinos de Álvaro Castro, coordinador de asesores de una Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), hoy vocera de sectores financieros y patronales. Esa predisposición antiobrera no le permite aceptar la responsabilidad de patrón sustituto que tiene la Comisión Federal de Electricidad ante la extinción (insisto, inconstitucional) de Luz y Fuerza del Centro (LFC).
Aun en esa corriente jurídica que ha impuesto la extinción de esta empresa, las actividades de servicio eléctrico a la población no han cesado y este hecho elemental obliga, como derecho irrenunciable, a asumir la reincorporación de los trabajadores de LFC con todos sus derechos.
La historia ahora da cuenta que el cierre violento de LFC, el 10 de octubre de 2009, fue por presiones de empresarios, como aceptó Felipe Calderón (La Jornada, 13/10/09) y por el líder de la Concanaco, Mario Sánchez Ruiz (Reforma, 10-5-10); esto, más la notable ausencia de facultades constitucionales de Calderón para extinguir empresas públicas, mostraron ante la opinión pública una serie brutal de actos ilegales. Que esos hechos no trasciendan en el fallo de la Suprema Corte no habla de los intérpretes de la realidad, sino de su habilidad para ocultarla.
Nuestro apoyo a los agremiados del SME ha sido solidario porque su lucha es en defensa de la industria eléctrica nacional. Esto nunca lo entenderá el vocero Castro porque representa intereses contrarios a la nación.
Manuel Fuentes Muñiz, presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos
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