Lunes 01 de noviembre de 2010
EL UNIVERSAL
Cuatro masacres en una semana constituyen, a no dudarlo, una marca mundial del terror. Zozobra conforme se conocía la sumatoria: 14 jóvenes muertos en una fiesta de Ciudad Juárez; 13 dentro de un centro de rehabilitación de Tijuana; otros 15 en un servicio de lavado de coches en Tepic; seis más en Tepito y cuatro trabajadoras de la maquila, también en Juárez. Cincuenta y dos muertos a cargo de grupos armados que acribillan con absoluta impunidad. No hay un solo detenido. Y de ribete, cuando los propios jóvenes marchan contra la violencia, como lo hicieron la tarde del viernes los de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, su manifestación es reprimida y un estudiante baleado por dos policías federales.
En la lógica de Felipe Calderón y de los gobernadores César Duarte, de Chihuahua; José Guadalupe Osuna Millán, de Baja California; Ney González, de Nayarit, y Marcelo Ebrard, del DF, el doloroso desangramiento es consecuencia de los enfrentamientos entre bandas rivales de pandilleros y delincuentes o de éstos con policías y soldados, claro, con “algunos” muertos civiles que se dice quedaron en medio de los tiroteos y estuvieron en la hora y el lugar donde jamás debieron estar para no convertirse en lo que, sin la menor sensibilidad, las autoridades llaman “daños colaterales”. Pero el caso es que, contra toda lógica jurídica, los muertos de esta “guerra” sin sentido y fuera de control, son de entrada culpables hasta que se demuestre lo contrario, sin considerar que aunque lo fueran, sus muertes son crímenes que no deben quedar sin aclarar para que no queden sin castigo.
El vacío que abre la impunidad lo llena inevitablemente la suspicacia, de manera tal que si casi todos esos muertos son jóvenes de colonias populares, marginados o adictos, se piensa una deliberada operación de limpieza social o si los asesinos no son detenidos y no se confirma su pertenencia y la de sus víctimas a la delincuencia organizada, se imagina entonces la operación de grupos creados ex profeso para infundir terror.
Cualquiera de esas posibilidades —por sólo citar dos de las muchas que circulan en medio de esta zozobra— podría implicar la preparación del ánimo social para endurecer la violencia del Estado, para justificar incursiones armadas de Estados Unidos, para encaminar al país hacia situaciones de excepción que conculcan garantías individuales o, de plano, para romper el orden constitucional, declarar inviable el proceso sucesorio de 2012 y perpetuar al grupo en el poder. No hay disponibles datos sobre procesos jurídicos en marcha que deslinden responsabilidades y desplacen tales suspicacias.
Todas ellas, por lo demás, son señales de que se equivoca Calderón al centrar exclusivamente en la fuerza y las balas su estrategia antinarco. El problema sólo podrá “gobernarse” con políticas económicas y sociales que den educación y oportunidades de empleo a miles y miles de jóvenes que ahora sólo encuentran en los cárteles de la droga alternativas de supervivencia y futuro. De otra manera, seguirá y recrudecerá la violencia del narcotráfico, la de su combate y la asociada a ambos.
Instantáneas
1. CONSEJEROS. La designación de tres consejeros del IFE quedó atorada por pugnas al interior del PRI y del PAN. La diputada Beatriz Paredes, líder nacional del PRI, defiende la designación de la ex fiscal de delitos electorales Arely Gómez, en tanto que el gobernador del estado de México quiere la de Enrique Ochoa, quien fuera secretario particular de la hoy presidenta el Tribunal Electoral, María del Carmen Alanís. En tanto, la diputada Josefina Vázquez Mota, líder de la fracción parlamentaria del PAN, está que trina con el también legislador blanquiazul Javier Corral, a la sazón presidente de la Comisión de Gobernación, por no incluir en la lista de 17 finalistas a Max Kaizer, hombre muy ligado a ella y al aspirante a liderar Acción Nacional, Roberto Gil. Para enmendar el error propone al ex magistrado electoral Jacinto Silva, hombre cercano al Yunque. Pero Corral no quiere, pues está entre los que cree que hay que dejarle al menos una posición del alicaído PRD de Los Chuchos.
2. BLINDAJE. La mayoría del PRI en el Congreso de Oaxaca bateó el lunes a la Corte al aprobar nuevamente —sin reponer los procedimientos que el máximo tribunal consideró inconstitucional— el acuerdo que reforma la estructura de gobierno de esa soberanía y le da al partido con más asientos la prerrogativa de avalar la designación del auditor y procurador. Dicen que el PRI “blinda” así a Ulises Ruiz, quien dejará el gobierno el próximo 1 de diciembre.
