Humberto Musacchio
sur Acapulco
María Elena Guerrero Escamilla era cajera en la Comisión Federal de Electricidad. Hace poco más de tres años observó que alguien empleaba su computadora y su password para hacer indebidos movimientos de dinero hasta por 300 millones de pesos en beneficio de diversas personas. Comunicó el hecho a sus superiores y paralelamente puso una denuncia ante el Ministerio Público, no obstante lo cual fue acusada del fraude que ella misma denunció y desde entonces se halla recluida en la prisión de Santa Marta Acatitla, mientras los responsables y beneficiarios de las transferencias continúan disfrutando de libertad y del dinero robado, pese a que se sabe a qué cuentas se movió lo sustraído.
El 16 de agosto del año en curso, el gobierno mexicano dizque abrió una investigación sobre corruptelas ocurridas en la CFE, principalmente. La finta se hizo después de que en Estados Unidos ¡diez meses antes! fueran sometidos a juicio dos mexicanos que habrían entregado sobornos a funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad para que beneficiaran a la empresa californiana Azusa con un contrato de plantas de emergencia.
Los funcionarios señalados son Néstor Moreno Díaz y su antecesor en la Dirección de Operación de la CFE, Arturo Hernández. En especial, se acusa a Moreno Díaz de haber recibido un yate con valor cercano a 2 millones de dólares y un automóvil Ferrari que cuesta 300 mil dólares, así como 170 mil dólares en una tarjeta y otros pagos por 600 mil dólares.
La pachorra con que han procedido en este caso las autoridades judiciales intentó justificarla el señor Salvador Vega, secretario de la Función Pública, quien el 30 de septiembre declaró que la investigación se abrió el 16 de agosto porque “oficialmente no teníamos nada, tampoco de manera extraoficial”, dijo el desinformado funcionario.
Lo curioso es que había antecedentes graves. El diputado priísta César Augusto Santiago y el ex legislador Cuauhtémoc Velasco informaron al diario Reforma (18/X/2010) que en 1998 la Secretaría de la Contraloría “dispuso la destitución e inhabilitación de Moreno Díaz por diez años, pero sólo fue separado un mes”. En 2000, el apoderado para pleitos y cobranzas de la CFE presentó ante la Procuraduría General de la República una denuncia de hechos en la que se involucraba al funcionario indiciado en un ilegal préstamo de materiales a la empresa Grupo Apycsa por 16 millones y pico, mientras que otro expediente refería la responsabilidad de Moreno Díaz en un pedido a la empresa SENSA de equipos que nunca funcionaron.
El 23 de octubre, Alfredo Elías Ayub informó que se había solicitado a la PGR la lista con los nombres de los involucrados en actos de corrupción con las transnacionales ABB y Lindsey, relacionadas con el caso de Moreno Díaz, quien ya renunció a su cargo, pero sigue disfrutando de libertad y gastando con largueza. Mientras tanto, declina la generación de energía por parte de la CFE y aumenta la producción eléctrica de empresas privadas, en su mayoría extranjeras.
Ante todos estos hechos, resulta más que sospechosa la prisa del Ejecutivo federal por desaparecer la Compañía de Luz y Fuerza y aplastar al Sindicato Mexicano de Electricistas. Todo indica que se pretende dejar manos libres al enriquecimiento de algunos sinvergüenzas y se propician las sospechas de que la corrupción salpica hacia arriba. Se trata de desmantelar mediante la rapiña una empresa pública, la CFE, antes de dejarla en completa ruina, desplazada por el favoritismo hacia las transnacionales. ¿O no?
