miércoles, 25 de julio de 2012

Unidad de Fiscalización buscará vínculos del tricolor con las tarjetas de Monex

Pretende además detectar el origen de los monederos electrónicos y quiénes los distribuyeron.
Detecta empresa diferente a la que dijo el PRI haber utilizado para pagar a su estructura partidista.


Alonso Urrutia y Fabiola Martínez
Periódico LA JORNADA
Miércoles 25 de julio de 2012, p. 7




El informe que la Unidad de Fiscalización rendirá mañana al Consejo General del Instituto Federal Electoral, relacionado con las quejas del PAN y el Movimiento Progresista sobre el presunto uso ilegal de monederos de Monex para financiar al PRI, destaca que entre sus líneas de investigación pretende detectar el origen de las tarjetas presentadas y el monto total del fondeo presuntamente ilegal.
Además busca identificar quiénes fueron los distribuidores de las tarjetas y los posibles vínculos con el tricolor y su candidato presidencial, Enrique Peña Nieto.
Por otro lado, fuera del informe, se supo que contrariamente a lo que ha mencionado el PRI acerca de que utilizó a la empresa Alkino SA de CV para el pago de su estructura partidista, como parte de su gasto ordinario, en las primeras indagatorias de la Unidad de Fiscalización ésta detectó otra empresa distinta –que no fue identificada– a la que confiesa el tricolor haber utilizado y, por tanto, se asocia a otros montos, derivados de la denuncia que en su momento promovió el PAN sobre el uso de los monederos Monex.
En el documento que se presentará a petición de los dirigentes nacionales del PAN, Gustavo Madero, y del PRD, Jesús Zambrano, la Unidad de Fiscalización señala que parte de la ruta de sus pesquisas involucra el uso y vinculación (de las tarjetas) con el proceso electoral, el partido político y el candidato Enrique Peña Nieto.
El informe no reporta detalles de la investigación, porque ésta es reservada.
La unidad reporta haber realizado 341 diligencias relacionadas con el caso Monex, que le permitirán esclarecer los hechos investigados y, posteriormente, determinar las presuntas infracciones que pudiesen haber cometido los partidos políticos, coaliciones o candidatos.
Entre las diligencias realizadas destacan: 15 relacionadas con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, dos con el Servicio de Administración Tributaria, dos con el PRI, 302 en consejos distritales y una con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.

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