Historias del más acá
milenio
- 2010-11-06•Al Frente
Impunidad. Octubre de 2010. Foto: Javier García
Cada vez que el gobierno enfrenta una crítica sobre la estrategia, o la manera en que ha enfrentado el reto planteado por el crimen organizado, reacciona irritado, acusando a quienes la hacen de querer “abandonar la plaza”, “rendirse” o en su defecto preguntando retador si hay alguna otra manera que la fuerza bruta de enfrentar al enemigo.
Hay una trampa en la manera en que reacciona el gobierno federal, y es que generalmente circunscribe la discusión a los términos en los que él ha planteado la batalla: policías, balas y arrestos. Es en esa área, además, donde le gusta presumir sus logros. Detenidos, decomisos y arrestos. En ese contexto, la numeralia que caracteriza al sexenio es la de los muertos.
Pero el problema de la seguridad está íntimamente ligado al problema de la justicia. Y aunque el sexenio comenzó con una profunda reforma al sistema de justicia penal, hoy en día, tanto en los hechos como en el discurso, como en el presupuesto, parece estar olvidada.
Sabemos cuántos arrestos hay, pero no sabemos qué ha pasado con esos procesos judiciales. Los números que tenemos dicen que los juicios son pocos, y las sentencias menos. Sabemos que los arrestos tienen que ver con aparatos de inteligencia militar o de la policía federal, pero la Procuraduría, las procuradurías, parecen haber abandonado su obligación de investigación. Sabemos —y esto me parece una vergüenza nacional— que de los más de 28 mil homicidios producto de esta guerra, apenas en un infinitesimal número de casos hay una averiguación previa y mucho menos una investigación que resulte en un expediente suficiente para probar algo frente a un juez.
La mayor prueba es la confesión —arrancada quién sabe cómo— después del arresto. Los casos se desbaratan frente a los jueces. O los jueces, impunes, desbaratan los casos por razones inconfesables.
La Procuraduría General de la República, infiltrada hasta la médula los dos primeros años del sexenio, ha quedado reducida a sus mínimos frente a las policías y los militares. Es un anexo en la crónica de esta guerra.
La fuerza por encima de la justicia.
Y tal vez uno de los mayores problemas hoy y a futuro es que este debilitamiento de la Procuraduría —lenta, ineficiente, pequeña— no sólo afecta la lucha contra la delincuencia organizada, sino otras áreas de la justicia.
Un ejemplo de estos días, que no implica balas, ni droga, ni capos con simpáticos apodos, es el del presunto caso de corrupción en la Comisión Federal de Electricidad.
El de la probable responsabilidad de Néstor Moreno, hasta hace unas semanas director de Operaciones de la paraestatal, y un puñado de funcionarios más, es el más grave detectado en la “empresa de clase mundial” en muchos años; por el puesto que tenía el presunto corrupto y el tiempo que pasó inadvertido de comprobarse las acusaciones en su contra.
Pero el caso de Néstor Martínez es sobre todo ejemplo, hasta hoy, de la incapacidad de la PGR para investigar y procesar un caso.
Hace casi exactamente un año, un escueto boletín de prensa del Departamento de Justicia de Estados Unidos informó de la investigación contra la empresa ABB, sus intermediarias en México, y “varios funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad”.
Ese mismo día, la Comisión pidió a la PGR que, por su atribución legal, pidiera a las autoridades estadunidenses información de quiénes eran esos funcionarios y cuáles eran las acusaciones.
Nueve meses pasaron sin respuesta de la PGR. En agosto, un reportero del Houston Chronicle anunció a la CFE que al día siguiente publicaría una nota en que se involucraba a Martínez y otros funcionarios en fraudes millonarios con contratos de ABB y la paraestatal y quería una reacción. Ese día, Martínez fue separado de su cargo mediante licencia. Al día siguiente salió la nota en Estados Unidos. La CFE envió a PGR y Función Pública información de Moreno y los contratos aludidos en la investigación del FBI en Estados Unidos. El 14 de septiembre, sin averiguación previa abierta aún, Martínez fue destituido.
Unos días después, Galia García Palafox en W Radio dio a conocer detalles del caso y los nombres de al menos cuatro funcionarios mas involucrados en juicios en Estados Unidos. El modus operandi, los nombres de familiares y socios de Moreno y otros en los presuntos actos de corrupción, cifras y contratos.
En los días siguientes, con base en documentos obtenidos por el Congreso mexicano, sabemos de otras quejas contra Moreno desde hace diez años, que se quedaron incompletas, o inconclusas en la Procuraduría.
Al momento en que redacto estas líneas. La Procuraduría General de la República ni siquiera ha llamado a Néstor Moreno para tomarle una primera declaración.
¿Negligencia, ineficiencia, complicidad?
Impunidad.
El desastre de la justicia en México, con y sin balas.
