16 junio 2013
Martín Esparza
A
de que en los primeros 6 meses de gobierno la persistencia en la
aplicación del modelo neoliberal ha estacando la economía, ha desplomado
la generación de empleo y empobrecido a millones de mexicanos con el
alza de la canasta básica, la energía eléctrica, el gas doméstico y las
gasolinas, los nuevos tecnócratas –como el actual secretario de Hacienda
y Crédito Público, Luis Videgaray– insisten en alentar la reforma
energética que, a su parecer, contribuirá a abaratar las tarifas
eléctricas bajo el sofisma de que al existir una mayor participación de
empresas privadas en el sector habrá mejores precios. Argumento similar
al esgrimido para abrir las puertas de la privatización en Petróleos
Mexicanos (Pemex).
Es
por ello oportuno y conveniente recordarle a la actual tecnocracia,
incrustada en la administración de Enrique Peña Nieto, algunas lecciones
de la historia del pasado siglo en que el país debió remontar una dura
cuesta en aras de nacionalizar los recursos naturales y energéticos que
Porfirio Díaz entregó a las empresas extranjeras y que representaron un
muy alto costo social y económico al desarrollo de México.
Desde
que en 1880 se encendieron en la calle de Plateros (hoy Madero) las
primeras bombillas eléctricas, pequeñas empresas productoras de
electricidad hicieron paulatinamente su aparición en el escenario de las
principales ciudades como Guadalajara, Monterrey, Veracruz, Mérida y,
evidentemente, la Ciudad de México.
Pero
fue a raíz de la llegada al país, en 1902, de la empresa canadiense
Mexican Ligth and Power Company (Mexligth) que nació uno de los
monopolios más rentables para los extranjeros, apadrinado al igual que
las compañías mineras y petroleras de capital foráneo por el entonces
presidente Porfirio Díaz, quien en la mayor de las irresponsabilidades
históricas les entregó el manejo de nuestros recursos naturales y
energéticos a precio de ganga.
A
sólo 3 años de su fundación, la Mexligth ya controlaba a las empresas
Compañía Mexicana de Electricidad, Compañía Mexicana de Gas y Luz
Eléctrica y Compañía Exploradora de las Fuerzas Eléctricas de San
Ildefonso. Y por si fuera poco, en 1906, la poderosa trasnacional obtuvo
nuevas concesiones del gobierno de Porfirio Díaz y de las autoridades
locales de Puebla, Hidalgo, Estado de México y Michoacán. Sobra decir
que en esos años y con la manga ancha del dictador, la Mexlight contaba
ya en la primera década del siglo XX con una poderosa filial,
México-Trainways, la compañía de tranvías eléctricos de la Ciudad de
México. En pocos años, el naciente monopolio se había encargado ya de
liquidar a las pequeñas firmas locales, avanzando como voraz pulpo en la
reproducción de sus tentáculos.
Además,
las firmas extranjeras no tenían de qué preocuparse, pues en su erróneo
sentido por “modernizar” al país, Díaz les había otorgado concesiones
de 50 y 97 años de explotación a su favor no sólo en el área de la
generación de electricidad, sino en las explotaciones de los recursos
mineros y petroleros. Por citar un ejemplo de cómo se dilapidaban
nuestros recursos naturales, el 24 de marzo de 1903, la Mexican Ligth
obtuvo la concesión para explotar en su totalidad los ríos Necaxa,
Tenango y Xaltepuxtla. El entonces presidente no estaba modernizando de
forma alguna al país, sino entregando en bandeja de oro la dependencia
económica al capital extranjero.
Por
supuesto que tanto la electricidad como el servicio de los tranvías no
eran nada baratos y la población que escasamente tenía acceso a los
mismos debía pagar
altas tarifas y soportar la imposición de arbitrarios aumentos; en
sentido opuesto, el monopolio trasnacional pagaba sueldos de hambre a
sus trabajadores, al tiempo que los obligaba a laborar en jornadas de
más de 8 horas, en condiciones de inseguridad y sin el menor derecho a
una indemnización en caso de accidentes.
Condiciones
similares de injusticia fueron las que motivaron años atrás, en 1906 y
1907, las huelgas de Cananea y Río Blanco donde fueron masacrados
cientos de obreros por exigir sus derechos.
Fue
esta injusta relación laboral la que motivó el surgimiento de gremios
como el de los tranviarios y los electricistas, lo que dio como
resultado el nacimiento del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME),
en diciembre de 1914, ante los abusos cometidos por la Mexican Ligth y
sus filiales, y que 1 año después, en 1915, conllevara a la consumación
de la histórica huelga que abrió las puertas de la legítima lucha obrera
en el país y –más tarde, en el Constituyente de 1917– representara una
de las fuerzas sociales que alentaron la consumación de las conquistas
de la clase trabajadora en el Artículo 123.
No
obstante el triunfo de la Revolución y la promulgación de la nueva
Carta Magna, el monopolio de la electricidad controlado en la década de
1920 –dominado además de la Mexlight, por la American and Foreign Power–
llegó a tales excesos como el obligar a la ciudadanía a pagar altas
tarifas por un deficiente servicio –algo similar a lo que ocurre hoy con
la Comisión Federal de Electricidad (CFE)–, que al entonces presidente
Álvaro Obregón no le quedó otra salida que crear, en 1923, la Comisión
para el Fomento y Control de la Industria y Generación de la Fuerza
Eléctrica, con lo cual trató de corregir los excesos prohijados por los
permisos y concesiones de Díaz, así como restringir, en la medida de lo
posible, sus excesivas ganancias.
Pero
la medida no fue suficiente para acabar con los abusos de las ya
entonces poderosas e intocables trasnacionales, y el 30 de abril de
1926, cuando era presidente Plutarco Elías Calles, se expidió el Código
Nacional Eléctrico que permitió por primera vez al gobierno controlar
las concesiones y establecer los requisitos técnicos para la
construcción, el manejo y la conservación de las empresas eléctricas.
También,
se operó la reforma al Artículo 73 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, que otorgó al Congreso la facultad de legislar
en materia de electricidad, declarando a la industria eléctrica de
utilidad pública, así como la exclusiva jurisdicción del poder federal
en la reglamentación, regulación y vigilancia de la generación de
energía por medios industriales. Además, por primera vez, reguló, en la
medida de lo posible, las tarifas y obligó a las empresas generadoras a
firmar contratos de suministro con los consumidores.
No
obstante las nuevas reglamentaciones, el monopolio siguió haciendo lo
que le venía en gana al grado de que en 1933 –y también como hoy
sucede–, los consumidores de todo el país se organizaron para presionar a
las autoridades a tomar medidas más drásticas contra los ya desmedidos e
imparables abusos de ambas empresas extranjeras. Fue así que el
gobierno de Abelardo L Rodríguez envió al Congreso el 2 de diciembre de
ese año una iniciativa para dar facultades al Ejecutivo para la creación
de la Comisión Federal de Electricidad, misma que fue aprobada en 20 de
enero de 1934, pero que no se concretaría sino 3 años después, ya en el
gobierno nacionalista del general Lázaro Cárdenas.
No hay comentarios :
Publicar un comentario