Raúl Rodríguez Cortés el universal
Esta semana será crucial para el salvamento de Mexicana de Aviación, coinciden sus trabajadores, los eventuales compradores de la aerolínea y las autoridades del Trabajo y Comunicaciones y Transportes. Lo que no queda muy claro es por qué Javier Lozano Alarcón y Juan Molinar Horcasitas parecen respaldar al grupo de inversionistas que menos favorece a los trabajadores.
Dos son los grupos privados que pujan por adquirir la quebrada aerolínea: TG Group y PC Capital. El primero plantea conservar 80% de la planta laboral y el segundo sólo 20%. Por esa razón, el primero cuenta desde ya con el respaldo de los trabajadores de tierra, una carta de intención favorable de parte de los pilotos y el ofrecimiento de los sobrecargos de resolver hoy en asamblea. Pero el segundo recibió desde el viernes pasado la bendición de Lozano Alarcón, y con él la de Molinar Horcaditas, al considerar la suya la propuesta más viable.
Ayer hablé en Foro TV-Canal 4 con Jorge Luis Moya, representante legal de TG Group y con Miguel Ángel Yudico, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Transportes, Transformación, Aviación, Servicios y Similares (SNTTTASS).
Moya, quien durante muchos años fuera director en México del consorcio centroamericano TACA, explicó que TG Group es un consorcio de inversionistas mexicanos con líneas de negocios en el sector de hidrocarburos. Se trata de empresarios gasolineros, transportistas y navieros que tienen diversos contratos con Pemex y que encabeza Juan Carlos Torres. No mencionó los nombres de todos los inversionistas con el argumento de que al entrar en negociaciones para la compra de Mexicana se firmó un acuerdo de confidencialidad.
TG Group plantea una inversión inicial de más de mil 500 millones de pesos, la fusión en una sola aerolínea de Mexicana con las de bajo costo Mexicana Click y Link; el uso de una flota de 62 aviones (47 de Mexicana y Mexicana Link) y 15 de Click; el regreso al trabajo de 80% de la planta laboral; la capitalización del pasivo laboral, esto es, la conversión de liquidaciones y otros beneficios laborales hasta por 40% de las acciones de la nueva aerolínea; y la reanudación de operaciones aéreas la primera semana de diciembre.
Miguel Ángel Yudico, líder del SNTTTASS, explicó que esta propuesta permitiría que de 2 mil 500 trabajadores, 2 mil conservaran su empleo, que la oferta de capitalizar el pasivo laboral ha recibido una buena acogida entre sus agremiados y que éstos ya están desesperados después de dos meses y medio de no obtener retribución alguna. Dijo que la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), con la representación de Héctor Cuauhtémoc García, secretario de Trabajo y Conflictos, firmó una carta de intención favorable a la propuesta el 31 de octubre pasado y que la Asociación Sindical de Sobrecargos e Aviación (ASSA) resolvería en asamblea en el transcurso de las próximas horas.
PC Capital, asesora de inversión dirigida por Pablo Coballasi, respalda a un grupo de inversionistas representados por Arturo Barahona, quien fuera integrante del Consejo de Administración de Mexicana de Aviación. El acuerdo de confidencialidad también les impide dar los nombres de los inversionistas que conforman el grupo, aunque se sabe que incluye a algunos de los socios salientes de IXE (banco que será adquirido por BANORTE) como Iñaqui de Abiega.
La propuesta de PC Capital sólo salvaría a 20% de la planta laboral, esto es, se quedarían sin trabajo 2 mil trabajadores de tierra, 800 pilotos, mil 300 sobrecargos y 800 empleados de confianza. El secretario del Trabajo, Lozano Alarcón, dijo que haría todo lo que estuviera a su alcance para que fueran recontratados. ¡Ajá! Seguramente, igual que los electricistas de Luz y Fuerza del Centro.
La inversión inicial de PC Capital sería, igualmente, poco mayor a los mil 500 millones de pesos y recurre, según pudimos indagar, a la teta presupuestal. Buena parte de los recursos los pondrían los sindicatos de tierra, pilotos y sobrecargos, pues sólo se les pagaría a los trabajadores 17% del total de sus liquidaciones, estimadas en 5 mil 700 millones de pesos, 5% en acciones y el resto en un bono a siete años. Además, se le solicita al Sistema de Administración Tributaria diferir por siete años el pago del impuesto sobre la renta de esas liquidaciones (unos mil 200 millones de pesos); y al Banco Nacional de Comercio Exterior que le capitalicen 200 millones de dólares y algunas deudas en combustible y servicios aeroportuarios.
