Miércoles 27 de octubre de 2010
el universal
La exigencia, que incluye la intervención de la ONU y de la CIDH, fue hecha el lunes por nueve organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos, en medio de la conmoción, desesperación y tristeza provocadas por dos nuevos asesinatos masivos de jóvenes de entre los 12 y los 23 años, en las fronterizas Ciudad Juárez y Tijuana.
La noche del 22 de octubre en Juárez, un grupo armado —también de jovencitos de no más de 23 años, según declararon testigos— irrumpió a una fiesta y a ráfaga de metralleta acribilló a 14 muchachos y dejó mal heridos a 12 más. Se dijo al día siguiente que los matones encapuchados iban tras un malandrín apodado El Ratón y la atención oficial se centró en saber quién era y dónde estaba, en lugar de intensificar la búsqueda y captura de los asesinos.
No era, por cierto, la primera masacre de este tipo ocurrida en esa ciudad fronteriza. Un horror similar ya se había vivido el 31 de enero anterior, en otra colonia popular donde adolescentes participaban en otra fiesta. Fueron entonces 15 los muertos y los cadáveres todavía estaban calientes cuando Felipe Calderón dijo que una parte de ellos eran delincuentes. Tuvo que rectificar, ir a Juárez a ofrecer una disculpa y aguantar el repudio de deudos y pobladores, pero de ahí se agarró para echar a andar una serie de programas sociales cuyo anuncio, con bombo y platillo, hizo coincidir con la etapa más intensa de la campaña electoral por el gobierno de Chihuahua.
Ciudad Juárez está convertida en una gigantesca tumba de menores de edad y adolescentes, mil 200 hasta septiembre pasado, según el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria. No solamente por el asesinato masivo de inocentes en fiestas y reuniones, también por los tiroteos entre cárteles y de éstos con militares y policías, así como las matanzas en centros de rehabilitación de adictos, práctica que, por si algo faltara, se reprodujo en Tijuana el domingo pasado. Ahí fueron 13 los acribillados y dicen que como consecuencia de una venganza por el decomiso de más de cien toneladas de mariguana.
Parece ya una violencia dirigida contra los jóvenes, preferiblemente los marginados, los que buscan cada vez con menos posibilidades escuelas o empleo y los que se enrolan en la drogadicción ya sea por la desesperanza, ya sea porque ven en el narcotráfico la única oportunidad de salir adelante.
Pero Calderón no se conmueve y repite hasta la saciedad que la guerra contra el narcotráfico “es un camino largo, quizás sin muchos resultados en el corto plazo o, por lo menos no espectaculares; pero sí es un camino eficaz y además es el único que hay” (¿?).
Subyace en esa declaración y en las respuestas dadas por estos crímenes, una lógica perversa denunciada por las ONG: el mensaje oficial es que esos jóvenes muertos son delincuentes y se están matando entre sí, de manera tal que no debemos inquietarnos ni preocuparnos por este desangramiento nacional ya que quienes han muerto, a juicio del gobierno, son puros delincuentes. Por eso le dan la vuelta al asesinato por error, este mismo fin de semana en Saltillo, de una mujer y sus dos hijos, o el de los dos estudiantes del Tec de Monterrey, o el de los hermanos que viajaban con sus padres a Matamoros o el del padre e hijo acribillados por el Ejército por rebasar a un convoy militar en Nuevo León.
¿Es o no una política de muerte la que prevalece en las ciudades del norte del país? ¿Es o no un genocidio de jóvenes el que ocurre en Ciudad Juárez? A amplios sectores de la sociedad civil les parece que sí.
Instantáneas
CORRUPCIÓN. No parece preocuparle mucho a la Secretaría de la Función Pública que Transparencia Internacional haya colocado a México en el lugar 98 de corrupción de una lista de 178 países. La dependencia está obligada, entre otras cosas, a que funcionarios corruptos paguen al SAT las sanciones que les impone. Pero el SAT asegura que no ha recibido la instrucción de cobrar sanciones por 43 mil millones de pesos impuestas a 618 funcionarios públicos. Sanciones, por cierto, que ya causaron estado, es decir, respecto a las cuales ya no hay recurso de apelación de la parte sancionada.
